El manejo que Elon Musk hace de Twitter desde que la adquirió a finales de octubre ha pasado de controversial a motivo de alarma después de que la red social suspendió las cuentas de cinco periodistas encargados de cubrir al magnate, entre los que se encontraban trabajadores de medios tan poderosos como The New York Times, The Washington Post y CNN. El acallamiento de los informadores suscitó críticas inmediatas de gobiernos, funcionarios, grupos de defensa de derechos y organizaciones periodísticas de todo el mundo. La jefa de Comunicación de Naciones Unidas, Melissa Fleming, se declaró profundamente perturbada, y manifestó que la libertad de los medios no es un juguete. Si bien los perfiles fueron reactivados tras menos de 48 horas, el daño estaba hecho, por lo que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que persisten serias preocupaciones.
Las justificaciones ofrecidas por el multimillonario no hacen sino reforzar la percepción de que Twitter es administrada sin otra guía que sus deseos y caprichos personales. Según denunció en un tuit, el martes el automóvil en el que era transportado su hijo fue seguido por un acosador loco, quien creía que el propio Musk se encontraba a bordo. El día siguiente, la red social cambió sus términos y condiciones de uso para prohibir que se difunda la ubicación en tiempo real de terceros, y ese mismo día el también dueño de Tesla anunció que tomará acciones legales contra Sweeney y las organizaciones que apoyaron el daño contra mi familia. El aludido, Jack Sweeney, es un estudiante de 20 años conocido por divulgar en redes sociales información sobre los movimientos de los jets privados de multimillonarios (incluidos Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Donald Trump), celebridades como Taylor Swift o Kim Kardashian, y oligarcas rusos. Pese a que Sweeney únicamente facilitaba la vista e interpretación de datos que son de acceso público legal, todas las cuentas de seguimiento de aviones que administraba fueron canceladas, y tuitear acerca de este acto de censura precipitó la mordaza contra los periodistas.
En suma, un incidente privado que, de ser cierto, debe denunciarse ante las autoridades correspondientes a fin de que procedan contra el supuesto hostigador, llevó a una modificación inmediata y sin previo aviso de las reglas que deben observar casi 350 millones de usuarios mensuales de la red social. Los hechos resultan de especial gravedad toda vez que hoy por hoy dicha empresa es mucho más que un sitio de entretenimiento, pues se ha convertido en un sucedáneo de la plaza pública, así como en una herramienta de comunicación indispensable para gobiernos, políticos, corporaciones, medios de comunicación y periodistas.
En menos de dos meses, quien se proclama absolutista de la libertad de expresión ha demostrado no tener reparo alguno para manipular las normas y silenciar cualquier voz que le incomode. Sin embargo, más allá de la inefable conducta del magnate, los sucesos de esta semana obligan a reflexionar en torno al desmedido poder en manos de las compañías de redes sociales y de la arbitrariedad con que pueden llegar a coartar la libertad de expresión.
