Invitados por Ciudadano en Apoyo a los Derechos Humanos AC.(Cadhac), nos volvimos a encontrar en Monterrey, Nuevo León, este fin de semana, varias organizaciones de la sociedad civil, procedentes de diversos estados de la República, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Baja California, Michoacán, Veracruz, México Distrito Federal, Tamaulipas y Zacatecas, con una agenda común orientada hacia la construcción de la paz con justicia y dignidad, y abocándonos a un tema que nos ha llevado tres encuentros, analizar y planear una agenda común, con líneas de acción compartidas, dirigidas a apoyar a los familiares en la búsqueda de personas desaparecidas, tanto en el caso de desapariciones forzadas, como de desapariciones en general.
Revisamos los retos del acompañamiento psicosocial a las familias-víctimas, las iniciativas de ley relacionadas con las desapariciones forzadas, la de declaración de ausencia por desaparición, y las leyes estatales de víctimas. Así como el análisis relacionado con el cuestionamiento al registro de personas desparecidas, y la necesidad de elaborar un mapeo situacional desde las propias organizaciones de la sociedad civil.
Cada organización, dio cuenta de… ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos ha ido en este último tiempo?, donde la contextualización es parte del aprendizaje dentro de la red.
Un tema obligado fue el relativo a las estadísticas de las personas desparecidas, con las nuevas cifras –proporcionadas por las autoridades mexicanas-, ante ello se mantuvo la posición de cuestionar, de manera consistente, con una metodología robusta y con datos confiables, que demuestren, las inconsistencias con que el gobierno, está manejando dichas cifras, para minimizar la magnitud -y la continuidad- de este grave problema (desapariciones forzadas y desapariciones en general), que se mantiene a niveles –probablemente menores- pero, con todo y ello, inaceptables, por más que a nivel de la percepción pública se considere que la inseguridad vaya -tendencialmente- disminuyendo. De este modo, constatamos qué, a pesar de las políticas públicas implementadas-, la “realidad resiste”, tal y como se demuestra en los diversos “informes sombra” presentados ante los funcionarios responsables del Alto Comisionado de la Comisión sobre la tortura, y, también del Alto Comisionado sobre las desapariciones forzadas (aquellas cometidas por agentes estatales). Un ejemplo relevante, es el Informe sobre los niños huérfanos de la violencia, presentado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, donde se aborda la forma en que los niños y niñas han sido -y son- afectados, hasta tal punto, que las secuelas que tiene sobre ellos y ellas, (el hecho de tener un familiar desaparecido, o asesinado, o víctima de un secuestro), representa una carga, marca, o estigma, subrayados en este tipo de informes.
Otro punto, que tiene gran importancia, desde la perspectiva de las organizaciones participantes, es el de la Ley General de Desapariciones Forzadas, que ha sido objeto de un intenso trabajo por parte de los defensores de derechos humanos. O, el de tipificación de la desaparición forzada, tema enfrentado a diversos contratiempos, y en algunos casos, (Veracruz) tergiversados hasta el grado perder su utilidad jurídica, al ser modificados por legisladores, que desvirtúan -de ese modo- la necesidad de establecer sanciones a los servidores públicos (agentes de la fuerza pública, funcionarios involucrados, etc.), cuando estos hayan sido responsables directos -o indirectos- de las desapariciones forzadas.
Una constante del análisis, ha sido el señalamiento de una tendencia vista con preocupación, lo que un compañero conceptualiza como el ascenso de la criminalidad institucionalizada, fuente, desde un punto de vista consensado, de una serie de graves violaciones a los derechos humanos.
Abordamos también, la ley para la declaración de ausencia (por desaparición), expresado por un compañero de Cd. Juárez… “en todos lados, al ir a pagar el agua, etc., no falta una persona, que termina por contarnos, que no puede arreglar nada, ni el salario y/o pensión, ni disponer del patrimonio, las escrituras de la casa, ni liberarse de las deudas, o de los intereses de las mismas, dejadas por el familiar desaparecido. Todas ellas, cuestiones imposibles de poner en orden, a favor de los afectados, debido al “limbo legal” en que se encuentran. Según las leyes vigentes, se requieren uno o dos años, para la presunción de ausencia, y de otros dos, o más, para la de presunción de muerte. Legislar a favor de las familias-víctimas, mejorando la justiciabilidad, es un logro de Cadhac y la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, que podríamos emular en Zacatecas.
Imposible agotar aquí la riqueza de las participaciones. Al final, analizamos el alto riesgo que actualmente corren los defensores de derechos humanos, revisando varios casos: el reciente asesinato de Sandra Luz en Sinaloa, y las amenazas, hostigamiento e intimidación a Raymundo Ramos, Anaís Palacios, y Miguel García Leyva, que ellos mismos expusieron, junto a las estrategias de protección, lo que funciona y lo que no funciona.
Regresaremos al tema. ■
