Cada día es más complicado mantener la hipótesis del clima de seguridad y justicia en Zacatecas, con la exhibición del Índice Global de Impunidad (IGI) para el interior del México se desbarata el discurso oficial. Hace 9 meses la Universidad de las Américas de Puebla presentó el estudio donde comparaba a México respecto a otros 58 países, y donde nuestro país estaba en el penúltimo lugar. Ahora, con el estudio recién presentado, se explica por qué México sacó ese ominoso lugar: los estados presentan datos turbadores. 25 de los 32 estados están en niveles inaceptables de impunidad, y Zacatecas aparece como “de alta impunidad”.
El resultado significa que los dos sistemas evaluados para lograr la impartición de justicia están en estado grave: el sistema de seguridad y el de justicia. Es decir, los datos arrojados implican que la política de seguridad no es ineficaz, y que el Poder Judicial debe intervenirse con urgencia. Resultados que refuerzan una de las causales de los datos: la desconfianza con los órganos del Estado reflejada en llamada cifra negra. No hay policía de investigación, hay persistencia en la ocurrencia de delitos, no hay ministerios públicos que atiendan, y una escandalosa falta de jueces. Es decir, como se trata fundamentalmente de un estudio cuantitativo, arrojará conclusiones que apuntan a insuficiencia de órganos o personal. Si se hace un estudio más cualitativo que diagnostique la estructura del desempeño y las capacidades institucionales, veremos que la medicina para este mal es un poco más compleja que la sola instalación de más unidades de denuncia. Sin embargo, ya es un avance importante contar con la medición de la impunidad y su correspondiente comparación con otros países y entre estados al interior de México.
Hay una aparente paradoja en la respuesta más significativa del Estado para este problema: la implementación del nuevo sistema de justicia procesal. Y consiste en que el problema que se diagnostica es la insuficiencia de jueces, y justamente en el nuevo sistema se ocupan mucho más jueces que en el sistema tradicional. La exigencia financiera para mejorar la situación de impunidad es enorme, aunque también es urgente que el Poder Judicial ponga fin a sus millonarios privilegios y la duda es, ¿de dónde saldrá ese dinero? Esto es, si más jueces implica más financiamiento, y si no hay posibilidades de otorgarlo por la corrupción y la aplicación de un modelo económico equivocado, luego entonces seguiremos padeciendo la ausencia de justicia en el país. Y otra cosa, si la impunidad acelera la incidencia criminal y la corrupción, pues estamos fritos: seguiremos mal otra década. Y cuando se destina más dinero al sistema de seguridad y al de justicia – en el actual estado de impunidad – es altamente probable que termine en las carretillas de la corrupción; y así, un círculo de vicio. Necesitamos completar estos estudios (ya valiosos) con evaluaciones de corte cualitativo para tener la posibilidad de que sirvan para el diseño de nuevas políticas públicas en la meta de mejorar el estado de justicia en México. Por lo pronto, descubre con innegable contundencia que el sistema de justicia en Zacatecas está lejos de ser ejemplar y eso se sustenta con evidencia y datos duros que ningún juez puede negar.
