El pasado miércoles apareció en las páginas de un diario de circulación Nacional (Milenio), una interesante entrevista a la Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, quien recientemente asumió dicho cargo. Además de recomendar su lectura, me parece pertinente aprovechar la ocasión de sus declaraciones para reiterar el llamado a reformar, y con ello reformular, a los sistemas anticorrupción, que, con los cambios que se han dado en los últimos meses a nivel constitucional, respecto a diversas instituciones que forman parte de su entramado, tiene la oportunidad para, en términos de su propia Presidenta, relanzarse. Y es que no solo se trata de una oportunidad, también es una responsabilidad. Las reformas van más allá de la adaptación de su órgano de gobierno ante la ausencia del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), y el Consejo de la Judicatura, así como sus homólogos locales. El Poder Judicial, en su nueva conformación y modelo constitucional requerirá del acompañamiento del SNA, para incorporar las mejores prácticas y la articulación de esfuerzos para prevenir la corrupción, en cualquiera de sus facetas, en una institución que, como nunca en su historia, estará a prueba.
Vania Pérez no se limita a la autocrítica, pasa también a la propuesta: desde una Ley General Anticorrupción, hasta acciones concretas como la de recuperación de activos, incluir en la normativa una protección a denunciantes mucho más precisa y completa que la que actualmente existe, ir tras las “factureras”, y ampliar las reglas para notarios. Respecto al primer punto habría que analizar sí se requiere una nueva norma de carácter nacional o habrá que impulsar la actualización de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme a la experiencia de ya casi una década de su aplicación, así como el llamado a la reflexión para las entidades federativas, para legislar lo que respecta a lo local. En el ámbito subnacional también cabe atender cómo evaluamos los resultados y alcances que han tenido las secretarías ejecutivas de los sistemas estatales, que tienen la responsabilidad de evitar la simulación, realizando propuestas concretas, alcanzables, medibles y sustancialmente sólidas y viables.
Para sumar a la propuesta de reformar, reformular y relanzar los sistemas anticorrupción, vale la pena insistir en algunos puntos que hemos anotado antes en estas mismas páginas: debe analizarse la integración al sistema, más allá de convenios de colaboración, en su articulado institucional, tanto del Instituto Nacional Electoral como el Sistema de Administración Tributaria. De igual forma, es momento de promover el aprovechamiento de la Plataforma Digital Nacional, la herramienta mejor armada del propio SNA, para que, a través de cruces de la información ahí alojada, puedan realizarse investigaciones que permitan identificar y denunciar, actos de corrupción, en lógica colaborativa y corresponsable de sus integrantes, con el objetivo de lograr darle sentido, a través de los resultados, impactos y éxitos, a dicho órgano colegiado.
Finalmente: los datos que, apenas la semana pasada dio a conocer Transparencia Internacional en su reconocido Índice de Percepción de la Corrupción obliga a todos quienes tenemos una responsabilidad en dicha área de la vida pública, a reconsiderar los esfuerzos que se han realizado hasta el día de hoy y a entender que, sin la confianza, credibilidad y respaldo social, toda tarea política está destinada al fracaso. Me parece que este punto también es una oportunidad en el contexto. Tal como lo anotamos hace algunas semanas, la reformulación de la antes Secretaría de la Función Pública en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, parece poner énfasis en la participación, empoderamiento e incidencia ciudadana en la rendición de cuentas, si nos atenemos a las obligaciones de carácter internacional que tiene el Estado mexicano, en las que se reconoce dicho concepto, de buen gobierno, considerando además la buena disposición que la propia Vania Pérez reconoce de la secretaria Raquel Buenrostro.
En conclusión: bienvenida la autocrítica propositiva de la nueva Presidenta Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, aprovechemos el contexto de reformas para relanzar y rediseñar el entramado institucional más ambicioso en materia de rendición de cuentas que hemos conocido en nuestra historia. Pocas oportunidades como ésta, no se la entreguemos a la inmovilización, simulación y resignación.
@CarlosETorres_
