■ Se centrará en número de redes de corrupción que se desmantelen anualmente
La novedad del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es el cambio en los indicadores de desempeño, ahora no centrados en amonestaciones o faltas administrativas, sino en el número de redes de corrupción que se desmantelen anualmente, dijo Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana.
Como otro agregado novedoso, aludió al Comité de Participación Ciudadana que tendrá como tarea presidir al Sistema Nacional Anticorrupción.
“¿Cuál es la novedad?, que se van a tener que sentar en una mesa que presiden los ciudadanos”.
Expuso que la sociedad ya cambió y entendió que las raíces de los problemas del país son la impunidad y la corrupción, ante las que, para su erradicación ya no puede creerse en la “voluntad política” sino en la construcción de sistemas que las impidan.
Bohórquez ofreció la conferencia Sistema Nacional de Transparencia y las Leyes en la Materia, en el contexto de la celebración del primer aniversario del Instituto Zacatecano de Acceso a La Transparencia (IZAI) y la ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
“Ahora sabemos más pero no pasa nada”, dijo para referir que en los últimos años se ha avanzado en el tema de transparencia “que permite muchas cosas pero no es el final del camino”, pues se puede ser muy transparente y muy deshonesto.
Aquí refirió el caso de Veracruz bajo el mandato de Javier Duarte, y expuso que aquella entidad ocupó los primeros lugares en índices de transparencia presupuestal, “era transparente al grado del cinismo”, pero eran contratos con empresas fantasmas.
En adelante, expuso, ya que se ha confundido transparencia con integridad, no siendo lo mismo, van a escuchar de una agenda TAI (Transparencia, Anticorrupción e Impunidad cero) que tendrá como eje, justo al Sistema Nacional Anticorrupción.
Dijo además sobre el SNA, en el que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) tiene un asiento, que el organismo desde este espacio habrá de diseñar políticas proactivas, pues aunque no tiene facultades para la investigación, sí puede instar al gobierno, por ejemplo, para exhibir los contratos con Odebrecht, la empresa brasileña que se ha comprobado ya mediante un juicio celebrado en Nueva York, que sobornó a funcionarios mexicanos, como lo hizo en otros países de Latinoamérica.
Subrayó que la corrupción se hace siempre en redes y que el SNA pretende acabar con la simulación de su combate al capturar solo a un funcionario, el más vistoso, sino que se dirigirá a quienes actuaron, encubrieron o fueron omisos en denunciarla o la protegieron en red.
Para desmantelar estas redes se requerirá cerrarle las puertas y ventanas por las que se introdujeron para cometer los actos de corrupción y por tanto, será necesario “controlar nuestros congresos”, que 70 por ciento de los mexicanos que votaron en las pasadas elecciones consideran no los representan, ya que los legisladores les han dado la espalda al permitir también la simulación en la fiscalización de los recursos.
Bohórquez también instó a la sociedad a tener un comportamiento maduro y construir “islas de integridad”, sistemas que cierren el paso a la corrupción y la impunidad.
Dijo que es necesario abordar para su discusión temas de la vida pública, como son las concesiones o las licitaciones, pero también “cerrarlos”, pues en el caso de la polémica por los altos salarios y estímulos de los funcionarios en México, la discusión lleva ya 30 años en el debate público sin que se concrete una solución que no los constituya como un privilegio pero tampoco como una pérdida de derechos. Al respecto propuso que puede crearse una comisión independiente para analizarlos, en este balance.
En su intervención, Norma Julieta del Río, titular del Instituto Zacatecano de Acceso a Información, refirió la transformación hace un año de la CEAIP en IZAI, contextualizada en la armonización local con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que implicó la reforma en su artículo 29, de la Constitución del Estado de Zacatecas. Dijo que ha habido avances y aseveró que no hay duda respecto de que el IZAI es un órgano garante e imparcial.
Informó asimismo de la celebración posterior a la conferencia de Eduardo Bohórquez, de un taller-capacitación en materia de Protección de Datos Personales a los funcionarios integrados a las 140 unidades de Transparencia que se constituyen como sujetos obligados.
Sistema Estatal Anticorrupción
Bohórquez precisó en conferencia de prensa, que la fecha límite para actualizar los marcos normativos de la primera etapa de la reforma constitucional en que se inscribe la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en los estados, es el día 18 de julio próximo.
Las entidades que aún no han iniciado con este proceso de armonización legal son Chihuahua, Tabasco y Campeche, y los restantes en general lo han hecho con un déficit, sus procedimientos para la construcción de los sistemas locales no se han apegado al parlamento abierto.
“Creo que es muy sano que la construcción del marco jurídico en materia anticorrupción se haga de cara o de la mano de la ciudadanía porque se apropian entonces los ciudadanos de estos instrumentos y no lo ven como una imposición de parte del congreso federal o locales”, agregó.
Puntualizó que quienes han iniciado estos procesos tienen deficiencias en cómo se han negociado las leyes, tema importante porque implica devolverle a la sociedad la oportunidad de co-construir con sus legisladores los marcos jurídicos.
Se ha detectado también el desapego a la legalidad en la composición de los comités coordinadores a nivel estatal, a veces propuestos por ocho o seis miembros, por lo que se arriesgan a una acción de inconstitucionalidad en tanto que el número especificado, siete, está propuesto para que haya la posibilidad de un voto de calidad, y no haya estancamiento en las decisiones.
Otro asunto que ha sido “un dolor de cabeza”, es que no están permitiendo que sea un comité de selección independiente de las legislaturas quien identifique a los cinco ciudadanos que encabezarán el Sistema Estatal Anticorrupción, además de que no todas las entidades tienen Procuradurías o Fiscalías de Justicia autónomas, por lo que ha habido una discusión acerca de aprovechar este proceso de construcción de los sistemas estatales anticorrupción para hacerlo, pues de ellas dependerán a su vez las fiscalías anticorrupción, misma que tendrá valor, en tanto su especialización y su independencia política, porque “tendrá que actuar no solo contra funcionarios públicos sino contra particulares”.
