Cumplir los derechos humanos en Zacatecas, si se toma en serio, pasa por orientar toda la política pública con ese enfoque. Y hacer de los Derechos Humanos una política de Estado significa establecer un nuevo criterio para la elaboración de programas de gobierno, de agendas legislativas y de formas de implementación de los proyectos de desarrollo en la entidad; y además poner ese criterio explícitamente en la ley. Significa ni más ni menos, que se deberá elegir a la equidad por sobre la eficiencia de mercado en la planeación de la economía, porque el enfoque de derechos se contrapone a la mercantilización de los mismos: la educación, la salud, el agua, la justicia, etcétera, (si son derechos) no pueden ser mercancías. Así las cosas, por ejemplo, la iniciativa para la ley de agua en Zacatecas, donde pretenden privatizar el servicio, no pasaría el tamiz del criterio de los derechos humanos. En otras palabras, el Enfoque de Derechos Humanos es contra-neoliberal; más radical aún que el llamado enfoque de Desarrollo Humano, promovido por el PNUD. Porque el neoliberalismo, desde su ética de origen, es enemigo de la humanidad y del planeta.
Para hacer un programa efectivo de Derechos Humanos en el estado, se requiere crear un organismo que permita transformar toda la política pública con ese enfoque. Y asentar que hablar de Derechos, es referirse a dos grandes grupos: los derechos civiles y políticos (DCP), y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Además, aceptar el principio de integralidad (no hay jerarquía entre ellos); y el de interdependencia (al violar uno se violan los demás). Con estos supuestos, se deben resolver cuatro cosas: (1) un listado específico de derechos, (2) un diseño para elaborar un diagnóstico, (3) los tiempos para todos los procesos y (4) los sujetos responsables de cada etapa del proceso. Y eso lleva tiempo. Lo cual significa que nada puede estar listo para el próximo diciembre. Me da la impresión que los organizadores en la Secretaría de Gobierno, quieren un resultado rápido, pero efímero. Por ejemplo, pretender que el diagnóstico se integre a partir de algunos foros regionales y una encuesta, es enunciar que no habrá realmente diagnóstico, y mandar todo a la basura. Si fuera en serio el diagnóstico, primero se establece en forma consensada con las OSC y la academia una matriz de indicadores, sometiendo a escrutinio cada uno de ellos hasta alcanzar el acuerdo deseado. Lo cual significa que el fruto de los foros deberá ser una agenda de trabajo debidamente planeada de, por lo menos, un año. Pero si salen con que para diciembre tendrán el diagnóstico y antes de salir de vacaciones presentarán el programa, significa que el llamado a construir dicho programa es una vacilada más de este gobierno.
Se deberá contemplar un órgano que evalúe la política pública que se lleva a cabo en la entidad bajo la línea normativa de los derechos humanos. Para ello, podemos pensar en un Consejo Zacatecano de Evaluación y Capacitación de la Política en Derechos Humanos (CoZECPDH). Constituido por un equipo técnico enviado o comisionado por las siguientes instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil: CEDHZ, UAZ, Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo y OSC. Dotado de autonomía y con presupuesto propio. Deberá publicar sus vitrinas metodológicas con las cuales hará la evaluación de las políticas en su relación al cumplimiento de la integralidad de los DDHH en el estado. Las recomendaciones de mejora de la política que emita este Consejo, se deben convertir en condiciones para la asignación de presupuesto a ciertos programas y proyectos. El producto del Consejo (informe anual de evaluación y propuestas de mejora) se deberá tener para el periodo de glosa del informe del ejecutivo, para que las comisiones legislativas tengan insumos para proponer correcciones a las políticas y se acerquen más a las metas del cumplimiento de los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales.
Para todo el trabajo de preparación y capacitación de este proceso, se deberá contar con acuerdos de apoyo técnico con los organismos que trabajan el tema con mayor seriedad en el país: PRODH, Universidad Iberoamericana, Colegio de México, la Comisión de derechos humanos del DF y, por supuesto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y a la preparación de capital humano que llevará dicho proceso, sí invertirle recursos, y dejar de gastar en obras y eventos superfluos.
Sin embargo, mi hipótesis es que este gobierno está simulando y no hará las cosas en serio. No tengo una sola razón para pensar lo contrario. Más allá de los organizadores a los que sí se les nota interés en el tema, la política del gobierno de Alonso Reyes los ahogará a ellos mismos. Pero queda el espacio de las organizaciones de la sociedad civil y académicos que pueden retomar el objetivo del tema y aprovechar la coyuntura del el año que viene. Sin embargo también, sería maravilloso estar equivocado. ■
