El edificio del Súper ISSSTE, adquirido por el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) por un monto total de 46.6 millones de pesos (incluidos intereses), permanece en el abandono y sin uso definido, pese a que su compra fue presentada como una inversión estratégica para beneficio del gremio docente.
El inmueble, que se pagará a 12 años, fue anunciado por la dirigencia sindical como un espacio que albergaría asambleas, un gimnasio, áreas recreativas y consultorios médicos. Sin embargo, a casi un año de la compra, docentes como Rolando Alvarado y Alberto Vélez han señalado falta de transparencia en la operación, lo que ha derivado en protestas y una denuncia penal por presunta administración fraudulenta en contra de la secretaria general del sindicato, Jenny González Arenas, quien ya fue vinculada a proceso.
Abandono y deterioro
Pese a que el edificio ha sido utilizado en contadas ocasiones para realizar asambleas, actualmente no presenta signos de adecuación, mantenimiento ni uso regular. En una visita reciente realizada por este medio, se constató la falta de personal, limpieza y trabajos de remodelación. Desde el exterior se aprecian goteras, pintas, suciedad y signos evidentes de deterioro.
Un guardia de seguridad de la guardería del ISSSTE, ubicada junto al inmueble, relató que la presencia de ratas, cucarachas y otras plagas ha sido constante desde que dejó de operar el Súper ISSSTE. Señaló que durante los escasos eventos realizados en el lugar, la basura no se retira adecuadamente, lo que agrava la situación.
La defensa de la dirigencia
El 25 de septiembre de 2024, Jenny González Arenas afirmó en entrevista con La Jornada Zacatecas que la compra del inmueble se realizó conforme a la legalidad, a través de una licitación pública, y con recursos provenientes de cuotas sindicales y aportaciones, no de la Fundación para Mejorar la Vida de Docentes UAZ, A.C. Sostuvo que el objetivo era dotar al sindicato de un patrimonio propio, ya que sus oficinas actuales se encuentran en un edificio en comodato.
Según el proyecto presentado por el Comité Ejecutivo, el edificio funcionaría como sede alterna del sindicato y espacio para actividades de salud y esparcimiento. No obstante, a casi un año de la adquisición, no se han realizado adecuaciones visibles, y el inmueble luce más deteriorado que al momento de su compra.
La denuncia penal
El 3 de abril de 2025 se presentó una denuncia penal por presunta administración fraudulenta, registrada bajo la causa SIF: 959/2025. La acusación se formalizó pocos días antes de que González Arenas solicitara licencia al cargo para postularse como candidata a la rectoría de la UAZ, lo que generó acusaciones de persecución política por parte de sus simpatizantes.
Los denunciantes, integrantes de las Delegaciones Sindicales Democráticas, acusan a González Arenas de haber adquirido el inmueble por 32.7 millones de pesos (sin intereses) mediante un préstamo de la Fundación para Mejorar la Vida de Docentes UAZ, A.C., con una tasa preferencial del 3%, significativamente menor a la habitual (12-13%). También denuncian que no se informó a la base sindical ni se sometió la operación a votación en asamblea, lo que contraviene los estatutos.
La jueza Esmeralda Castro Dávila determinó que existió “engaño” al ocultar detalles sobre el monto, plazo y condiciones del crédito. Los académicos Rolando Alvarado Flores, Alberto Vélez, Juan Manuel Hernández Dávila y Claudia Serafina Berumen Félix también denunciaron la imposición de una cuota del 1% del salario docente para mantenimiento y remodelación del inmueble, sin rendición de cuentas ni mejoras visibles.
Defensa jurídica y contexto electoral
La defensa legal de González Arenas, encabezada por el abogado Federico Soto Acosta, argumentó que no hubo daño patrimonial, ya que el préstamo fue autorizado conforme a las facultades legales de la Fundación y sin adeudos pendientes. Añadió que, durante la gestión de González, el patrimonio de la Fundación creció de 778.8 a 900 millones de pesos.
No obstante, el 17 de mayo de 2025, González Arenas fue vinculada a proceso por el delito de administración fraudulenta. Se le impusieron medidas cautelares que le prohíben acercarse a los denunciantes o manejar fondos sindicales, aunque puede seguir desempeñando funciones sindicales. La Fiscalía General de Justicia del Estado tiene hasta el 17 de agosto para concluir la investigación.
El caso se da en el marco de una profunda crisis institucional en la UAZ, marcada por el proceso electoral que enfrentó a González Arenas, entonces candidata a la rectoría, con Ángel Román, quien resultó electo. La elección también estuvo marcada por el antecedente de Rubén Ibarra Reyes, exrector de la UAZ, quien fue condenado por abuso sexual agravado contra una menor de edad, aunque enfrenta su sentencia en libertad condicional.
