La semana pasada iniciamos una serie de colaboraciones orientadas al análisis sobre sí es posible o no la reducción de las violencias; y sí lo es, ¿qué podemos hacer?; sobre todo, ¿cómo lo podemos lograr?, sabemos que no son enchiladas cuando entendemos que la violencia enmaraña sus ramas con el contexto social, político, urbano, económico y cultural, afectando a las personas cuando [se instrumentaliza] “el uso intencional de la fuerza física o poder, ya sea en forma de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como resultado heridas, muerte, daños psicológicos, problemas psicológicos y deprivación”(OMS, 2017) además de las altas tasas de desigualdad social que existen en contextos como América Latina; no obstante, algunas latitudes han logrado reducir la violencia ¿en qué radica el éxito de aquellas experiencias que han logrado reducirla? Para entrar en materia y empezar la reflexión, es necesario aclarar, estimada y estimado lector, que el hilo conductor de estas reflexiones se sustenta en las ponencias de expertos presentadas en la cumbre Safe & Just communities, que mencionamos la semana pasada y en la que enfatizamos sobre las características de las experiencias exitosas. Queda claro entonces que si es posible la reducción de la violencia; pero es necesaria la participación del Estado a través de sus instituciones de seguridad y de justicia, la participación de la ciudadanía, de la academia, de los medios de comunicación y de los centros de autoridad moral; se lee tan fácil y sencillo que nos preguntamos por qué no lo ha hecho el gobierno; pues bien, el atorón, al menos uno de los tantos atorones, se encuentra en las burocracias/instituciones de seguridad pública y de justicia, y no porque sean malos y no quieran sino por la inexistencia de una política pública para las y los servidores públicos de seguridad pública y justicia.
En las últimas tres administraciones locales: Miguel Alonso (2010-2016); Alejandro Tello (2016-2021); David Monreal (2021-); se han llevado a cabo paros de labores de policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En este periodo han estado al frente siete secretarios, de los cuales cuatro llegaron de la milicia y dos de formarse como policías en la extinta PFP; sin embargo, no nos había tocado ver un paro de labores de las y los servidores públicos de la Fiscalía, no dudo y en poco tiempo veamos también algo similar en el poder judicial. ¿Por qué se suscitan estos paros de labores en estas agencias gubernamentales?, existen varias interpretaciones, entre ellas la política, la social, la legal y la laboral. En estas líneas me avocaré a abordar este fenómeno institucional desde la perspectiva poco mencionada, la que parte de los principios y conceptos de política pública, aprovechando las clases del Dr. Rafael Martínez Puón, y la Dra. Elizabeth Pérez-Chiques experta y experto en capital humano del CIDE.
Hablar sobre el capital humano en agencias de seguridad y justicia del Estado, es referirnos a las y los servidores públicos en cuyas manos están el diseño, la implementación, la atención y la evaluación de acciones de política pública tan importantes como la prevención del delito, combate a la delincuencia, acceso a la justicia y atención a las víctimas del delito; son entonces, servidorxs publicxs indispensables y sumamente trascendentales para salva guardar el orden y preservar la paz, son lxs más importantes porque quienes laboran ahí tienen la experiencia, las habilidades y el potencial, en ocasiones poco valoradas.
El actual Fiscal General del estado de Zacatecas, Francisco Murillo junto con su equipo de trabajo y todxs los servidorxs públicxs de esta institución lograron resultados nunca vistos, como ejemplo están las evaluaciones llevadas a cabo por The World Justice Project con respecto al Estado de Derecho y México Evalúa, prestigiado Tink Tank mexicano. Esto habla de que cuando se quiere hacer caminar a la administración pública se puede. El problema no está aquí. Revisando las leyes sobre el Servicio profesional de carrera, nos percatamos que el estado de Zacatecas es una de las entidades que cuenta con el marco jurídico, que no es cosa menor, sobre esta materia. Lo mencionamos, porque muchas de las veces lxs funcionarixs se excusan de que no existe ley que permita hacer cierta o cual cosa, al final del día esto es básico en la administración pública se puede o no hacer sí y solo sí está en la ley. Dicha ley sienta un precedente importante porque ni el gobernador del estado, ni la Fiscalía, ni la SSP, ni la Secretaría de Finanzas mucho menos el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública tienen excusa de implementar cuanto antes la política pública de capital humano de Seguridad Pública, Fiscalía y Justicia; para ello, es necesario en primer lugar, desarrollar una estrategia de gestión de capital humano, a largo plazo en donde se contemplen ascensos, premios, estímulos, formación y capacitación especializada; pero sobre todo buenos sueldos y trato digno, teniendo en cuenta que este proceso comienza con un análisis realista de las prácticas formales e informales de la administración de recursos humanos en este tipo de organizaciones, esto permitirá identificar los valores que prevalecen, oportunidades, y establecer metas alcanzables.
@armandogn_zac
