Ciudad de México. El informe del tercer peritaje en el basurero de Cocula, elaborado por la PGR, no es concluyente ni da certeza en la búsqueda de la verdad, “obedece a una estrategia mediática coordinada por el gobierno federal para cerrar la puerta definitivamente a un nuevo periodo de trabajo del GIEI, la administración del presidente Enrique Peña Nieto rompería un convenio jurídicamente sustentado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y colocaría una lápida al proceso de investigación objetiva y transparente”, coincidieron los diputados Aracely Damián (Morena) y Víctor Sánchez (Movimiento Ciudadano), quienes integran la Comisión Legislativa para coadyuvar en la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes en Iguala.
En entrevistas por separado, ambos legisladores cuestionaron el contenido del informe de la PGR, pero sobre todo acusaron a la administración federal de pretender “torcer” las pesquisas y resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), porque sus conclusiones no convienen al interés de la administración federal.
La diputada Aracely Damián aclaró que el rompimiento entre el GIEI y la PGR obedece a la diligencia del tercer peritaje de Cocula. “Lo cierto es que el gobierno actuó incorrectamente. Sorprende que no se hayan presentado los resultados de ese tercer peritaje, antes, a los padres de los estudiantes. Ese era el acuerdo primigenio”.
La académica por el Colegio de México, recordó que el presidente Enrique Peña Nieto se había comprometido con los padres de los estudiantes a informarles previamente a cualquier pronunciamiento público sobre los resultados de las pesquisas.
De su lado, el abogado Víctor Sánchez (Movimiento Ciudadano) y ex procurador de justicia en el estado de Jalisco, reprochó la posición asumida por el ministerio público federal: “La PGR ha tenido una gran falta de respeto y de tacto, pues trata de ocultar la ineficiencia en sus investigaciones, busca mediáticamente sobreponerse a la violación del convenio jurídico con el GIEI y la CIDH. Es un enredo legal, pues en su contenido se establece que ningúna información se proveerá a la sociedad si no hay un acuerdo previo.
El desaseo de la PGR manifiesta que su pésima investigación violenta el estado de derecho. Es reprobable pues hay prisa por darle carpetazo al proceso. Les urge que se vaya el GIEI que hasta ahora ha hecho un trabajo serio y profesional”, sentenció.
