Para proteger las tierras de alta productividad en México y evitar el cambio de uso de suelo, y que miles de hectáreas se conviertan en fraccionamientos habitacionales, se hace necesario impulsar toda suerte de medidas e iniciativas para prohibir la urbanización de esos terrenos.
Esas zonas deben ser destinadas única y exclusivamente para garantizar reservas estratégicas, la producción y productividad de alimentos, que den seguridad y soberanía alimentaria.
Considero -al igual que otros- una necesidad regular, desde el nivel federal, el aprovechamiento de estos terrenos, para que los gobiernos estatales y municipales establezcan en sus legislaciones de desarrollo urbano, la protección de tierras cuyas características sean para la producción agroalimentaria y la protección de los ecosistemas.
De esta forma, las autoridades locales delimitarán con barricadas físicas las tierras destinadas a la alta producción alimentaria y preservación ecológica.
La propuesta no está en contra del desarrollo ni de la derrama económica que pueda generarse; tampoco tiene el propósito de lesionar la autonomía de los municipios, la cual se respeta y reconoce, sino garantizar, en el futuro, la adecuada generación de alimentos para la población.
El objetivo es muy claro: proteger las tierras de alta productividad alimentaria, a través de un freno legal que prohíba su urbanización, y sean destinadas única y exclusivamente para producir alimentos, es decir, establecer una planeación correcta de las grandes urbes para que no afecte a los terrenos agrícolas.
“La urbanización tiene muchos años y no se ha hecho nada, porque llegan los fraccionadores legales e ilegales y quitan las tierras a los ejidatarios o a los comuneros; les hacen ofertas por sus terrenos, y un campesino que nunca ha visto cierta cantidad de dinero junta lo deslumbra y lo convence rapidísimo de vender y eso ha alentado que, en lugar de sembrar alimentos, estemos sembrando casas”, sostiene la diputada Maricruz Cruz Morales.
En otro orden de ideas, las empresas constructoras podrían disponer de otros terrenos, pero no donde se producen alimentos. Estas medidas buscarían salvaguardar y apoyar las acciones para que México realmente logre la soberanía alimentaria, perdida hace muchos años, y deje de depender del extranjero, ya que las importaciones superan las 300 mil toneladas anuales.
En el largo plazo, las azoteas de las casas no van a ser suficientes para que el país recupere la producción de alimentos. Si no se cuidan esas tierras desde ahora y se ordena a los ayuntamientos y los gobiernos estatales no autorizar el cambio de uso de suelo y no emitir las licencias para construir casas en zonas productoras de alimentos, si no logramos eso, será complicado detener la mancha urbana.
De manera planificada, los tres niveles de gobierno deben regular y proteger las tierras de alta productividad. No hacerlo, denotaría falta de compromiso con el sector primario y con la preservación ecológica, además de provocar pérdida de vidas y daños materiales provocados por fenómenos meteorológicos.
La creciente urbanización alberga a 70 millones de personas en las grandes zonas metropolitanas del país; es decir, el 62.5 por ciento se asienta en 383 localidades de más de 15 mil habitantes. El resto de la población, cerca de 40 millones de mexicanos, vive en aproximadamente 180 mil localidades rurales menores a 2 mil 500 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Es necesario reflexionar sobre el proceso de expansión urbana en el campo de México, porque ha afectado el desarrollo rural, el cual no ha generado las condiciones para dinamizar al sector agrícola y radicar a su población. El desarrollo urbano se ha caracterizado por ser deficiente en su control de expansión.
De no controlarse, la expansión urbana seguirá provocando asentamientos en tierras de alta productividad alimentaria de forma irremediable, por lo que debe detenerse el urbanismo sin planeación, para asegurar la soberanía alimentaria. ■
