Los brutales asesinatos de periodistas que nadie detiene, y el hecho de que no se haya capturado un solo responsable, son un motivo de alarma, indignación e impotencia de los ciudadanos e incapacidad de las autoridades. El ataque artero a la actividad informativa debe poner en acción a los ciudadanos y a los representantes populares, porque aparte del acto mismo de crimen padecemos el ataque a la democracia. La democracia no es sólo procesos electorales, sino una forma de vida y sistema social que pone en el centro la libertad de expresión, de información y la capacidad de crítica. Los periodistas que investigan los casos de las empresas que abusan del fisco, las denuncias de los conflictos de interés o la indagación de casos de desvíos de fondos en las instituciones públicas, ¿deben temer por su vida por estos motivos?
Los periodistas no son militantes, así que no son crímenes por ideología, sino que ponen frente a la opinión de todos los mexicanos las lacras que pasan realmente en el país: alianzas de políticos con narcotraficantes y sus acciones que lastiman a grupos enteros de la población, la omisión de los gobiernos y sus funcionarios que pronto aparecen enriquecidos viviendo en mansiones o departamentos lujosos del extranjero, empresarios que se ven beneficiados a cambio de favores en el financiamiento de campañas electorales, etcétera. Es decir, los periodistas que investigan la realidad nacional y la divulgan, ponen a nuestros ojos la brusca, tosca y destemplada realidad que vivimos. Pero la exhibición de dicha información afecta a ciertos poderes. Si la intención de los periodistas es la objetividad o cierta neutralidad ideológico-política en su actividad, no lo es para nada el efecto de su trabajo: en el terreno de los resultados no hay neutralidad, sino todo lo contrario, hay afectados claramente identificados. Los señalados en la propia información. Pues bien, en una sociedad democrática se persigue justo a aquellos que son señalados como corruptos o infractores de la ley, no a los periodistas que lo muestran. En México, parece un campo de guerra contra la prensa libre. Y ese problema no está sólo en la mente de los ciudadanos, como refiere Peña Nieto, sino que es tan real como las decenas de muertos que llevamos. ¿O acaso los muertos son imaginarios?
Hay una fiscalía especializada de agresión contra los periodistas, pero sus efectos son nulos. Ya más de 47 personas muertas y 3 consignaciones. Tan alta impunidad eleva la posibilidad de la frecuencia de la embestida. Así las cosas, las autoridades gubernamentales deben dar resultados de esta atroz persecución. Su ineficacia habla no sólo de incapacidad, sino de algo peor: de complicidad. Muchos de los casos expuestos por los comunicadores implican a redes de la clase política, así que debemos pensar en redes de confabulación. Exigimos enérgicamente a los gobiernos que actúen en encontrar a los responsables de los asesinatos, esa es la mejor manera de proteger la actividad de la comunicación. Hasta ahora sólo contamos con retórica barata y ninguna efectividad.
