En el apartado anterior bajo el título “Desbrozo del camino” omitimos mencionar que la reforma educativa y la ley secundaria que la norma (LSPD) derivada de las reformas constitucionales, dentro de su sello laboral implícitamente busca la racionalización máxima del presupuesto educativo. Este rasgo se está traduciendo en seleccionar a los aspirantes a obtener una plaza de maestros bajo la etiqueta de idóneos. Como se está viendo, no obstante la alta demanda de egresados de normales y universitarios desempleados que buscan un destino laboral en el servicio educativo, al no pasar el examen quedan muchas plazas vacantes y estas se cubren de manera interina con asignaciones de sueldos y prestaciones por debajo de los normales que se pagan a los que las ganan con plaza de base. Aun los que son acreditados idóneos, deben asegurar la plaza en la siguiente evaluación a la que son sometidos después de haber ingresado. Plazas nuevas es raro que se creen, menos ahora que se detectó mediante el censo educativo que sobraban y siguen sobrando maestros comisionados y aviadores que cobrar si trabajar en las aulas. Las evaluaciones a las que por mandato de la LSPD son sometidos los profesores en servicio son también un filtro que busca economizar y hacer ahorros en el presupuesto. Para empezar tan pronto y se supo que serían evaluados se dio una desbandada en al que muchos optaron por jubilarse, otros desistieron cumplir con los instrumentos de evaluación y otros más optaron por resistir. Con los ceses se producirán bajas de plazas que quedarán vacantes y que serán cubiertas con interinatos. Ahorro y más ahorro para las arcas del Estado.
La iniciativa para reformar los artículos 123 y 3° constitucionales al poner énfasis en la evaluación de los maestros devino en la ley secundaría operativa del servicio profesional docente. La reforma reivindica al federalismo educativo que se inauguró ya hace un cuarto de siglo. Teniendo en el logro de la calidad el centro o fin principal de la educación, el servicio profesional docente parte de la aplicación de procedimientos idóneos. Como idóneos deben ser los sujetes que ingresen al servicio y se promuevan y permanezcan dentro de él. Esto sólo es posible mediante los concursos para el ingreso y para quienes aspiren a cargos de dirección y supervisión en los niveles básico y medio superior. Buscando atacar inercias y prácticas corporativo clientelares de los sindicatos, a partir de la reforma el ingreso y promoción se basará en el mérito personal según dice la iniciativa de reforma. El reconocimiento de los buenos maestros dependerá de su desempeño y preparación reflejada en el nivel de los logros del aprendizaje con sus grupos y los conocimientos que sean capaces de demostrar.
Todo lo anterior será regulado por el INEE quien al identificar las fortalezas y detectar las debilidades previa medición, será quien evalué el desempeño de los docentes desde preescolar hasta bachillerato y del SEN en su conjunto. De esta forma no hay escapatoria: la evaluación se constituirá en “una práctica cotidiana”. Control y burocratización serna las divisas. Dada la importancia de la evaluación y el órgano responsable de instrumentarla, el INEE tendrá sus propias normas votadas por el legislador federal. Entre algunos de sus ordenamientos se encuentran el diseñar los instrumentos de evaluación y emitir su opinión sobre su aplicación así como las medidas o nuevas propuestas que contribuyan al fin máximo de la reforma como lo es elevar la calidad de la educación.
Sin embargo, el aspecto ideal de toda ley choca siempre con la realidad. Máxime cuando esta ley se busca aplicar en un contexto de subdesarrollo. Después de haber sido evaluado el primer grupo de maestros entre noviembre y diciembre del 2015, la evaluación de los siguientes grupos que se había programado notificar para que cumplieran con los diferentes instrumentos y acudieran a realizar el examen, las fechas que originalmente se tenían programadas para el efecto se han pospuesto y cambiadas. Ahora, de no surgir una nueva postergación, los maestros que iban a ser evaluados en febrero y mayo de este año se examinaran en noviembre. Las razones que se aducen es la falta de capacidad del sistema informático para procesar las evaluaciones, pero quien nos asegura que también no pudo ser por la afectación o falta de presupuesto por lo que se movió el calendario de las evaluaciones.
Son varios los aspectos que la LSPD en algunos de sus artículos contempla para obligar a los maestros a evaluarse. También son muchas las connotaciones e implicaciones que encierran. Algunas de sus consecuencias han llevado a la CNTE y maestros que se han inconformados con reticencias y resistencias a considerar que la ley de marras tiene un carácter punitivo. Ni más ni menos. De “ese pelo”, como diría un viejo maestro que se resiste a claudicar al cobro de su sagrada quincena. ■
