Recientemente, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), dio a conocer su Índice de Desempeño Administrativo, en el que aborda la capacidad normativa, de cumplimiento, capital humano y presupuestal, en el año 2022, de trece instituciones del ámbito federal, tanto centralizadas como autónomas. Éstas son: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como las secretarías de Bienestar; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Educación; Gobernación; Salud; y Hacienda y Crédito Público. Todas ellas de la administración pública centralizada; en cuanto a los órganos constitucionales autónomos, el índice incluyó, al Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), al Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El estudio parte de la importancia que tienen las instituciones públicas para la consolidación democrática. Esta premisa, aunque puede resultar obvia, no desmerece atención. La capacidad administrativa de las instituciones se proyecta en el cumplimiento de sus funciones, que son, al final del día, el otorgamiento de servicios y la garantía de derechos para las personas. Sea a través de políticas, mecanismos o procedimientos propios de garantía, es en el funcionamiento del Estado, como la ciudadanía puede dar cuenta de su nivel de satisfacción con el modelo de gobierno que tiene, y no solo de sus gobernantes en turno o del proyecto político imperante, sino en sí, del sistema en conjunto en el que se desarrolla. No hay forma pues de desvincular, la calidad institucional, con el nivel de satisfacción con la democracia que tiene la ciudadanía. Para mayor referencia del desarrollo de esta premisa, recurro al propio documento en cita, en el cual se define a las capacidades administrativas como “conjunto de procesos, herramientas, y recursos que permiten el funcionamiento de las instituciones públicas”; en tanto, el desempeño administrativo es definido como “la calidad y eficacia de las políticas y programas públicos que diseñan, implementa y evalúan las instituciones públicas”, finalmente, el desempeño democrático “constituye el aporte de cada institución al cumplimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho, de acuerdo con su nivel de desempeño institucional”.
Entre los hallazgos más interesantes de los que podemos dar cuenta, están el que, en algunas de las dependencias evaluadas presentan un deterioro en cuanto a sus capacidades administrativas (cuya evolución se puede apreciar en la gráfica de la página 18 del documento); y que, las instituciones autónomas, tienen un desempeño promedio mayor que las dependencias, con excepción del capítulo presupuestal. Es decir, la calidad no va necesariamente ligada al presupuesto. Finalmente, aunque cuatro de éstas instituciones (Cofece, CNDH, INEGI e INAI), muestran una mejora en sus números (particularmente el INAI), Banxico y el INE, muestran una caída.
El propio IMCO reconoce que medir el desempeño institucional sigue siendo complejo por la falta de información homogénea, comparable, disponible y sistematizada en la materia.
Cierro esta colaboración recomendando el Índice de Desempeño Administrativo (IDA) para entender la importancia de las instituciones, su calidad, así como su liga inherente al sistema democrático en nuestro país.
@CarlosETorres_
