A principios del presente siglo, cuatro gobernadores que llegaron al cargo postulados principalmente por el PRD, se reunieron para acordar una política común para orientar sus relaciones con el Poder Ejecutivo federal, encabezado por el panista Vicente Fox; posteriormente, los gobernadores priístas se sumaron y juntos acordaron denominar a sus reuniones Conferencia de gobernadores, y años después se integraron los mandatarios estatales panistas y, con el tiempo, todos acordaron darle un carácter permanente a la Conferencia Nacional de Gobernadores, con todo y las dudas sobre su constitucionalidad por asumir funciones del Senado de la República. A la fecha la Conago no tiene existencia constitucional y sus reuniones y asuntos tratados siguen siendo discresionales. Las reuniones de la Conago con los presidentes de la República se han celebrado con cierta frecuencia (la próxima está convocada para el próximo miércoles 19) y han venido fungiendo como espacio para el diálogo respetuoso y la búsqueda de consensos sobre distintos asuntos, como la política de salud en estos tiempos de Covid-19. Hasta ahora, a nadie se le ha ocurrido modificar la Constitución para que la Conago sea un poder formal de la República.
Hace unos días, los gobernadores de Aguascalientes (PAN), Coahuila (PRI), Colima (PAN), Chihuahua (PAN), Durango (PAN), Guanajuato (PAN), Jalisco (MC), Michoacán (Michoacan PRD), Nuevo León (Independiente) y Tamaulipas (PAN) bajo la denominación de Alianza Federalista, publicaron un escrito donde manifiestan que sus propósitos son: expresar su inconformidad sobre el trato que reciben de la Federación, fortalecer el diálogo, la búsqueda de un nuevo federalismo más justo. Un pronunciamiento como el señalado llama la atención porque precisamente varios gobernadores de la Alianza se han distinguido por diferenciarse, en las palabras y en los hechos, de la política del Gobierno Federal contra la pandemia de la Covid-19, llegando al extremo de organizar campañas para presionar al presidente a que modifique su equipo de trabajo y estrategia, no obstante que ambos han sido avalados reiteradamente por la Organización Mundial de la Salud. Al parecer, su idea del federalismo supone que el mandato del Presidente de la República no lo autoriza a aplicar su política antiepidémica en los territorios estatales. Parece que no entienden el concepto de concurrencia. Además, está por verse si sus respectivos partidos coinciden en el contenido que ellos suponen para conceptos tan importantes como poco discutidos.
Asimismo, los gobernadores aliancistas se quejan de que llevan más de cinco meses afrontando la pandemia y el desplome de sus economías sin más recursos que los propios y asumiendo todos los riesgos. No toman en cuenta que las instituciones de salud federales (IMSS, ISSSTE) emplazadas en todo el territorio nacional, abandonadas por décadas por los gobiernos neoliberales, están funcionando con cargas de trabajo crecientes, requiriendo ingentes cantidades de recursos, y que varios de ellos decidieron no participar en el esfuerzo de lograr las capacidades necesarias para garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos mediante el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).
Lo que parece más fuera de lugar han sido las exigencias que han formulado algunos de los aliancistas de que el presidente se reuna con ellos antes de la reunión de la Conago, con el propósito de discutir esos mismos asuntos, llegando a amenazar con no asistir a la reunión del miércoles si no se atendía su exigencia. Parece verdaderamente desmesurado que dejen de lado que el asunto del federalismo y la nueva fiscalidad no solo les interesa a ellos, sino al resto de gobernadores y, sobre todo, al Congreso de la Unión. Será necesario realizar una gran convención representativa de estados y municipios, así como de los poderes de la unión para hacer un profundo diagnóstico del federalismo realmente existente en México, y construir un gran consenso sobre el tema. Sería muy importante aprovechar la próxima campaña electoral para que la población en su conjunto se informe sobre el tema, y para que los partidos políticos confronten sus análisis y propuestas. Como se ve, la intención manifestada por menos de una decena de gobernadores, no deja de ser producto de una sobrevaloración de su representatividad. Ojalá pronto pongan los pies en el piso.
