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martes, 22 abril, 2025
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Asumiendo, por vocación o mandato popular, las consecuencias de la elección presidencial

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Por: BENJAMÍN MOCTEZUMA LONGORIA •

La fracción conservadora de nuestra clase política mexicana vive las consecuencias del autoengaño. Mintieron tanto que hicieron de sus fantasías su propia “verdad”. México lleva otro sendero. No logran entender, y aceptar, que la transformación está cimentada en las bases de la sociedad, de la que brotan aires de cambios y es generadora de las principales fuentes de poder público.

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Ejemplos de ignorancia, o de verborrea ideológica sin sustento sociológico y/o legal, los vemos en politólogos, políticos, comentólogos y hasta en las ponencias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña y Luis María Aguilar, quienes se oponen a la elección de jueces, magistrados y ministros por el sufragio popular, arguyendo que el pueblo puede cometer errores y elegir a personas no aptas o relacionadas con la criminalidad. Chequen los llamados Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, organizados por la Cámara de Diputados.

En los años posteriores a 1521 los españoles justificaron la invasión a Mesoamérica (que osaron llamar La Nueva España) afirmando que en estas tierras había salvajes a los que rescataron con la civilización. Esa ideología reaccionaria, oculta y justifica actitudes clasistas, graves atracos, injusticias, discriminación y desigualdades sociales. Parte del supuesto falso de que la mayoría de la sociedad (excepto la clase política y potentados económicos) es incapaz de tomar decisiones y gobernarse. Suponen que ha de ser una clase social muy especial la que ha de hacerse cargo de esa tarea. No ocupan decir que se sienten una raza humana especial, por eso el poder judicial está repleto de nepotismo. 

El 5 de febrero de 1857, la clase gobernante de México, de corte progresista, había superado la concepción social excluyentemente clasista. Nuevamente, durante los 36 años de políticas neoliberales (1982-2018), volvió a retoñar, enraizarse y retrogradar en la vida pública del país. Esa concepción de 1857 se elevó a precepto legal, se respetó en la Constitución de 1917 y dice:

“Artículo 39 La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

El concepto de soberanía así expuesto no se refiere solo a la relación de México con el mundo, en ese tiempo siempre amenazado por el extranjero, sino también al tejido de relaciones sociales internas, en especial las de corte político-legal-administrativas. Es un precepto legal anticlasista y democrático que estorba al clasismo y a las vocaciones neocolonizadoras. Los ministros arriba señalados, con todo y sus altos grados de conocimientos legales, tratándose del Artículo 39, exhiben ignorancia y/o una postura anticonstitucional.

Desde la teoría del conocimiento, la postura conservadora sugiere que la clase política-administrativa, como la oligarquía económica son creadoras del resto de la sociedad. Machucones económicos, especialmente los acostumbrados a no pagar impuestos como Salinas Pliego, aseguran que ellos crean la riqueza nacional cuando la realidad es que sólo administran la apropiación de la riqueza producida por sus trabajadores, la especulación financiera y la evasión fiscal. Otros, como los políticos de lo que queda del PRIANRD casi dicen que sus gobiernos crearon a la sociedad y no que ellos son un resultado social. O que el Estado de Derecho es el fundador social y no a la inversa. Sostienen que “la ley es la ley”. Una especie de espíritu creador. La realidad es que la ley sólo es la norma que históricamente la sociedad crea para regularse y que antes que la ley está la soberanía popular reconocida en la misma ley (Artículo 39 constitucional).

De ahí quisieron argumentar que el INE no se toca, que la SCJN no se toca, porque actualmente son los escondrijos donde ocultan la antidemocracia, fraudes electorales, imposiciones maquilladas de legitimidad, privilegios, injusticias discriminatorias y clasistas, corrupción y el entreguismo de nuestra soberanía al extranjero. Todas expresiones del neocolonialismo, al que conocemos como neoliberalismo.

Toda esa falsa conciencia ha sido puesta en evidencia por la reciente elección presidencial, muy a pesar de la cargada propagandística de los medios monopólicos de la comunicación, partidos políticos, estructuras de instituciones montadas en el pasado reciente, la oligarquía conservadora, fracciones reaccionarias del clero y los intelectuales que han sido afines a esa forma de organización de la sociedad a la que estamos dejando como parte de nuestra historia.

Por eso, la elección presidencial no fue una más, sino un refrendar el proceso de transformación y un acto de soberanía popular, en términos de la concepción hecha precepto legal en el artículo 39, de la que emergieron decisiones de la sociedad y cuyas consecuencias se asumirán por convencimiento, vocación o simplemente por mandamiento de la sociedad.

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