A escasos 5 meses de instalada la actual Legislatura del Estado ha venido acumulando deudas importantes con la sociedad. La última es la que se deriva de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le ordena reponer el procedimiento de designación de los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado (IEEZ), luego del escándalo generado por la captura de ese órgano por militantes de los partidos políticos, que no entienden el papel diferente que deben desempeñar en los procesos electorales los contendientes y los árbitros.
Los diputados están obligados a escuchar el reclamo generalizado y designar a personas independientes de los mismos que cumplan con los requisitos de idoneidad para el cargo. No será aceptable que repongan el procedimiento solo para designar a los mismos.
Otra deuda se refiere a proporcionar la información acerca del indignante asunto de la compra venta de votos, y la disposición ilegal y abusiva de las llamadas “herramientas”, ocurridos en la anterior Legislatura. Los actuales legisladores no deben apostar por el borrón y cuenta nueva en el tema, pues sería el primer paso en el camino de la profundización de la corrupción en el Poder Legislativo. Ellos, como representantes populares, están obligados a informar en detalle y a tomar las medidas legales que correspondan.
Asimismo deben cumplir su promesa de legislar en materia de fiscalización y transparencia, creando un verdadero Tribunal de Cuentas autónomo, aprobando la Ley para limitar los ingresos de los servidores públicos y de los organismos autónomos, y creando las condiciones necesarias para fomentar la participación social en observatorios ciudadanos. No deben olvidar que la corrupción es la madre de todos los vicios y se debe enfrentar como nunca se ha hecho.
De igual manera, ya es hora de que atiendan la necesidad de corregir las tonterías llevadas a categoría de ley por la anterior Legislatura, en materia de consulta ciudadana, iniciativa popular y candidaturas independientes. Zacatecas no merece tener, en este último tema, el peor modelo que se puede tener en México, según lo afirmaron varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace poco más de un año. Es necesario que los Legisladores pongan al corriente el marco jurídico en materia de derechos humanos.
Por último, vale la pena que piensen en crear un equipo especial de trabajo para abordar la gran cantidad de asuntos contenidos en la recién aprobada reforma constitucional en materia política, y no olvidar el compromiso con los maestros de desarrollar un proceso participativo para elaborar la nueva Ley Estatal de Educación, que debe contemplar el modelo educativo más idóneo para la entidad.
