Horrorizadas y ofendidas, algunas voces de la escena política nacional exigen que Andrés Manuel López Obrador se disculpe con el Ejército por haber exhortado al padre de un estudiante desaparecido de Ayotzinapa a cuestionar a la fuerza armada qué pasó con su hijo y sus compañeros.
Acusan al tabasqueño de difamar e insultar al Ejército como si no hubiera sido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes comprobaron que los militares estuvieron en los diversos escenarios de aquella terrible noche de Iguala del 26 de septiembre de 2014, y que además, habían vigilado a los estudiantes desde que éstos salieron de Chilpancingo.
Omiten decir que una investigación periodística encontró que el teléfono celular de Julio César Mondragón -estudiante normalista que fue desollado- estuvo funcionando hasta el 4 de abril del 2015 y fue utilizado desde las instalaciones del 27 Batallón de infantería, de acuerdo a la información de GPS del aparato.
Olvidan también que las denuncias contra los abusos del Ejército, o su participación en ejecuciones extrajudiciales están documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como ratificó su presidente, Raúl Plascencia, quien recordó que se han emitido numerosas recomendaciones en contra de las fuerzas armadas. Tantas, que en 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional encabezó la lista de las instituciones que fueron contravenidas por la CNDH (Ver Animal político del 28 de enero de 2013 http://www.animalpolitico.com/2013/01/concentra-ejercito-el-mayor-numero-de-recomendaciones-de-la-cndh/).
De acuerdo a Amnistía Internacional, las quejas por violaciones a derechos humanos creció 600% entre 2003 y 2013.
Muestran también una inusitada preocupación por el sentir del Ejército, pese a que en repetidas ocasiones éste se ha manifestado incómodo por estar cumpliendo funciones que no les corresponden. Así lo evidenció Héctor Aguilar Camín en su columna del periódico Milenio del 14 de octubre del año pasado:
“Están poniendo al Ejército en situaciones muy sensibles y vulnerables, delicadas, en las que nuestro personal ahora piensa si lo procesan por desobediencia, por no obedecer al secretario, o lo procesan por violar los derechos humanos”
Estas palabras del secretario de Defensa que fueron publicadas originalmente en El Economista el 8 de octubre de 2015 parecían confesar que los elementos castrenses se encuentran continuamente en el dilema entre desobedecer las órdenes que reciben, o violar los derechos humanos y luego enfrentar recomendaciones y denuncias.
Para resolver el conflicto, al gobierno federal no se le ocurrió mejor solución que plantear una Ley de Seguridad Interior que básicamente legaliza el modelo de seguridad pública que padecemos desde el sexenio de Felipe Calderón, en el que las fuerzas armadas realizan tareas policiacas.
En ese contexto, una organización social advierte que esta ley significaría un cheque en blanco para el Ejército con los riesgos que eso implica para la paz y la democracia. Claro está, todo bajo el mismo argumento que esgrimió George W. Bush para poner controles antiterroristas en su nación, y para invadir otros países; el mismo argumento con el que Donald Trump niega la entrada a musulmanes: razones de seguridad.
En un video (https://youtu.be/OOsczHQRrYM) con el que se pretende hacer conciencia, actores, activistas y académicos de Seguridad sin Guerra invitan a firmar en contra de esta ley, explicando que este modelo policial sólo ha traído más violencia al país.
En él, explican que en al inicio del sexenio de Felipe Calderón, teníamos los índices de homicidios más bajos de la historia, con 8 asesinatos por cada 100 mil habitantes; hoy la cifra se triplicó.
Esa guerra que empezó bajo el lema “Para que las drogas no lleguen a tus hijos”, ha generado cerca de 166 mil muertos en este país a causa de la violencia, pues por cada persona que muere a causa de las drogas, doce mueren por la guerra contra las drogas.
El número de muertos que produjo esta insensata forma de Felipe Calderón de legitimarse, y que ya se ha extendido unos años más, es equivalente a más de la mitad de los colombianos muertos en 54 años de guerra civil. Las defunciones provocadas por fuerzas armadas mexicanas en cinco años, equivalen a las que se atribuyen al régimen militar en Chile en quince años.
La cifra de 22 mil desaparecidos durante la dictadura en Argentina es menor a la de los treinta mil desaparecidos en México.
El número de detenidos por el Ejército que denuncian tortura con toques eléctricos pasó de 1 de cada 30, a uno de cada tres.
Los resultados de la guerra son atroces. En 2006 se reconocían ocho grupos de delincuencia organizada, hoy se cuentan más de doscientos. Y el consumo de drogas en Estados Unidos que se supone fue la preocupación inicial de esto aumentó de 8.3% en 2003, a 9.3% en 2013.
El Ejército, que antes estaba en el imaginario colectivo como una de las instituciones más confiables, cuyas manchas en su expediente -como lo ocurrido el 2 de octubre de 1968- se consideraba la excepción y no la regla, está interesado en recuperar su autoridad moral y prestigio, por ello recorre universidades y organiza conferencias para hablar de su labor.
Nada de esto será suficiente si no logran recuperar su autoridad moral y prestigio. La Ley de Seguridad Interior poco abona a ello. ■
