Matrimonio homosexual, bloqueado por prejuicios y falta de cultura jurídica

Matrimonio homosexual, bloqueado por prejuicios y falta de cultura jurídica
Rodolfo Flores Nava y Francisco Domínguez Galindo, quienes han interpuesto un amparo para poder ejercer su derecho al matrimonio

■ 10 parejas han recibido negativa de contraer nupcias los últimos meses en la capital y Guadalupe

■ A un año del fallo de la SCJN no se ha hecho lo necesario para homologar la legislación

En el estado de Zacatecas las parejas homosexuales no han podido acceder a su derecho al matrimonio “porque nos falta cultura jurídica y nos sobran prejuicios”, sostuvo el constitucionalista Uriel Márquez Valerio, quien expuso que “la Constitución es de aplicación inmediata” por lo que en su opinión, no es indispensable la modificación del Código Familiar del estado en su artículo 100, luego que el Máximo tribunal de la nación ha declarado inconstitucional la definición de este vínculo civil como “la unión legítima de un solo hombre con una sola mujer, para procurar la procreación de los hijos…”; tal cual aparece en el ordenamiento estatal.

En los últimos ochos meses, sólo en la capital y el municipio de Guadalupe, diez parejas de mismo sexo han recibido negativas para dar trámite a sus matrimonios en las oficialías del Registro Civil bajo el argumento de la falta de adecuación del Código Familiar a lo dispuesto por la SCJN en su sentencia de junio de 2015, pero además, porque “eso no se puede llamar matrimonio. No sé por qué lo han manejado así indebidamente, se habla de pacto de convivencia y pacto de equidad, pero no matrimonio. Se pueden casar pero eso no es casamiento, casarse es: hombre y mujer. Eso está desde tiempos inmemoriales”, como argumenta el titular de la oficina en la capital del estado, Rafael Pedroza Hornedo.

A casi un año de emitida la citada sentencia ni el titular del Ejecutivo del estado, Miguel Alonso Reyes, ni la Legislatura local han hecho lo necesario para la armonización legal citada en consideración del cálculo político-electoral de los partidos que representan, asintió Uriel Márquez Valerio, quien además encuentra “otras causas”, que no razones, acota, de carácter religioso y que tienen sus raíces en la cultura novohispana que adoptó para México un catolicismo caracterizado por “el fanatismo que regía en España”.

El abogado litigante desde hace casi 50 años y docente-investigador en la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Unidad Académica de Derecho por casi 30, hasta jubilación, dijo que la discriminación de que son objeto las parejas de mismo sexo es “aberrante, pero encuentro causas que impiden que se realice eso (…) el pueblo mexicano es en su mayor parte católico, 80 por ciento (…) desde la religión hay una forma singular de medir las cosas. Como se asumió, es un obstáculo a pesar de las actitudes abiertas que ha tenido el actual Papa al respecto”.

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La agencia de viajes de la Dirección

del Registro Civil de Zacatecas

“Ciertamente sí han venido algunas parejas, he calculado que serán como unas ocho”, -cinco de hombres y tres de mujeres-, estimó Rafael Pedroza Hornedo, oficial del Registro Civil en Zacatecas, Zacatecas, quien agregó que el procedimiento que sigue “es darles alguna orientación para que acudan a lo que es concretamente la Dirección General del Registro Civil, donde a su vez les van a entregar toda la información para que acudan a Torreón, Coahuila, porque en ese estado sí se están llevando a cabo ese tipo de uniones”.

La información que proporciona la Dirección
General del Registro Civil refiere “lugares, los costos, teléfonos incluso, para agendar una cita”, precisó.

A las parejas de mismo sexo se les explica asimismo que “obviamente ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia, pero lo que es aquí falta que se adecúe el Código Familiar”. Así el funcionario asevera que “está vigente el artículo 100” del ordenamiento, “aquí en estado de Zacatecas –el matrimonio- consiste en la unión de un hombre y una mujer”.

Luego de las orientaciones, “ya no ha vuelto a saberse de ellas –las parejas-, yo creo ya desistieron o se fueron a casar a cualquiera de esas dos partes. Como les dijo Juan, el oficial de Guadalupe, que también creo que allá cayeron uno, dos, tres: aquí no está contemplado, pero si tanta es su inquietud, pues no por pura casualidad tiene que ser aquí, váyanse a casar a Coahuila o el DF, eso sí esta adecuado”.

Por su parte Juan Medrano Macías, el citado oficial del Registro Civil en Guadalupe, comentó que “se acercaron dos parejas por allá hace seis u ocho meses”, una de hombres otra de mujeres, -a quienes se les dio la misma información ya expuesta por Pedroza Hornedo-.

Medrano Macías no respondió respecto de si desde la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, de la que depende la correspondiente de Registro Civil, se les ha enviado una disposición para que no se realicen estos trámites, señalando únicamente, “aquí la cuestión es que el código no ha sido
reformado”.

 

Hacer cumplir el derecho al

matrimonio igualitario en Zacatecas

De las por lo menos 10 parejas de mismo sexo que han buscado casarse en Zacatecas, la conformada por Rodolfo Eduardo Flores Nava y Francisco Domínguez Galindo es la única que ha solicitado ampararse ante la Justicia federal por la violación a su derecho a la no discriminación respecto de la negativa de la Oficialía del Registro Civil de la capital del estado, justo la que encabeza Pedroza Hornedo, a dar trámite a su matrimonio en septiembre de 2015.

Paradójicamente, han sido obligados a intentar demostrar su orientación sexual dentro del juicio 2114/2015, luego que la Legislatura del estado de Zacatecas a través de la entonces presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Érica del Carmen Velázquez Vacio, en su respuesta, solicitara al Juez Primero de Distrito desechar el recurso por improcedente, pues los quejosos “no aportan medio probatorio alguno que acredite que son homosexuales” (sic).

Agrega en su alegato el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas a través de la actual candidata de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza a la presidencia municipal de Sombrerete, que Flores Nava y Domínguez Galindo tampoco demuestran “la supuesta vulneración que, dicen, la norma que pretenden impugnar ocasiona a sus derechos humanos o a las garantías para su protección”, aun cuando el artículo 100 del Código Familiar del Estado de Zacatecas contraviene lo dispuesto por la SCJN.

Por esta respuesta Rodolfo y Francisco interpusieron el 11 de diciembre del 2015, una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), ahora contra Érica del Carmen Velázquez Vacio y en la que señalan como indignos y discriminatorios los argumentos de la entonces diputada a la 61 Legislatura respecto del trato diferenciado que implicaría para ellos demostrar su orientación sexual, pues a las personas heterosexuales no se les pide que lo hagan y para hacerlo “habrá que hacer cosas que violenten nuestra privacidad o dignidad humana”.

Denuncian que la propia sentencia del Juzgado Primero de Distrito sobre el amparo 2114/2015 se ha retrasado, presuntamente por omisiones basadas en la homofobia del secretario de Acuerdos Jesús Martínez Torres, quien “dejó pasar el tiempo”, por lo que el asunto tuvo que turnarse a un Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región.

“Allí atienden los casos conforme les van llegando”. Sobre el amparo, que fuera presentado en noviembre del 2015, “nos dijeron primero que tendría respuesta en la primera semana de abril, ahora que en la tercera semana”, expuso Rodolfo Flores Nava.

También ha habido retraso en el trámite que ha seguido su queja ante la CDHEZ, interpuesta el pasado 11 de diciembre de 2015, pues les ha informado Luz María Vallejo Pérez, tercera Visitadora este 15 de abril, “apenas están formando el expediente”.

La que fuera presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Érica del Carmen Velázquez Vacio ya contestó sobre el asunto, pero a Rodolfo y Francisco no se les ha remitido la respuesta que ya han solicitado por escrito, argumentando esta vez que “tenemos mucho trabajo y no es excusa, pero sí sé, porque las respuestas las doy yo, que tú estás ejerciendo tu derecho de petición y que te tengo que responder, la verdad, como también el Presidente –de la CDHEZ- nos lo tiene que autorizar, yo por eso también estoy frenada”, citó las palabras de la visitadora.

Los dos jóvenes también han intentado que la CDHEZ exhorte a la Legislatura del estado a que realice la adecuación del Código Familiar local con la sentencia de la SCJN “y en los Derechos humanos me dijeron no, que crees, nosotros no podemos”.

No obstante han hecho este requerimiento por escrito solicitando además, “que si no son capaces o no pueden hacerlo nos digan el procedimiento y ante quien debemos hacerlo nosotros para que el Congreso actualice las leyes locales”, pues Rodolfo y Francisco quieren que toda la comunidad gay pueda ejercer su derecho al matrimonio igualitario.

“O sea, como lo está viendo, todas las personas que tienen que ver con un cargo y que se enfrentan ante la realidad palpable de los matrimonios entre personas del mismo sexo les gana el falso pudor o el miedo y simplemente no hacen nada”, agregó.

 

Visión de la CDHEZ

Arnulfo Joel Correa Chacón, presidente de la CDHEZ dijo a La Jornada Zacatecas que el organismo no había recibido quejas contra autoridades por su negativa a tramitar la unión matrimonial de personas del mismo sexo, “hubo una contra una diputada pero por una declaración que hizo por una situación de esto”.

Y respecto al exhorto que pudiera emitir la Comisión a la Legislatura local para la armonización del Código con la sentencia de la SCJN y aun a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del estado de la que dependen las Oficialías del Registro Civil contra su desacato a la Constitución, en la lógica expuesta por el jurista Uriel Márquez Valerio, reiteró que es necesaria una queja ciudadana para que de la respuesta de la autoridad, “ver hasta dónde es nuestra competencia y hay una justificación clara y sería una violación tácita a los derechos humanos, y hasta dónde es un acto jurisdiccional el que se aplique o reforme un código”.

Refirió que ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un exhorto, -la Recomendación General 23, que cabe recordar, fue dirigida en diciembre de 2015 a los titulares del Poder Ejecutivo y los Congresos de todas las entidades para que adecuaran los códigos familiares y civiles a los criterios del matrimonio igualitario dispuestos por la SCJN-.

“Ya se dio el llamado” dijo Correa Chacón, por lo que desechó que pudiera hacerlo el organismo que preside para el caso concreto de Zacatecas.

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La Constitución es de aplicación inmediata

Uriel Márquez Valerio refirió a la reforma del artículo primero constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos con que se enmarca todo el andamiaje de la estructura jurídica del país como una “que estableció una apertura grandísima” a los mismos.

Desde su función en la docencia en la UAD de la UAZ recordó, pugnó porque los abogados se enseñaran “a ver las normas jurídicas no a través del esfínter del Derecho, que es una forma estrecha sino a tomar en cuenta la realidad (…) y los derechos humanos pretenden o tienen como característica la dignidad de la persona, la igualdad de todos ante la ley”, precisó.

No obstante referir que el juicio de amparo tiene limitaciones y puesto que la resolución de la Corte 43/2015 procedió de uno interpuesto en el estado de Jalisco y que por tanto obligó a las autoridades responsables en esa entidad, refrendó que los resultados de esta sentencia con la que ya se generó jurisprudencia, obliga no solo jurídicamente sino éticamente a todas las autoridades del país a su cumplimiento.

“Y automáticamente debieran acatarla todas las personas, pero vivimos un México carente de cultura jurídica”, lamentó.

Así, en su opinión lo que está ocurriendo en las oficialías del Registro Civil en el estado de Zacatecas es un desacato a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Trajo a colación el caso de la modificación que se hizo al artículo 21 de la Carta magna del país para efecto de que las víctimas pudieran impugnar la determinación del Ministerio Público cuando éste negaba el ejercicio de la
acción penal “por razones políticas, por soborno o lo que sea” contra el ejecutor de delitos como robo, violación, etc.

Los jueces de Distrito “se la sacaban” con que las personas podían interponer un juicio de amparo porque no se reglamentó el artículo 21 “hasta que llegó un juez valiente y dijo no, la Constitución es de aplicación inmediata, yo no necesito que esté reglamentado el articulo 21 y lo aplicó”.

“Don Manuel Molina Enríquez, un abogado muy famoso de Jalisco decía que para aplicar la ley se necesita tener virilidad y congruencia”.

Por ello reiteró, no debe esperarse a la armonización en este caso, del Código Familiar con la sentencia de la SCJN respecto del derecho de las personas de mismo sexo al matrimonio, pero tampoco en cualesquiera que enmarque el artículo primero constitucional, “que fue la gran innovación” para la consecución de los derechos humanos en el país.

Respecto de los oficiales del Registro Civil que dieran trámite a los matrimonios igualitarios, opinó, “yo digo que si yo fuera oficial del registro civil y en las condiciones actuales de Zacatecas caso a alguien, no hay delito ni hay responsabilidad, a mi juicio”.

Pudiera ser, agregó, que el Ministerio Publico impugnara el matrimonio celebrado porque “interviene no solamente en la persecución de los delitos sino tiene la finalidad de ver por el ‘orden público, what ever it means -cualquier cosa que eso sea-. Yo pienso que hay objeciones de prejuicios sociales y que éstos derivan de la ignorancia”.

Sobre la posibilidad de que desde la propia Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado pudiera emitirse un exhorto a las oficialías del Registro Civil para que se acate la Constitución en este tema, manifestó que es “una decisión esencialmente política, y no sé qué piense él –su titular- respecto de lo jurídico”.

Expuso que Uriel Márquez Cristerna, coordinador General Jurídico de Gobierno del estado, “no es más que un asesor, no tiene facultades ejecutorias, por lo que pudiera atribuirse una facultad que no tiene. Hay que ver la Ley de la Administración Pública”.

No obstante sobre las atribuciones de esta Coordinación que pudieran aplicarse y que pueden consultarse en http://cgj.zacatecas.gob.mx/cgj/cgral.html se precisa que debe dirigir sus “planes, programas y acciones” de conformidad “con la legislación vigente” y “Proponer al Titular del Ejecutivo, los proyectos de ley, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones que sean de su competencia”.

Además de lo dispuesto en el artículo primero constitucional el jurista acotó que también están las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como guía de las autoridades, pero observó ante las dificultades que se expresan en el país para el cumplimiento de los derechos fundamentales, “lamentablemente da tristeza que en México para poder respetar los derechos fundamentales nos vengan a decir desde fuera”.

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