Pronto a terminar el 2024 es necesario realizar un breve balance sobre el fenómeno de la desaparición de personas en Zacatecas. Como se ha señalado en diversos espacios, desde el 2021 este estado ha sido epicentro de la crisis en México, no sólo porque experimentó un aumento dramático de incidencia de este crimen atroz, con las tasas de desaparición por cien mil habitantes más altas del país, sino también porque a raíz de esto la resistencia y lucha pública de las familias por la memoria y la justicia ha sido muy visible. Si bien el discurso oficial ha impuesto por decreto la narrativa de “la paz” en Zacatecas, estigmatizando y perfilando a quienes se han atrevido a cuestionarlo, es importante hacernos una pregunta ¿es posible hablar de paz cuando las desapariciones continúan en niveles históricos?
Como han señalado los cientos de colectivos de víctimas, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la academia y la propia ONU, una característica de la desaparición de personas es que se ha constituido como “el crimen perfecto” en el contexto de violencias generalizadas y violaciones de derechos humanos que crece día con día en México. Lo anterior por las propias características de esta violencia que tiene como uno de sus fines el ocultamiento, la instalación de un estado de incertidumbre y temor en los familiares y amigos de las víctimas directas, así como la garantía de repetibilidad ante la impunidad total. En México la desaparición generalizada de personas aumentó tras la implementación de políticas de militarización, que vinieron de la mano con fragmentaciones en las disputas armadas por el control de poblaciones y territorios a lo largo y ancho del mapa nacional. Como consecuencia, esta forma de violencia ha tenido diferentes ciclos a nivel estatal pero un común denominador: el desinterés o ineficacia para atender a las víctimas por parte del Estado.
Antes de hablar de los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (RNPDNO), hay que hacer dos advertencias. Por un lado, más allá de los intentos de las autoridades por desacreditar el registro, lo cierto es que hasta ahora es el único reconocido por la Ley Federal, es más, es un registro alimentado por las Comisiones Locales de Búsqueda y las Fiscalías. Por otro lado, además de los manejos opacos y sin la participación de las familias, también es claro que este es sólo un subregistro, pues muchos casos de desaparición no se denuncian por miedo, amenazas, dolor, falta de información, desconfianza en las autoridades, entre otras. En tres años que llevamos tejiendo en el espacio público con las familias movilizadas, no hay jornada en que no se acerque una persona con un caso de un familiar desaparecido que no ha sido denunciado formalmente.
Dicho esto, lo que nos indica la información oficial en Zacatecas es que la desaparición de personas crece sin control desde el año 2019. Según el RNPDNO en el estado hay un acumulado de por lo menos 3.828 personas con estatus de desaparecidas o no localizadas. De estas, 1.778 corresponden a lo corrido del sexenio del gobernador David Monreal (21 de septiembre 2021-16 de diciembre 2024), es decir, el 46% de los casos históricos se han presentado en poco más de tres años, mientras las autoridades alardean de “la paz”. En este sentido, el peor año histórico en la materia ha sido el 2023 con un total de 648 personas que mantienen el estatus de desaparecidas, y en lo corrido de este 2024 ya se registran 626 casos, es decir, al cerrar el mes posiblemente igualaremos el registro histórico oficial. La mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 15 y 30 años, y lo que también es alarmante, para el caso de las mujeres el 2024 ha sido el peor año, sumando más de 140 casos de mujeres desaparecidas (el más alto había sido 2021 con 103).
Fuente: elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda
En el Gráfico 1 observamos los 12 municipios con mayor incidencia de desaparición de personas durante el 2024, junto con un comparativo de los dos años previos. Nos encontramos que hay tendencias muy graves. Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas y Jerez, han aumentado la incidencia de desapariciones de manera constante, a pesar de las promesas de atención a las víctimas y de pacificación. En casos como Cuauhtémoc se dispararon las denuncias de desaparición, mientras que en municipios como Pinos, Calera, Villanueva las mismas aumentaron casi el doble con relación a los indicadores del 2021. Todo esto nos debe recordar que, si Zacatecas tuvo en 2023 una tasa de desaparición de personas por cien mil habitantes de casi 40, la más alta del país, este 2024 cerrará con una similar. Para tener una dimensión de esta crisis, México tuvo una tasa de homicidios por cien mil habitantes durante el 2023 de 23.3, considerado este indicador como uno de un país en guerra y conflicto; ahora pensemos que en el caso de las desapariciones en este territorio de poco más de 1.600.000 habitantes esta tasa es de casi el doble. El horror.
Con este muy breve panorama, la pregunta que planteamos parece tener fácil respuesta. No podemos hablar de “paz” cuando como nunca desaparecen a los jóvenes y se mantiene la impunidad. No podemos hablar de paz cuando una violencia tan atroz se generaliza.
Si bien en esta columna me referí a los indicadores agregados, no debemos olvidar que las cifras son desmovilizadoras y normalizadoras. Que una apuesta ética por la justicia y la verdad debe partir del nombrar, enunciar y recordar. Por eso para cerrar recordemos a Jorge Alberto, Emilio, Jorge Valentín, Gerardo, José Nicanor, Edith, Norma Sezlith, Cristian, Sergio, Briana Yadileth, Luis Antonio, Claudia, Raúl, y miles más a quienes sus madres y familias buscan. Sus familias están convencidas de que a pesar de las trabas institucionales todos y todas tenemos derecho a la justicia. Por ellas y por ellos no podemos aceptar una “paz” con miles de desaparecidos.
#HastaEncontrarles