El fin de semana se realizó una jornada nacional de protesta bajo la convocatoria de un Luto Nacional, tras la dolorosa y escandalosa localización del campo de retención, entrenamiento y asesinato de personas en Teuchitlán, Jalisco. Este caso evidenció las redes de complicidad, omisión y simulación que conectan a las instituciones del Estado y las organizaciones de la delincuencia organizada. Durante años las familias buscadoras han denunciado que existe una práctica de reclutamiento forzado de personas y, consecuentemente, espacios/lugares donde son torturadas, entrenadas y adiestradas para la guerra. La respuesta de las Fiscalías, Comisiones de Búsqueda y las entidades responsables siempre ha sido la búsqueda simulada, la permisividad de un fenómeno sobre el cual se saben responsables y que tiene implicaciones bajo el marco del derecho internacional de los derechos humanos.
Teuchitlán es una manifestación extrema del horror. No sólo por lo allí encontrado y lo que evidencia de las entrañas de la podredumbre de las instituciones, sino porque, como escribió Rossana Reguillo, Teuchitlán no es un caso aislado ni es una anomalía, dentro de un sistema que vive de la guerra, la desechabilidad de los cuerpos y la juventud marginalizada. A través de fotografías y videos, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco mostró al mundo lo que el Estado y las redes criminales quieren ocultar. Aún no conocemos la verdadera dimensión de lo encontrado. El reclutamiento forzado no es la única causa de la desaparición, pero si reactiva las alarmas de una crisis que día a día crece. Lo que tenemos claro es que en un país donde hay más de 123.000 personas desaparecidas, sin tener en cuenta los miles de casos que no son denunciados, nos encontramos ante un sistema criminal que se replica con escalofriante éxito. Los estados donde hay más denuncias de personas desaparecidas según la CNB son Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Ciudad de México, Sonora, Guerrero, Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Coahuila, Guanajuato y Puebla.
La condición intersticial de la persona desaparecida, de la que no podemos certificar su muerte, pero tampoco su paradero y situación, coloca en la mayor fragilidad a sus familiares. La incertidumbre y el recuerdo obsesivo se convierten en una tortura diaria. Para imaginar el terror de la incertidumbre que genera la desaparición de una persona, pensemos que miles de familias viven con el recuerdo de las prendas de vestir que tenían sus familiares cuando dejaron de saber de ellos. Una marca frágil de memoria que se resguarda como sagrada con la esperanza de poder localizar a los suyos. Esas marcas de memoria se reactivaron cuando se hicieron públicas las imágenes de prendas ubicadas en el predio de Teuchitlán, y con gran pericia y experiencia los colectivos de todo el país las circularon para que sus pares dolientes pudieran encontrar indicios sobre sus hijos, hijas, hermanos, hermanas.
En el marco de esta crisis nacional, en Zacatecas los colectivos de víctimas han obligado a las instituciones a moverse un poco de su confortable inoperatividad. Sólo basta recordar que entre el 2021 y 2024 hemos vivido los peores años en materia de desaparición en el estado, y que según el tamaño de la población presenciamos una de las realidades más intensas de desaparición, especialmente en lo corrido del mandato de David Monreal. Las autoridades informan inversiones millonarias para la búsqueda de personas, pero hasta ahora parece más una estrategia de desgaste de las víctimas y comunicación estratégica, pues los resultados siguen siendo cuestionables. Por un lado, las búsquedas no tienen grandes localizaciones comparadas con el número de acciones que dicen realizar. Según un informe de Data Cívica, del total de personas denunciadas como desaparecidas o no localizadas en México, Zacatecas es el séptimo estado con el mayor indicador de personas que mantienen estatus de “no localizadas”, es decir, un total del 56% de las denuncias nunca son localizadas (sólo después de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Michoacán). Por otro lado, las familias movilizadas en colectivos manifiestan constantemente en medios públicos su inconformidad con las tareas de búsqueda, pues si bien se las ha integrado a acciones en terreno los resultados, dicen ellas, son muy insuficientes. Todo esto recordando que hace más de tres años que en el estado no existe Consejo Estatal Ciudadano como mandata la Ley Estatal, el cual pueda participar dentro de las políticas estatales en materia de desaparición. ¿Temor a la rendición de cuentas?
En México hay muchos Teuchitlán. Casos similares en Tamaulipas, Coahuila, Veracruz o Guanajuato muestran que es una realidad extendida en todo el país. Hoy la indignación creció como una ola que no se pudo detener por el dolor que genera pensar en una madre escarbando la tierra para encontrar a sus hijos, y por la potencia viral de las redes que nos escupen esa realidad en nuestras pantallas, por más que prefiramos la anestesia de la indiferencia. Es imprescindible que, a diferencia de las olas, esa indignación no pierda fuerza, en México hay muchas y muchos quienes entregan su vida diaria para revertir la violencia e impunidad. Es urgente un compromiso cívico constante que insista que la guerra no es normal. Que no es normal la desechabilidad de la vida de los y las jóvenes. Que no es normal que las instituciones sean engranajes de impunidad y criminalidad. Las víctimas que se movilizan en el espacio público y que confrontan a las autoridades recuerdan que tienen derecho a no vivir con esa tortura, que sus seres queridos tienen derecho a ser buscados y localizados, que el Estado fracasa cuando en todo su territorio desaparecen a sus ciudadanos con total impunidad. “Nunca Más Teuchitlán” sólo será posible si también podemos hacer que Nunca Más haya indiferencia.
