■ En México no se respetan los criterios internacionales sobre el tema ambiental: García
■ Sólo una persona de Semarnat está en el concejo que aprueba concesiones mineras
Álvaro García, coordinador de Monitor Ambiental Ciudadano, quien ha dado seguimiento al problema que enfrentan los habitantes de Salaverna por los intereses económicos de la minera Frisco-Tayahua de Carlos Slim desde 2012, dijo es necesario que la sociedad civil y otras representaciones dirijan un comunicado a la Organización de las Naciones Unidas, -como se hizo en su momento para defender el territorio sagrado de Wirikuta-, para “alzar la voz a nivel internacional, porque en nuestro país no se están respetando los criterios internacionales” sobre el tema ambiental, derivados de las reuniones Cumbre de la Tierra, en Estocolmo, Río de Janeiro y Johannesburgo.
Urgió a buscar que estos esfuerzos e intenciones internacionales que se han propuesto para revertir los efectos del cambio climático poniendo en el centro la garantía de los derechos humanos, -que en su opinión para el caso de México y concretamente Zacatecas “están siendo rebasados por los intereses económicos”-, se actualicen.
Las mujeres, los hombres, los niños y niñas y ancianos, están siendo afectados en su salud, derecho que presuntamente garantiza el artículo cuarto constitucional, “sin que la autoridad observe políticas que equilibren las aspiraciones económicas con las ambientales”, dijo.
Advirtió que si no se sienta un precedente en Zacatecas sobre este problema ante la ONU, el estado va a seguir siendo saqueado y agotado respecto de sus recursos naturales en el futuro, como lo es actualmente y ha sido desde hace centenas de años.
Agregó, tomando como ejemplo el caso de la comunidad de Salaverna en el municipio de Mazapil, “que se ha estado actuando como sociedad civil en el tema de forma circunstancial”, esto es, cada vez que se suscita un evento que agrava o alarma respecto al tema.
Por ello observó, es necesario ir al origen del problema, uno que situó en “una carencia jurídica”, el que la Ley Minera haya facultado a la Secretaría de Economía para aprobar las concesiones mineras mediante un concejo en el que sólo está integrada una persona en representación de la Semarnat.
Precisó que su señalamiento, es que las concesiones mineras carecen de los criterios socioambientales establecidos desde la Organización de las Naciones Unidas.
Recordó que en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, se dijo que el ser humano sería el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable, pero en la práctica, en México y por tanto en Zacatecas, “se queda al final de los intereses económicos”.
“Estamos hablando de comunidades indígenas, campesinas, centros ceremoniales afectados” donde se verifica el que comunidades enteras, como el caso de Salaverna, sean desalojadas “sin importar su raíces y tradiciones, a cambio de la explotación minera que genera riqueza sólo para otros y pobreza para muchos”.
El llamado se hace en medio de la más reciente alerta lanzada desde el Gobierno del Estado y su oficina de Protección Civil, que luego de anunciar la existencia de una presunta falla geológica en Salaverna que amenazaría la integridad física de las personas, tuvo como respuesta de los habitantes la incredulidad y desconfianza, pues desde hace más cuatro años se les ha expulsado de diferentes formas sin que se les garantice que podrán vivir a la manera de sus usos y costumbres en otro lado, cosa que se ha hecho sin indemnización o compensación económica o material digno, según reclaman.
Álvaro García adelantó, sustentado ya en varias experiencias en el estado inscritas en el que denominó saqueo histórico del que ha sido objeto Zacatecas, que “la ventaja que tenemos en la abundancia de riqueza mineras, va a traer consigo más poblaciones desalojadas, más pisoteo de derechos humanos de presentes y futuras generaciones”.
Dijo que la entidad requiere autoridades responsables en el tema ambiental, que asuman un auténtico compromiso con las presentes y futuras generaciones de zacatecanos, pues al momento las empresas extractivas de los recursos naturales, sólo heredan problemas de salud sin que se les responsabilice jurídicamente por los daños o se les exijan verdaderas medidas de reparación de los mismos, remediación o mitigación ambiental.
