La participación ciudadana es un tema recurrente tanto en el ámbito político como en el académico; sin embargo, hay que distinguir entre diferentes tipos de participación y revisar el papel que juega el marco institucional para impulsar o limitar su alcance.
Los tiempos que vivimos obligan desde la perspectiva de la gobernanza, consolidar la participación ciudadana en los procesos de política pública, así como evitar las restricciones y oportunidades que ofrece su institucionalización.
En términos generales, la participación ciudadana es el involucramiento de los individuos en el espacio público estatal y no estatal desde su identidad de ciudadanos, es decir, de integrantes de una comunidad política. Esta participación está vinculada a los modelos de democracia y al tipo de relación gobierno-sociedad que se quiere construir.
Sobre la democracia hay diversas visiones, no hay un único modelo sino varios y en la realidad los encontramos mezclados: liberal, republicana, deliberativa, entre otras. En general, la institucionalización de la democracia es un proceso para alcanzar la libertad y la igualdad en dignidad y derechos para todos.
Tiene que ver con la extensión del derecho de participar, que se basa en el reconocimiento de que el ciudadano alcanzó la mayoría de edad y debe decidir libremente su vida individual y colectiva.
Consideramos importante el tema de la participación ciudadana en los procesos de políticas públicas porque constituye un elemento fundamental y condición de posibilidad para la gobernanza democrática, y puede llegar a constituir un mecanismo para el empoderamiento social.
Los cada vez más abundantes trabajos sobre la gobernabilidad definen a ésta como un proceso de dirección de la sociedad en el que intervienen coordinadamente el gobierno, el sector productivo y también la ciudadanía. Para que sea posible esto, debe existir una sociedad civil que se integre activamente en el proceso de participación Ciudadana y en la Elaboración de Políticas Públicas y asumir su implicación en la esfera pública y los asuntos colectivos como un ejercicio de construcción de ciudadanía.
Participación social es la que se da en razón de la pertenencia del individuo a asociaciones u organizaciones para la defensa de los intereses de sus integrantes, y el interlocutor principal no es el Estado sino otras instituciones sociales.
Puede existir la participación comunitaria, que es el involucramiento de individuos en la acción colectiva que tiene como fin el desarrollo de la comunidad mediante la atención de las necesidades de sus miembros y asegurar la reproducción social; suele identificarse con la beneficencia. El interlocutor principal de estas acciones no es el Estado y, en todo caso, lo que se espera de él es recibir apoyo asistencial.
Existe la participación política y que es el involucramiento de los ciudadanos en las organizaciones formales y mecanismos del sistema político: partidos, ayuntamientos, elecciones. Esta es una participación mediada por los mecanismos de la representación política.
La Participación ciudadana es aquélla en la que los ciudadanos se involucran de manera directa en acciones públicas, con una concepción amplia de lo político y una visión del espacio público como espacio de ciudadanos. Esta participación pone en contacto a los ciudadanos y al Estado, en la definición de las metas colectivas y las formas de alcanzarlas.
El tipo de participación que en lo personal comparto, es la ciudadana institucionalizada y relacionada con las políticas públicas, más allá de los procesos electorales que tienen como finalidad única la formación de la autoridad legítima.
Pueden existir o instalarse los instrumentos formales que pueden favorecer tanto la participación colectiva y organizada como la individual, y podemos mencionar la iniciativa ciudadana para promover reformas o nuevos marcos legales que fijan reglas generales para el diseño e implementación de políticas públicas; Los buzones ciudadanos que permiten expresar opiniones, demandas y sugerencias que moldeen o corrijan las acciones gubernamentales; El monitoreo ciudadano, que proporciona información para dar seguimiento puntual a políticas específicas y abre canales formales para recibir y atender las observaciones; La contraloría social o ciudadana, como herramienta para auditar y evaluar la implementación de políticas; y Los comités y consejos ciudadanos de participación, que constituyen un mecanismo típico de intervención directa de actores no gubernamentales en distintas fases del proceso de políticas.
Estos consejos de participación mixta están contemplados en la legislación, lo importante es encontrar el mecanismo para lograr su aplicación. El diseño de estas formas puede impulsar la participación de los ciudadanos de manera individual, o bien, colectiva, y dentro de esta última puede impulsarse la intervención de grupos ciudadanos autónomos, y restringir la participación a las organizaciones creadas por iniciativa estatal.
Todos estos instrumentos de participación constituyen dispositivos del control social sobre la acción estatal y la gestión desarrollada por su aparato administrativo. El control que realiza la sociedad sobre las acciones del Estado puede llevarse a cabo mediante las acciones de evaluación de políticas o de servicios, o mediante la participación en la confección de las decisiones públicas, o en la gestión de los servicios.
En la democracia mexicana donde lo primordial es proteger las libertades individuales y limitar el poder estatal, se impulsa la participación convencional por la vía electoral. Mediante las elecciones se legitima la libertad de acción de los políticos para que atiendan los problemas públicos, sin requerir necesariamente de la participación de los ciudadanos, pues para representar a los ciudadanos están los políticos que fueron electos. ■
