“Espiral de violencia”

“Espiral de violencia”
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Bajo esa premisa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio conocimiento del contexto político, social y de seguridad que se vivía en el estado de Guerrero, a mediados del mes de diciembre de 2013 cuando entregó un informe especial donde se evaluaron las condiciones de gobernabilidad, vacíos de poder, grupos armados (paramilitares y delincuenciales) y población vulnerable en dicha entidad.

El objetivo del documento era aportar elementos concretos sobre la expansión de las “autodefensas” guerrerenses, las cuales, reporta, tienen su origen a finales del siglo pasado, en la década de los 90 “como respuesta a las actividades de las organizaciones delictivas”.

Grupos armados como la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG), la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PC), la Policía Ciudadana de Olinalá (PCO-CRAC) y el Movimiento Aplaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), fueron identificados como los de mayor expansión en 46 de los 81 municipios de todo el estado hasta el año pasado.

A estos se han sumado los pobladores de la comunidad Lindavista, en el municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, este fin de semana, quienes manifestaron su decisión mediante un par de videos en redes sociales, al mismo tiempo que dan a conocer sus motivos y lucha en particular:

“No somos gente de problemas, somos campesinos, nunca hemos peleado con nadie, pero hoy sí necesitamos que nos den el lugar que merecemos, que el gobierno no se haga tonto y sordo, el nivel que sea (…) Nuestro pueblo es uno de los más marginados y olvidados por el gobierno, estamos en una etapa de diálogo (interno), pero ahora con una postura diferente porque nos vamos a defender como pueblo. No es un reto a ninguna organización, pero sí es un llamado también al gobierno porque si es el encargado de la seguridad que se vea por qué no queremos que sigan ocurriendo casos como los ocurridos en Iguala.”

Para la CNDH estas organizaciones, al mismo que rompen el status quo, ya que son ilegítimas en términos legales, sirven de indicadores (para Gobierno estatal) con los cuales pueda medir el alcance que tiene como poder de cierto territorio y población, la legitimidad con que ejerce dicho poder, y el reconocimiento que le otorgan los grupos a quienes pretende gobernar.

En una de sus conclusiones, el informe acusa que: “El uso de la fuerza por parte de los miembros de la sociedad (…) entraña un riesgo fundado de que la espiral de violencia se recrudezca y se constituya en un factor que afecte la gobernabilidad e impida la recuperación de la seguridad pública”. Argumento con el que invita al gobierno de Guerrero a reconocer a dichos grupos armados como “auxiliares” de la tareas de seguridad de las policías municipales y estatales, con el fin de legitimar su postura ante la ley suprema.

A casi un año de la presentación de tan sustancial información por parte del organismo autónomo nacional, se complica toda presunción de desinformación que pudiera articular el Gobierno estatal, así como el Federal, del rompecabezas de redes de poder que se materializó en Guerrero hace más de tres décadas.

Lo que tenía como fin ser un ejercicio preventivo por parte de la CNDH para advertir sobre la similitud de escenarios en que se encontraba Michoacán con sus vecinos del sur (Oaxaca y Guerrero) en cuanto a grupos armados, autodefensa y lucha popular (ilegítima, según la postura institucional) en contra de la delincuencia organizada, se puede ver hoy como un mapa de reconocimiento y localización de los agentes políticos que han crecido al margen de los tres órdenes de gobierno en más de la mitad de municipios, en un solo estado.

Son variados y complejos los vacíos de poder que se desarrollaron -algunos como consecuencia de la Guerra Sucia- en la región que hoy comprende Guerrero, en el mediano plazo, con los que se puede entender la ausencia de un gobierno que hiciera valer leyes dentro de una población que lo mantiene como un ente ajeno. El núcleo del poder de estado, además, promovió la corrupción como la excepción de la regla, en la aplicación irrestricta de la ley que defendía, pero que no materializaba.

Gracias a este desarrollo particular del gobierno, al haber relajado sus propios mecanismos de control, le ha otorgado un momento histórico a las Escuelas Normales Rurales del país, las autodefensas y a un Ejército Popular Revolucionario. Este último ávido de ver mermados a los batallones del Ejército Nacional, que fueron instalados ahí para mantener una guerra de baja intensidad con todos esos grupos antisistémicos.

En conjunto han empujado la idea de “crimen de estado”, “detenciones políticas”, “movilización y lucha popular”. Y van ganando. ■

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