Al debate que se está desarrollando respecto a la propuesta de reforma judicial, me parece adecuado que debe considerarse la perspectiva de los desafíos que tiene hoy el Estado mexicano en la materia (justicia) y que seguramente tendrán una evolución que les sumará complejidad, lo que implicará tomarlos en cuenta en dicha discusión. Me interesa comentar cuando menos cuatro en este sentido.
El primer escenario que puede cobrar complejidad es el del clima de inseguridad por el que atraviesa el país; se ha estudiado el impacto que los cambios administrativos y políticos en transiciones gubernamentales tiene para las organizaciones criminales, que, aprovechan el ambiente de inestabilidad que ocasiona el tránsito entre gobiernos, derivado de los cambios de mandos, tomadores de decisiones y las modificaciones a las políticas en materia de seguridad en general. En este sentido, aun cuando el gobierno de la virtual presidenta ha dejado clara su intención de encabezar un gobierno de continuidad en la mayoría de las políticas implementadas por el gobierno actual, también lo es que, uno de los temas que más expectativa generó, respecto a cambios o matices en dichas políticas, fue justamente el de la política de seguridad, inclusive tomando como punto de partida el nombramiento del ya anunciado próximo secretario de seguridad y protección ciudadana a nivel federal. En este mismo sentido, habrá que estar pendientes de la evolución que tengan las organizaciones del crimen organizado respecto a su fuerza y distribución territorial, siguiendo la dinámica del cambio de prioridades, objetivos y estrategias desde el gobierno federal y los estatales que tendrán cambios en sus gubernaturas.
En tercer lugar, no debe obviarse la alta probabilidad de que, en los Estados Unidos, el próximo noviembre, gane la elección la fórmula que encabeza Donald Trump y su ya seleccionado compañero de ticket como vicepresidente. Lo que a su vez implicará un incremento en la dosis de presión política, ya no solo en términos diplomáticos, que la próxima administración, al parecer republicana, ejercerá sobre México y sus instituciones para gestionar con la problemática, no solo de seguridad, sino también en el ámbito más amplio de justicia. En este sentido el riesgo (y tentación) de caer en un ambiente de populismo penal será alto, tanto por la presión externa como por la demanda social de resultados. Es en este contexto en el que cobra aún mayor relevancia el rol sustancial del Poder Judicial y su función de garante de la justicia, para lo que debe gozar de la suficiente capacidad técnica, pero también, del margen, autonomía e independencia en sus determinaciones. Lo anterior para que dicho Poder evite que el país entero se consuma en una crisis en la que se comentan graves injusticias que destruirán vidas y generaciones enteras, ello con el afán de presentar culpables (presuntos); el peligro de ser víctima de esta situación, lamentablemente y según lo demuestran las cifras actuales, es aún mayor para los más vulnerables.
Finalmente, está el contexto global de competencia comercial entre China y los Estados Unidos, la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, en el que seguro impactará la reforma y las garantías de seguridad jurídica que ofrezca el Estado mexicano para la inversión y la participación en su mercado.
@CarlosETorres_
