24 años sin un sistema de protección de derechos de la infancia

24 años sin un sistema de protección de derechos de la infancia

Para el más pequeño Raymundo

“Queridos hermanos y hermanas, recordad una cosa. Hoy no es el día de Malala, sino el día de todas las mujeres, todos los niños, todas las niñas que han alzado su voz para defender sus derechos. Hablo, no en mi nombre, si no en el de todos los niños y niñas”.
“Hacemos un llamamiento a todos los líderes mundiales para que todos los acuerdos de paz protejan los derechos de las mujeres y los niños. Un acuerdo que vaya contra la dignidad de las mujeres y sus derechos es inaceptable”.
“Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos aseguren educación gratuita obligatoria para cada niño del mundo”.
“Pedimos a los gobiernos que luchen contra el terrorismo y la violencia para proteger a los niños de la brutalidad y el peligro”.
MalalaYousafzai ante la Asamblea de la ONU

Esta semana pasará por México Alejandro Morlachetti, posiblemente el académico que mejor conoce la situación actual de los sistemas nacionales de protección a la infancia en América Latina y el Caribe, para dictar una conferencia magistral en el Foro “Desafíos para la implementación municipal de un nuevo Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México”, el cual se llevará a cabo en el Senado de la República el próximo 16 de julio.

Quizá, para nosotros, el dato más relevante del trabajo de Alejandro, consultor de Unicef y CEPAL, pero sobre todo un hombre atento a la evidencia e intelectualmente honesto, es la constatación de que México, a estas alturas del siglo 21, no cuenta con un sistema de protección integral de la infancia.
Asumiendo “la diversidad de instituciones, desde consejos nacionales, direcciones generales, ministerios e institutos especializados todos con diferentes niveles jerárquicos y variados niveles de autonomía política, técnica y financiera”, Morlachetti identifica a 15 países que cuentan con algún tipo de sistema encargado de “la rectoría, la formulación de políticas y programas sobre infancia y adolescencia”. De una manera u otra en estos países –entre los que se cuentan Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua– existe un sistema rector y articulador de instituciones y subsistemas obligados a garantizar los derechos de la población de 0 a 17 años, cosa que no ocurre aquí.

De acuerdo con el informe “Sistemas nacionales de protección integral de la infancia: fundamentos jurídicos y estado de aplicación en América Latina y Caribe”, en ese grupo no se incluyen países en los cuales “no se puede considerar que se esté ante sistemas de protección fundamentados en leyes de protección integral, y en cuyos casos se destaca la ausencia de una instancia con autoridad y competencias suficientes que incluyan la capacidad de coordinar efectivamente el sistema de protección integral, así como que articule con otros sistemas como el de protección social, el de salud, el judicial, entre otros que son muy relevantes para la promoción y protección de los derechos de toda la infancia y adolescencia.”

En el caso de México, señala Morlachetti en su estudio, “si bien existe una Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la misma no se establece un sistema de protección, y las políticas y programas de infancia dependen del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que es una institución de asistencia social que depende de la Secretaría de Salud y sin competencia para obligar y/o articular a otras secretarias.”

Así de claro, así de sencillo. Sin aspavientos. Desde una perspectiva que compara las distintas propuestas en América Latina. De ese tamaño es nuestro déficit en materia legislativa y de política pública, cosa que en buena medida mantiene las profundas desigualdades y masivas violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes de México en todos los ámbitos, como lo muestra la evidencia que ofrece el “Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia”www.odisea.org.mx

México firmó la Convención de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989. El 19 de junio de 1990 el Senado de la república ratificó su adhesión.
Sin duda la Ley de Protección del año 2000, como señala Morlachetti, constituyó un avance en su momento, “pero yadesde su emisión se anticipaba la carencia de mecanismos para asegurar la efectividad de susdisposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles de gobierno responsablesde garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia.”

Durante estos años elSistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, una institución fundada 1977 durante la administración del presidente José López Portillo, se transformó más en el discurso que en la práctica en cuanto a la dirección y operación que marcanlos instrumentos firmados por México.

El hecho es que los derechos enunciados en la ley de 2000, y en todas las leyes de infancia promulgadas en los estados, no se han reflejado en una nueva institucionalidad acorde con la obligación del Estado de garantizar la efectividad de todos los derechos para todos los niños en toda la república.
Por eso celebramos que el Congreso, en el artículo 73, fracción 29-P, asumiera su responsabilidad y se otorgara el 12 de octubre de 2011 la facultad para “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.”

A este mandato autoimpuesto debe hacer honor el Congreso. La reforma por venir será tan grande o tan chata como ahí se decida. Les recordamos que la CDN se firmó hace 24 años y que en este 2013 seguimos careciendo de un sistema integral de protección de los derechos de la infancia y que, por tanto, estamos más atrasados que Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, entre otros 15 países.

La reforma al artículo 1 constitucional nos obliga a rechazar la cultura política de los “derechos de papel” y de la institucionalidad estancada. El propio presidente Peña Nieto señaló, precisamente en el 96 aniversario de la promulgación de la Constitución, “que aún hay derechos para una gran parte de los mexicanos que sólo se mantienen en el papel.” Y una gran proporción son niños.

Nosotros no estamos de acuerdo en echarnos otros 24 años sin un Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Queremos un imperfecto, pero verdadero paso adelante.

Nos gustaría que 23 años después de que el Senado de la república ratificara la CDN, ahí mismo comenzara el inicio del cambio.

Bonito se vería el Senado haciendo oídos sordos a la reflexión y la evidencia que mostrará Alejandro Morlachetti con base en su el espléndido trabajo.
Bonitos nos veríamos ODISEA, A.C. y la REDIM aceptando de brazos cruzados una situación legal, institucional y moral insostenible, demostrada por Alejandro Morlachetti y marcada por los datos que ofrece el “Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia”.

Bonitos nos veríamos olvidando a las niñas y adolescentes de la comunidad de Lázaro Cárdenas, municipio de Villanueva, Zacatecas, que se arriesgan a la extorsión y al secuestro para asistir a la escuela e impedir el cierre de la telesecundaria de Tuxtuac.http://tinyurl.com/nh93v4p
Bonitos nos veríamostraicionando el ejemplo de coraje y valor de Malala, símbolo de la convicción profunda por la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en todo el mundohttp://tinyurl.com/ntfbdrqhttp://bit.ly/1aD8wwO

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