■ Diputados y Protección Civil realizaron una visita de inspección a la comunidad
■ Se efectuará un nuevo estudio que arroje datos actuales de los probables riesgos de la zona: Muñoz
El director estatal de Protección Civil, Felipe Muñoz Ruvalcaba, solicitará a la Secretaría de Economía (SE) haga uso de sus facultades para interrumpir las detonaciones que diariamente realiza la Minera Tayahua SA de CV del magnate Carlos Slim en el subsuelo de la comunidad de Salaverna, en Mazapil, y que mantienen en zozobra a sus habitantes, quienes viven en un entorno de casas destruidas y en propias que presentan grietas, derivadas de esta actividad minera.
“No es posible que permitamos detonaciones teniendo gente viviendo en la parte de arriba”, dijo el funcionario, al finalizar un recorrido superficial realizado principalmente en el cerro de Salaverna donde observó una serie de indicios de los efectos de la actividad extractiva, como hundimientos y grietas.
“La petición que me está haciendo la gente de Salaverna es eso, que el miedo que tienen cada que oyen una explosión, la situación que están viviendo. Y están solicitando que mientras no les resuelvan su situación jurídica o su estancia aquí, pues solicitar a las autoridades competentes para que detengan esas detonaciones y poderles dar tranquilidad a estas familias, lo cual vamos a hacer. También comparto esa opinión porque independientemente que tengan el permiso de seguir explotando recurso mineral –los empresarios- no es posible que lo estén haciendo viviendo familias arriba”.
Dijo que sería enérgico en esta petición, que habría informado ayer mismo al gobernador Miguel Alonso Reyes, y el secretario general de Gobierno, Jaime Santoyo Castro, porque representa “psicosis” para las familias y los niños.
Este y otros acuerdos se concretaron ayer, luego de que una comisión de la 61 Legislatura conformada por los diputados Eugenia Flores Hernández, Antonio Gómez de Lira, Antonio Arias y Manuel Navarro, acudieran conjuntamente con el titular de PC y personal de esta dependencia a la localidad ubicada en el municipio de Mazapil del semidesierto zacatecano.
La comitiva hizo esta visita tras la emisión por parte de los diputados de un punto de acuerdo para hacer una inspección del lugar en respuesta al comunicado gubernamental que el pasado 5 de abril dio conocer la existencia de una “falla geológica”, en cuyo sustento se anunció por mismo medio, una declaratoria de zona de riesgo para Salaverna de la que derivarían acciones de desalojo, presuntamente, para proteger la integridad física de las personas.
Ayer Muñoz Ruvalcaba precisó que tal declaratoria jamás existió, y sostuvo que lo expresado en el boletín fue un “mal entendido”, pues lo que se habría dicho en la reunión a la que asistieron el gobernador Miguel Alonso Reyes, el titular nacional de Protección Civil y un representante de la minera, es que luego de verificarse que hubiera tal riesgo se emitirá la citada declaratoria.
El director de PC dijo que enviará una solicitud de autorización a la Minera Tayahua, SA de CV, para ingresar a la mina con personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y diputados a la 61 Legislatura, sustentada en la que refirió como “queja” que hizo la propia minera.
Este documento fue remitido a Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador Nacional de Protección Civil, el pasado 12 de febrero y avisa del “riesgo de hundimientos en el poblado de Salaverna”, señala que las autoridades gubernamentales de Zacatecas no habrían actuado para desalojar a sus habitantes para evitar una “tragedia”, pero respecto del peligro para sus propios trabajadores, que suman según informaron guardias ayer, son unas mil 500 personas, no refiere nada.
Muñoz Ruvalcaba mencionó que se realizará un nuevo estudio que arroje datos actuales de los probables riesgos de la zona, que dijo luego de autorizarse tardaría en efectuarse no menos de 70 días.
Los habitantes de Salaverna reiteraron, a través de Roberto de la Rosa, que su principal demanda es la certeza jurídica respecto de la tierra en que han vivido por generaciones, y que señalan por tanto, no puede ser propiedad de Carlos Slim.
Por su parte los diputados se comprometieron a gestionar el establecimiento de una mesa de diálogo en que puedan participar las partes en conflicto y las instancias gubernamentales competentes para resolverlo.
