El 18 de marzo de 2015, cuando la segunda huelga más larga en la historia de la UAZ se daba por ganada de parte del Comité Ejecutivo del SPAUAZ, en el convenio de levantamiento, en la cláusula segunda titulada “En materia de seguridad social”, se acuerda lo siguiente: ”El Gobierno del Estado, con la finalidad de apoyar a la institución emplazada, para garantizar el pago de la misma, está en condiciones de anticipar partidas del subsidio estatal por un importe de 7,000,000.00 (…) mensuales, hasta en tanto se resuelva el apoyo económico para este concepto, por el ejercicio dos mil quince como garantía de la seguridad social de los trabajadores académicos, mismos que se depositaran en la cuenta número (…), del Banco Mercantil del Norte S A., con el compromiso de no mover ese recurso a un fin ajeno al de la seguridad social…” . Es claro que el Gobierno del Estado aportará el dinero directamente del subsidio estatal ordinario de la UAZ, no es un dinero que saldrá de otra parte e incrementará el presupuesto, antes al contrario, es una medida que decrece el presupuesto ordinario y agrava la situación financiera de la universidad. Así que para septiembre de 2015, el último mes que realizó el depositó el Gobierno del Estado, ya había un faltante de 63 millones de pesos en el presupuesto ordinario estatal, que se suma al déficit crónico e impide el pago de prestaciones. La primera situación confusa consiste en que el reclamo acerca de la ausencia de pago en los meses de octubre, noviembre y diciembre no se le hizo nunca al Gobierno del Estado, ya que según el texto del laudo era el sujeto que debía realizar el anticipo. El comité ejecutivo nunca planteó que haya habido un incumplimiento de parte del gobernante local, se asume, sin ninguna prueba, que el Gobierno del Estado cumplió y fue en la rectoría donde el dinero se desvió. La segunda situación confusa está en que la cuenta en la que se depositó el dinero no tiene ninguna restricción. El texto no dice si es mancomunada, si es exclusivamente de la UAZ, o alguna otra cosa, ¡no afirma o niega nada!. Así que no hay ninguna obligación de las partes al respecto. La sospecha de que tales depósitos estaban a disposición de la rectoría siempre estuvo ahí, y fue minimizada, cuando no satanizada, por el Secretario General del SPAUAZ. Él aseguraba tener todo bajo control, o se comprometía a tenerlo bajo control. Por eso metió un amparo, y recientemente una denuncia penal por “peculado” contra el rector, sus allegados y quién resulte responsable porque, al final, hubo retiros de esa cuenta que no tomaron en cuenta la voluntad de las bases del SPAUAZ. Lo que sí queda claro es que la cuenta estaba a nombre de la rectoría, que el Comité Ejecutivo nunca tuvo la capacidad de negociar otro tipo de arreglo, y que su impericia en el manejo de las negociaciones al momento del levantamiento los llevó a aceptar una redacción benéfica para la patronal y lesiva para los intereses de los agremiados. En pocas palabras, lo que ganamos todos los universitarios en 28 días de huelga se perdió en un momento de debilidad de los dirigentes –o de negociación al margen de los agremiados. i.e. de corrupción-. Todo esto le resta credibilidad a la dirigencia sindical, erosionándose la poca legitimidad que alguna vez tuvieron. Y menguara aún más cuando, a semejanza del comité ejecutivo previo, también salido del mismo grupo Universidad, nada ocurra con esa demanda penal. Se revelará como una cortina de humo, un distractor, un escarceo bajo la mesa en las negociaciones por la rectoría. Si recordamos, se intentó en el comité ejecutivo previo, comandado por el hoy candidato a rector Antonio Guzmán Fernández, interponer una demanda penal contra su actual aliado, Francisco Javier Domínguez Garay, y contra el actual rector. Se recolectaron firmas y al final se desistió por “falta de animo de los docentes”. Es decir, fue un cuento que nos contaron, nada más. Hoy estamos de nuevo así: se interpone una demanda penal, se dice “misión cumplida” y no pasará nada. El dinero no volverá, nadie irá a la cárcel, no se pagará la seguridad social y los “logros” de dos comités ejecutivos se mostraran como ilusorios. En 2014, apareció en librerías, casi en secreto, una edición de tres libros de ensayos de Federico Campbell titulada “La era de la criminalidad”. Uno de los ejes de todos los ensayos es que el Estado desapareció porque no se cumple la ley –“El Estado es Estado de derecho o no es Estado”-, el otro es que nos gobiernan mediante la mentira, el engaño, la palabrería insustancial. Lo inquietante de esos ensayos es que retratan una situación que se reproduce, de manera inquietante, en todos los órdenes de lo social. Vemos como en nuestra universidad la Ley Orgánica es letra muerta –y lo es desde el momento en que todos reconocen que no funcionan sus órganos colegiados- y también notamos que nos dirigen con ficciones, con datos confusos, con ausencias. El comité ejecutivo asume que existe la universidad, pero no que tenga noticias de ella. ■
El comité ejecutivo del SPAUAZ niega tener conocimiento
