México es un Estado fallido, el gobierno debe reconocerlo

México es un Estado fallido, el gobierno debe reconocerlo

El Estado mexicano no garantiza la vigencia de los derechos humanos fundamentales. Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha logrado muy pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la “guerra contra el narcotráfico” en México.

En septiembre de 2015, un grupo de expertos designado a través de un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso graves falencias en la investigación gubernamental de las desapariciones forzadas de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, refutó las conclusiones clave de la Procuraduría General de la República (PGR) e instó a las autoridades a que indagaran nuevas líneas de investigación. Hace unos días Gobierno Federal logró forzar la decisión de la CIDH de retirar al GEIE de nuestro país cuando todavía se desconoce el paradero de al menos 41 estudiantes.

Desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en numerosas desapariciones forzadas. En agosto de 2014, el gobierno reconoció públicamente no saber cuál había sido el destino de más de 22 mil personas cuyo paradero se desconocía desde 2006. Esta cantidad ha aumentado a más de 25 mil 500, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que se creó por ley en 2012. Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no adopten medidas básicas de investigación para identificar a los responsables, y a menudo indican a los familiares de las personas ausentes que deben investigar ellos mismos. La corrupción y la impunidad están en el fondo.

La descomposición ha llegado a niveles verdaderamente alarmantes y provocado  una enorme indignación que en poco tiempo debe expresarse en una intensa movilización enfocada a lograr que el gobierno reconozca su incompetencia y solicite a la ONU la creación de una instancia similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que junto con el Ministerio Público acusó al ex presidente Otto Pérez Molina, como la cabeza de una red de fraude aduanal que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Su primer director Carlos Castresana, refirió que actualmente la ONU tiene varias peticiones concretas de países que están solicitando un mecanismo como ese, “Guatemala tiene uno así porque lo pidió al secretario general de la ONU, México tendría que hacer lo mismo”, indicó. Lo que hace una comisión como la CICIG es crear “capacidad que dejas ahí instalada y al final son los fiscales y los policías de ese país quienes hacen la tarea”. Tras la creación de la CICIG, se pudo meter “a los malos a la cárcel que es para lo que se supone que están ideadas y pagadas” las instituciones de justicia.

Está demostrado que las medidas necesarias para iniciar la regeneración de México no vendrán de las instituciones actuales. Hay que buscarlas en el ámbito internacional.

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