En Zacatecas, el reciente proyecto del viaducto elevado sobre el bulevar Adolfo López Mateos y la calzada Héroes de Chapultepec ha desencadenado un amplio debate. La organización Ciudadanía Participativa de Zacatecas ha presentado un pronunciamiento detallado solicitando la intervención de los legisladores del estado para reconsiderar esta megaconstrucción. A través de su solicitud, la organización expone diversas irregularidades y problemas asociados con el proyecto, que ha generado una creciente oposición entre los habitantes y expertos de la región.
El 28 de junio de 2023, el Periódico Oficial del Gobierno del Estado publicó el decreto para la constitución de un Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago para el viaducto elevado. El gobierno estatal argumenta que esta obra es esencial para mejorar la movilidad vehicular, reducir los tiempos de traslado y garantizar la seguridad en la circulación. Según el decreto, la obra es una prioridad para la administración estatal, que considera vital satisfacer las necesidades sociales de la población zacatecana.
No obstante, el presupuesto aprobado por la 64 Legislatura local para 2024 asignó 820 millones de pesos para inversión pública en obras, pero no especifica que estos fondos estén destinados exclusivamente al viaducto. La asignación se realizó bajo el capítulo 6000 para obras públicas en bienes de dominio público, lo que ha suscitado dudas sobre la legalidad y la justificación de los gastos futuros.
Ciudadanía Participativa de Zacatecas destaca varias irregularidades en el proceso. El decreto para el fideicomiso se emitió antes de la aprobación del presupuesto para 2024, lo que, según la organización, infringe el Artículo 52 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que prohíbe la adquisición de obligaciones futuras sin la debida autorización. La falta de una autorización explícita para adquirir deuda o comprometer fondos futuros también contraviene el Artículo 132 de la misma ley, que exige que los montos de los contratos plurianuales sean aprobados previamente y reflejados en el presupuesto.
Adicionalmente, el 12 de enero de 2024 se dio a conocer el acta de fallo para la adjudicación de la obra a la empresa «Calzada Construcciones S.A. de C.V.» en asociación con «Construcciones y Dragados del Sureste S.A. de C.V.», por un monto total de $3,652,536,580. La organización señala que la adjudicación se realizó con un desfase significativo entre la autorización del presupuesto y la obligación de pago, lo que exacerba las dudas sobre la viabilidad financiera del proyecto.
El pronunciamiento de Ciudadanía Participativa de Zacatecas también resalta las preocupaciones sociales y económicas asociadas con el viaducto. Citando que tres exgobernadores del estado han solicitado públicamente la reconsideración del proyecto, argumentan que los recursos destinados a la construcción podrían ser mejor invertidos en resolver problemas sociales más urgentes, como la pobreza y la falta de infraestructura básica. El pronunciamiento critica la inversión masiva en una sola obra mientras se descuida la atención a necesidades apremiantes como la seguridad, el apoyo al campo y la rehabilitación de escuelas y hospitales.
Entre las preocupaciones específicas se incluyen el riesgo de pérdida del estatus de Patrimonio Mundial para el Centro Histórico de Zacatecas, la posible división social y territorial que el viaducto podría provocar, y los impactos negativos en la calidad de vida de los residentes y comerciantes afectados. Además, se señala que el costo por kilómetro del viaducto es significativamente más alto en comparación con proyectos similares en otras regiones, lo que plantea dudas sobre la eficiencia y la justificación económica del proyecto.
Ciudadanía Participativa ha solicitado a los legisladores que se pronuncien claramente sobre el proyecto, respondiendo a preguntas específicas sobre su apoyo a la construcción del viaducto, su impacto en la modernidad y desarrollo del estado, y si consideran que el proyecto cumplirá con los principios de justicia social y bienestar colectivo. La organización también cuestiona si la inversión en el viaducto puede justificarse en comparación con la atención a otras necesidades urgentes en el estado.
Manifestando textualmente: “expuestas esas detalladas razones y argumentos, atentamente solicitamos que en lo personal hagan un pronunciamiento puntual y sin ambigüedades”.
Se busca que sus respuestas sean publicadas conforme se vayan recibiendo. Una vez que hayan sido entregadas en sus respectivas oficinas, en un plazo de dos semanas, se hará saber a la sociedad zacatecana quiénes dieron respuesta y quiénes no tuvieron a bien atender el llamado.
