PGJEZ debe iniciar de oficio una investigación por presunta corrupción en la 60 Legislatura

PGJEZ debe iniciar de oficio una investigación  por presunta corrupción en la 60 Legislatura

■ Publicación del audio en el que se escucha a ex diputados ya constituye una denuncia

■ Sugiere a ciudadanos reunir firmas e ir con el procurador a presentar la denuncia: González

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) debe iniciar de oficio una investigación sobre el presunto caso de corrupción suscitado en la 60 Legislatura local, aseguró el ex procurador Aquiles González Navarro.

Explicó que la publicación del audio en el que se desvelan estas supuestas prácticas ilegales, y que además fue difundido por algunos medios de comunicación, ya constituye una denuncia que obliga a las autoridades de Zacatecas a iniciar las averiguaciones previas correspondientes.

En estos hechos, agregó, también tiene que participar la Auditoría Superior del Estado (ASE).

“Lo inmediato es abrir la averiguación previa en la Procuraduría y que la Auditoría Superior entre a analizar pericialmente el problema y, en conjunto, determinen si ejecutan la acción penal o no. Y si se necesita que lo hagan, que los consignen, que se les procese y se les castigue. Y eso deben de hacerlo de oficio porque la denuncia es pública”, expuso.

El ex procurador de Justicia del estado explicó que, de la grabación publicada esta semana, se derivan tres delitos distintos. El primero, precisó, es el de peculado, en el que se ven involucradas tanto las personas que otorgan el dinero público como quienes lo reciben; “el Código Penal establece que son responsables de los delitos los que lo cometen por sí, los que motivan a otros a cometerlo o los que lo cometen sirviéndose de otro; hasta allá tendría que ir una averiguación”, añadió.

El segundo tipo de delito que se deriva es electoral, puesto que en el audio se habla de un supuesto pago de dinero a los ex diputados que dejaron su cargo para irse de candidatos en las pasadas elecciones locales.

“Ahí hay un delito electoral porque el gobierno, por medio de la Legislatura, está asignando recursos para candidatos que van a campaña a contender en condiciones de inequidad ya en contra de otros que no tienen ese recurso”, explicó González Navarro.

Y por último, se advierte el delito del abuso de poder, “porque además los diputados estuvieron asignándose 200 mil pesos mensuales para una supuesta gestión y nunca rindieron cuentas”.

No obstante, si estos argumentos no son suficientes para las autoridades, precisó, se le debe hacer un llamado a la sociedad a ser responsables y a unirse porque los propios ciudadanos tiene la posibilidad de ser quienes interpongan la denuncia formal ante la procuraduría.

En este sentido expuso: “Yo creo que se debe invitar a los ciudadanos a reunir firmas y acudir con el procurador a presentar la denuncia para que no tengan pretexto. (…) Si no somos responsables los ciudadanos y no lo hacemos, también esa pasividad, esa omisión, es corresponsable si no denunciamos los hechos”.

Sin embargo, insistió en que estas acciones son únicamente las que habrían de llevarse a cabo de manera inmediata, puesto que para lograr una solución a fondo del problema de la corrupción y la impunidad sería necesario presentar una reforma de Estado y esto tiene carácter de urgente, puntualizó.

La necesidad de modificar las leyes radica, comentó, en que la actual estructura jurídica de México y, por supuesto la de Zacatecas, “está hecha para que haya impunidad”.

Esta reforma, explicó, debería tener cuatro ejes fundamentales. El primero es el de crear un tribunal de cuentas autónomo, que no dependa ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo, y que tenga facultades jurisdiccionales.

Esto serviría, agregó, para eliminar los problemas que en estos momentos existen al tener una Auditoría Superior del Estado que depende de los legisladores, donde “los diputados son los patrones del auditor. Por eso el auditor Brito acaba de declarar: ‘yo voy a irme a la investigación hasta donde los diputados me permitan llegar’. Y no lo van a permitir”.

También se tiene que lograr, a través de esta reforma de Estado que debe proponerla el gobernador Miguel Alonso Reyes, que la PGJEZ tenga una autonomía técnica y no esté a expensas del jefe del Ejecutivo porque, de la manera en la que opera actualmente, “si el gobernador no le deja abrir esa averiguación (al procurador Arturo Nahle García), no la va a hacer, no la va a abrir. O la abre pero no la deja avanzar, la deja congelada prácticamente”.

Otro de los aspectos que debe reformarse urgentemente es el de la Ley de Transparencia que en la actualidad lo único que motiva es “la no transparencia”.

En este sentido, puntualizó, es necesario que en esta legislación se establezca que no puede haber ninguna información confidencial como ahora existe, salvo la que tenga que ver con la seguridad pública, la seguridad nacional y la vida privada.

También es fundamental, añadió, reformar de fondo el Poder Judicial para que los magistrados no sean nombrados por el Ejecutivo, sino por un consenso entre los propios integrantes de este poder.

Por todo ello, concluyó que el actual mandatario estatal Alonso Reyes “tiene la oportunidad histórica de demostrar que quiere cambiar las cosas. Si no lo hace, pues será como uno más de los gobernadores y vendrán otros haciendo lo mismo”.

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