■ En el estado 67 personas fueron obligadas a abandonar su residencia en 2016, a causa de la actividad extractiva
■ Son datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)
Zacatecas se encuentra en el listado de los 12 estados en el país que sufrieron eventos de desplazamientos forzados internos de personas durante el año pasado. La causa: la actividad extractiva.
El “desarrollo económico” del que habla el discurso oficial en torno a la industria minera en el estado fue, por tanto, el motivo por el que 67 personas fueron forzadas a abandonar su lugar de residencia en 2016.
Así lo reporta la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), en el Informe sobre Desplazamiento Interno Forzado en México que se presentó la semana pasada.
En la definición de desplazamiento interno, el organismo retoma los escritos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y expone que se refiere a “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no ha cruzado la frontera estatal internacionalmente reconocida”.
Cuando estos movimientos se dan de manera individual o “gota a gota” suelen ser “invisibles” y se refieren a los desplazamientos de núcleos familiares pequeños. Los desplazamientos masivos, por su parte, son aquellos que involucran a 10 o más núcleos familiares que abandonan su lugar de residencia por la misma razón.
Este último tipo, precisa el estudio, “tiende a tener lugar después de un ataque dirigido hacia los habitantes de una comunidad”. El desplazamiento masivo, precisamente, es la categoría en la que se enmarca el evento de Zacatecas, del que no se aportan detalles acerca del nombre de la comunidad afectada.
No obstante, cabe recordar que por la actividad minera no son uno, sino varios los casos de desplazamientos de comunidades que podrían encuadrarse en este señalamiento de la CMDPDH y que han sido ampliamente denunciados por los propios afectados.
Por ejemplo, está la situación vivida en la comunidad de Salaverna, del municipio de Mazapil, en la que opera Grupo Frisco, con la unidad minera Frisco-Tayahua, que es propiedad del multimillonario Carlos Slim.
Los habitantes de esta población han reportado en numerosas ocasiones las prácticas que advierten en la empresa para forzarlos a abandonar sus casas; al inicio fue a través de despidos de los trabajadores que residían en la localidad y, después, mediante lo que ellos han calificado como “terrorismo” por consistir en dirigir las explosiones del subsuelo a la zona habitada, para generar fracturas y condiciones de riesgo que los orillen a huir para salvaguardar sus vidas ante los derrumbes y hundimientos que se han producido.
Otro caso es el de los habitantes de la comunidad La Colorada, en el municipio de Chalchuhuites, y en la que opera una mina la empresa norteamericana Argentum Panamericana S.A. de C.V., la cual a inicios de este 2017 notificó a los habitantes de la localidad la necesidad de desalojar las viviendas.
Éstos no son los únicos conflictos entre compañías mineras y habitantes del estado. Tan sólo son dos de los que han estado más vigentes y en lucha por parte de los pobladores en los últimos años y meses.
Algunos de los aspectos en común de los pobladores de estas dos comunidades, Salaverna y La Colorada, son los escasos recursos de las familias y la actividad principalmente agrícola a la que se dedican. Estos elementos son dos de los que se señalan en el informe referido como características de las víctimas de desplazamiento.
Las 67 personas desplazadas de Zacatecas se suman a las de las otras 11 entidades en las que se detectaron movimientos de población de este tipo durante el año pasado y que en total ascienden a 23 mil 169 víctimas.
Aparte de la actividad extractiva que provocó el desplazamiento en el estado, se enumeran otras cuatro entidades donde hubo abandono de lugares de residencia por parte de familias en las que los motivos fueron distintos a la violencia.
Se trata de Chiapas, donde fueron desplazadas mil 117 personas por dos eventos de violencia política, otro por un conflicto religioso y un caso más de conflicto territorial. En Hidalgo se reporta el desplazamiento de 74 personas por un conflicto territorial, en Jalisco huyeron de sus viviendas otras 30 personas por un conflicto religioso, y en Oaxaca fueron dos eventos de violación a derechos humanos los que obligaron a 850 personas a abandonar sus comunidades.
En el caso de los desplazamientos por violencia o inseguridad, que son en los que el informe hace mayor énfasis, se advierte que en 2016 “al menos 21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida”.
Fueron 20 los eventos de desplazamiento interno forzado, además de masivos, que estuvieron directamente relacionados con la violencia durante el año pasado.
Michoacán expulsó al mayor número de personas, siendo un total de 10 mil, a consecuencia de la inseguridad. Al respecto, se menciona que el desplazamiento tuvo lugar el 23 y 24 de mayo y no fue “debidamente registrado por los medios de comunicación”.
Se agrega que “de manera inmediata y en el transcurso de los siguientes meses, la misma cantidad de población proveniente del estado de Michoacán fue registrada por autoridades y organizaciones civiles en Tijuana”.
Con 4 mil 747 personas desplazadas en tres eventos relacionados con la violencia está el estado de Chihuahua, después Sinaloa con seis eventos en los que abandonaron sus residencias 4 mil 208 pobladores, seguido de Guerrero con siete eventos y mil 650 personas víctimas de desplazamiento interno forzado por la inseguridad.
Las entidades de Veracruz, Durango y Tamaulipas también se mencionan como otras tres que representaron un evento de desplazamiento por violencia cada una, con un total de 426 personas afectadas.
El organismo defensor de los derechos humanos que elaboró este informe advierte que este es un problema creciente en el país debido a “la ausencia de reconocimiento gubernamental y de políticas públicas de prevención y de atención integral y soluciones duraderas para las víctimas”.
