Las calificadoras internacionales evalúan a los gobiernos en torno al balance fiscal y a los niveles de endeudamiento para ver si tienen condiciones de asegurar el pago de la deuda, debido a que responden a los intereses de los acreedores. Si una economía tiene alto déficit fiscal y relación de endeudamiento (deuda pública respecto al PIB), le bajan el grado crediticio ante el riesgo de no poder cubrir el pago de sus deudas.
El viernes 16 de mayo 2025, la calificadora de riesgo Moody’s rebajó la nota crediticia de Estados Unidos (EUA), debido a que ha incrementado su déficit fiscal y la deuda pública. La calificadora señala que los aranceles que se han impuesto a las importaciones afectarán el crecimiento de EUA. Calificadoras como Standard & Poor’s y Fitch Ratings, ya le habían bajado la calificación a EUA en años pasados ante el riesgo de incapacidad de pago de la deuda. La misma actitud han tenido las calificadoras frente a Japón. Constantemente le bajan su calificación crediticia por tener déficit fiscal y una relación de endeudamiento que supera el 200%. El gobierno japonés se ríe de la posición de las calificadoras, debido a que su deuda está en yenes y por mucho tiempo la tasa de interés ha sido negativa y actualmente es de 0.5% y no implica ningún problema de pago de su deuda, tanto porqué está en su moneda y la tasa de interés está por debajo de su crecimiento económico. En el caso de EUA su deuda está en dólares y se refinancia permanentemente. Todo mundo acepta la deuda emitida por el gobierno de EUA, pues es solvente y el déficit fiscal está encaminado a incrementar demanda para reactivar la economía y así poder recaudar más para reducir el déficit fiscal y la deuda. La deuda se paga gastando para reactivar la economía y así contar con recursos para pagarla. En cambio, las calificadoras internaciones recomiendan políticas de contracción del gasto público para evitar caer en déficit fiscal y en problemas de pago de la deuda. La restricción del gasto público y del déficit que ellas recomiendan, contrae la actividad económica, el ingreso nacional y la recaudación tributaria, por lo que no se logra el objetivo de reducir el déficit fiscal y la deuda pública.
El cuestionamiento que hace la calificadora Moody’s a los aranceles impuestos por EUA a las importaciones, de que afectarán el crecimiento, es otra injerencia contra el manejo soberano del gobierno en torno a su política económica. Las agencias internacionales presionan con sus calificaciones para que los países no instrumenten políticas que puedan afectar los intereses de los acreedores y de las empresas internacionales. Los gobiernos no tienen que ceñirse a las directrices de las calificadoras y deben instrumentar políticas para retomar el desarrollo industrial y de su economía.
La calificadora Moody’s prevé mayores déficit fiscales en los próximos años y de ahí su insistencia a que el gobierno y el Congreso de EUA los reduzcan. Si la economía estadounidense no creció en el primer trimestre del 2025 y está cayendo el consumo e inversión del sector privado, así como las exportaciones ante la desaceleración de la economía mundial, como ante el establecimiento de aranceles por parte de los países que están siendo afectados por los aranceles establecidos por EUA, ello obliga al gobierno a incrementar su gasto deficitario para contrarrestar las variables que están desacelerando su economía a fin de incrementar demanda y retomar la dinámica económica.
La declaración de la calificadora Moody’s de que los aranceles afectarán el crecimiento de largo plazo de la economía de EUA refleja que está a favor del libre comercio, con el cual EUA y muchas otras economías perdieron frente a China y a los países del Sudeste Asiático, dada la mayor productividad de éstos. Es lógico que el gobierno estadounidense trate de proteger y retomar el desarrollo industrial estableciendo aranceles a las importaciones y a través de ello alcanzar mejores condiciones comerciales para reducir el déficit de comercio exterior e impulsar su crecimiento económico, por lo que dicha calificadora no debe reducir el grado crediticio por el establecimiento de aranceles, a pesar de que ello vaya contra la política neoliberal de libre mercado que ella promueve. No hay que olvidar que las calificadoras internacionales fueron responsables de la crisis financiera internacional del 2008-2009, las cuales calificaron con triple AAA (libres de riesgo) a los títulos financieros que no tenían respaldo alguno emitidos por las instituciones hipotecarias, que llevó a muchos bancos e inversionistas a comprar dichos títulos, pues las calificadoras dijeron que estaban libres de riesgo. La crisis evidenció que no tenían valor alguno, lo que descapitalizó los activos financieros que resultaron incapaces de hacer frente al pago de la deuda y de ahí la crisis. Lo mejor que podría pasar es la desaparición de dichas calificadoras que atentan contra el manejo soberano de la política económica por parte de los gobiernos y los ha llevado a alinearse a los dictámenes de política económica a favor del sector financiero y ello ha sido la causa de las crisis económicas frecuentes en que hemos caído y al contexto de desaceleración económica que venimos arrastrado desde hace años.
