■ Se vigila al sujeto en cuestión por parte de la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca)
■ El “efecto más productivo” tiene que ver con la posibilidad de vigilar constantemente a un imputado que sigue su proceso en libertad, explica juez
Aunque desde el año 2009 en Zacatecas existe la posibilidad de colocar el brazalete electrónico a un imputado, apenas hace 15 días se dictó por primera vez en el estado esta medida cautelar y, en las dos semanas transcurridas, está siendo efectiva.
El juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Adrián Rodríguez Rodríguez, explicó que se trata de un caso de violencia familiar en el que había agresiones verbales por parte del padre, además de que se demostraron “comportamientos que afectaban la salud mental de la familia por ingerir psicotrópicos o inhalar sustancias” frente a su esposa e hijos.
En un primer momento, explicó, las medidas cautelares que se le impusieron para que continuara su proceso en libertad fueron la prohibición de que se acercara a la víctima o la amenazara, así como la obligación de que abandonara el domicilio familiar.
Estas medidas de protección para la familia fueron violadas por el imputado e, inclusive, éste no acudió al juzgado el día en el que se llevaría a cabo la audiencia inicial del proceso. Por todo esto, precisó, tuvo que girarse una nueva orden de aprehensión para volver a presentar al imputado ante el juez de control y, cuando pudo hacerse, se determinó el cambio de las medidas cautelares.
Fue en ese momento cuando se determinó la necesidad de colocarle el brazalete electrónico, ya que “se consideró que la prisión preventiva podía ser excesiva” debido a que existe la otra alternativa y también teniendo en cuenta que él es el sustento económico de la familia.
Ahora, el imputado enfrenta el proceso en libertad, pero no puede ingresar a Guadalupe. Han pasado 15 días, expuso Rodríguez Rodríguez, y no se han tenido noticias de que el mecanismo haya advertido una violación a las prohibiciones o de que la víctima haya reportado alguna irregularidad.
El juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento aseguró que la consecuencia “más fuerte” de que esta medida cautelar comience a aplicarse con mayor frecuencia no es la no saturación de los penales.
Consideró que el “efecto más productivo” tiene que ver con la posibilidad de vigilar constantemente a un imputado que está siguiendo su proceso en libertad, lo que supone en primer término “que le respetamos su presunción de inocencia”.
La vigilancia, a cargo de la Umeca
El brazalete electrónico es similar a una pulsera que puede ir colocada en la muñeca o en el tobillo. Es “estética”, puntualizó el juez, para evitar que llame la atención y el imputado sea estigmatizado y discriminado.
Este dispositivo sirve para “monitorear minuto a minuto los movimientos que realiza la persona que está enfrentando el proceso penal, a través del sistema satelital”, de forma que la información se recibe en el centro de control desde el que se vigila al sujeto en cuestión por parte de los integrantes de la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca).
Esta instancia depende directamente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y es la encargada de realizar una evaluación técnica al momento de que en el juicio esté discutiéndose la posibilidad de dictar esta medida cautelar.
Rodríguez Rodríguez explicó que el análisis previo es necesario para determinar la viabilidad de esta opción, ya que “necesitamos que tenga un domicilio fijo con electricidad y debe estar establecido en un área donde haya localización satelital porque nos permite no perder la intercomunicación”.
En caso de que el imputado se acerque a la zona que tenga restringida, el brazalete comenzará a emitir una alerta, al igual que si el dispositivo está próximo a descargarse. Si hace caso omiso de la alerta, la Umeca pide apoyo al juez para que se dé aviso al C-4 y las corporaciones policiacas puedan trasladarse a la ubicación del portador del dispositivo.
El juez precisó que este brazalete electrónico puede ser utilizado para cualquier delito, excepto aquellos considerados de mayor impacto como el homicidio, el secuestro, la violación, delincuencia organizada, trata de personas y otros como los cometidos en contra de la seguridad de la nación o del libre desarrollo de la personalidad y la salud.
Asimismo, tampoco cabe su uso en los ilícitos que se hayan cometido con medios violentos como armas o explosivos. En todos estos casos, la única medida cautelar que puede aplicarse es la prisión preventiva.
