Durante los últimos años se ha venido utilizando el término gobernanza como un modelo a seguir para la implementación de las distintas políticas públicas emprendidas por diferentes gobiernos; con ello se pretende partir del hecho de que nuestra transición a la democracia ha culminado y nos encontramos ya en las condiciones propicias para conciliar a la ciudadanía con las instituciones en una alianza que permita superar los múltiples retos que como generación tenemos enfrente. Este análisis parte de la lógica a partir de la cual la definición de quién dirige y decide lo es todo en democracia, cuestión por demás minimalista, cuando no falsa. No son las elecciones hoy el método que la ciudadanía reclama para dar legitimidad a sus gobiernos, sino la calidad en que se ejerce el poder otorgado.
La gobernanza, definida en términos mínimos como una correlación entre Estado, mercado y sociedad, con todo y sus grupos de interés inmersos en los tres, que, mediante instituciones y valores, posibilitan la colaboración y corresponsabilidad en el ámbito de lo público, para beneficio, tanto colectivo, como particular. Entre las instituciones y valores que conforman los requisitos para que tal correlación se dé, está, de acuerdo al Banco Mundial el imperio de la ley (Estado de derecho), lucha contra la corrupción, transparencia en las operaciones y rendición de cuentas, capacidad técnica y política del gobierno para diseñar e implementar políticas públicas de bienestar.
Es claro que estamos hablando de una serie de pre requisitos, fundamentalmente en manos del Estado, pero también de una serie de características que debe gozar la sociedad para tener una participación sustancial de la mejora de estas condiciones y la colaboración para el bienestar colectivo, pasando por el respeto y promoción de los intereses que cada grupo pueda legítimamente tener.
Luego entonces ¿podemos hablar de gobernanza en México? En algunas zonas de nuestra vida pública (en crecimiento) sí, por ejemplo en la lucha contra la corrupción, un amplio sector de organizaciones sociales se ha volcado a buscar mejores condiciones jurídicas, institucionales e incluso de ética social, para combatir este mal, identificado como el cáncer de México. Sin embargo, en este mismo ejemplo, cuando pareciera que la sociedad ha logrado dotarse de los elementos requeridos para la formación de un diálogo y colaboración en clave gobernanza, ha sido el Estado el que ha resultado incapaz de adaptarse a esta nueva realidad, en la que sus actores dejan el centro para sentarse a una mesa entre iguales. Los recientes desencuentros en torno al Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción con el Senado de la República, y el Comité de Acompañamiento Ciudadano para nombrar al Fiscal Anticorrupción, así lo demuestran.
Por ello mismo, es que es necesario que, ante la novedosa posibilidad de gobernar a través del modelo de gobernanza, es necesario que nos sentemos a realizar un análisis minucioso, exigente y veraz, sobre las condiciones que presentan los elementos indispensables para que dicha intención no culmine en decepciones, desencuentros y confrontaciones, que lejos de fortalecer la deliberación y proximidad entre Estado, mercado y sociedad, los lleven al distanciamiento que provoque años de retraso en la ya necesaria y urgente, colaboración y corresponsabilidad de nuestros complejos problemas públicos.
Partamos entonces de que la democracia, entendida solo como la selección representantes vía proceso electoral competitivo, no basta para tiempos de “modernidad líquida” (en clara referencia a Bauman), y que es cada vez más, lo que se conoce como gobernar por políticas públicas, lo que dará legitimidad a nuestros gobiernos y sus actores (incluyendo en este concepto a los tres poderes y organismos constitucionales autónomos que gravitan en la órbita de éstos).
@CarlosETorres_
