En su carácter de presidenta de la Mesa Directiva de la 64 Legislatura, la diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera rindió, frente a representantes de los diversos poderes, el Segundo Informe de Actividades de la Legislatura del Estado de Zacatecas correspondiente al periodo de septiembre de 2022 a septiembre de 2023, señalando en su mensaje que no coincide con las afirmaciones de que ha sido un año de escasa productividad, aunque reconoció que falta mucho para estar por encima de los índices y porcentajes de los que se presentan.
“Los congresos locales somos parte de un engranaje o arquitectura constitucional en la que, de una u otra forma, las piezas se entrelazan e interrelacionan. En ese sentido, nuestra agenda legislativa no solo se nutre de las iniciativas propuestas por las y los diputados, o bien, los grupos parlamentarios que integran esta asamblea, sino de las presentadas por el titular del Poder Ejecutivo, municipios, organismos autónomos e inclusive, por ciudadanas y ciudadanos. De igual forma, de las iniciativas que derivan de las estrategias, objetivos y metas previstas en el Plan Estatal de Desarrollo”, dijo en su mensaje la legisladora.
De manera pormenorizada, la presidenta de la mesa directiva dio cuenta de las actividades desarrolladas por el Poder Legislativo durante su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, destacando la realización de tres parlamentos juveniles, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, así como para incluir los mecanismos 3 de 3 contra la violencia y la figura de Revocación de Mandato.
Asimismo, refirió entre los resultados, las reformas hechas a la Ley del Servicio Civil, para establecer como causal de rescisión de la relación laboral, el acoso y hostigamiento laboral; la reforma que permitió tipificar la violencia vicaria; y la aprobación del protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género en la Legislatura.
Durante el periodo que se informó, también fueron aprobadas leyes como la de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios, para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno, y de la Preservación del Arbolado Urbano.
