En septiembre de 2021, el entonces Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma en materia eléctrica a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el fin de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que ésta produzca y tenga un despacho del 54% de la electricidad consumida en el país y las empresas privadas lo hicieran en el 46% restante, la cual tenía como propósito derogar la reforma eléctrica 2013 de Peña Nieto que favorecía a los privados, quienes en tan solo ocho años se apoderaron del 62 % de la generación de energía, mientras la CFE participaba solo con un 38%. Antes de esa reforma, la CFE producía el 64% de la energía y el 36% restante lo hacían los privados.
La reforma propuesta no significaba nacionalizar ninguna empresa ni estatizar la industria eléctrica, ni limitar la inversión privada en el sector, los privados podrían seguir haciendo negocios con ganancias razonables; significaba poner orden, arribar a un nuevo sistema eléctrico mexicano, en el cual el Estado recuperara la conducción del Sistema Eléctrico Nacional a través de la CFE, la cual se convirtiera en un organismo de Estado, responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración para que se garantizara la seguridad energética, como condición necesaria de la seguridad nacional; restableciendo un sistema eléctrico comprometido con el pueblo de México que asegurara el abastecimiento de energía eléctrica a toda la población y para las actividades económicas a precios más bajos, que protegiera la economía de las familias y garantizara el derecho humano a la vida digna.
La reforma tenía como propósito revertir disposiciones de la reforma eléctrica de 2013 que favoreció deliberadamente a las empresas privadas en la generación de energía eléctrica que concentraba en sus cuatro modalidades el 62% de la generación de energía eléctrica con despacho prioritario, recuperación de inversión, subsidios y financiamiento a tasas preferenciales, mientras la CFE al no tener prioridad en el despacho de sus centrales eléctricas solo participa con el 38% de la generación de energía eléctrica, a pesar de que tiene una capacidad instalada del 54%. Ante esta situación, la Reforma Eléctrica propuesta por el ex presidente López Obrador establecía a la electricidad como área estratégica a cargo del Estado.
No obstante, a estas bondades, las y los diputados de oposición bajo la presión de Claudio X González, representante de los grandes intereses de monopolios privados nacionales y extranjeros votaron en contra, por lo que la Reforma Eléctrica fue rechazada al no alcanzar la mayoría calificada (dos terceras partes de los votos). A pesar de ello, la CFE inició su fortalecimiento en la generación de energía eléctrica con la reforma a Ley de la Industria Eléctrica aprobada en marzo de 2021; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defensora de los grandes capitales y no de los intereses del pueblo invalida la reforma, dándole la razón a las grandes empresas privadas bajo el argumento de que la reforma vulnera los principios de competencia y desarrollo sustentable.
Con todos estos antecedentes las reformas aprobadas este 10 de octubre en la Cámara de Diputados a los artículos 25,27 y 28 de la Constitución en materia de áreas y empresas estratégicas (electricidad, litio e internet) son un acontecimiento importante para la soberanía energética y para el fortalecimiento de la industria de telecomunicaciones en el país, al otorgar certidumbre jurídica y económica, con un ambiente propicio para la inversión pública y privada, protegiendo a la vez las áreas estratégicas de la nación a cargo del Estado. Estas modificaciones también son un avance significativo en la transición hacia energías limpias, promoviendo un medio ambiente más sustentable y sostenible.
Las reformas comienzan con modificar la naturaleza jurídica de las Empresas Productivas del Estado por Empresas Públicas del Estado (artículo 25), lo cual fortalecerá a la CFE al eliminar las desventajas frente a las empresas privadas, ya que la reforma de 2013 limitaba a la CFE en la generación de electricidad. Con la actual reforma se permite la participación de las empresas privadas en las actividades de la industria eléctrica distintas a la transmisión y distribución, pero en ningún caso tendrá prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad al servicio público de electricidad, lo que beneficia el acceso y abasto de la electricidad a las familias mexicanas con tarifas justas. Asimismo, se dispone que en la transmisión y distribución de la energía eléctrica y en el litio no se otorgarán concesiones (artículo 27).
Con estas reformas, el Estado recupera la planeación y la rectoría del Sistema Eléctrico Nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y la autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca. Asimismo, se declara la conexión a internet como un área estratégica para una mayor cobertura y accesibilidad en todo el país. El internet que provea el Estado a través de CFE Telecomunicaciones será sin fines de lucro para garantizar el acceso en todos los rincones del país, especialmente en carreteras, plazas públicas, escuelas, hospitales y en regiones y comunidades marginadas. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza en las áreas estratégicas como el litio, el servicio de internet que provea el Estado y las actividades que realicen las empresas públicas del Estado (artículo 28).
Con la aprobación de estas reformas impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum se recupera el espíritu de la reforma eléctrica propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021, regresa a la Constitución la electricidad como área estratégica y se incorpora al litio y al internet.
*Diputado Federal por el Tercer Distrito Electoral de Zacatecas.
