“Es del conocimiento público que Rubén Ibarra Reyes, rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, fue acusado de violación equiparada agravada contra una menor de edad. Hoy luego de una audiencia inicial particularmente larga −extrañamente larga−, se informa a la sociedad que fue arropado por una red de compadrazgos, silencios y privilegios; y gracias a que el delito fue reclasificado (como abuso sexual) llevará el proceso legal en libertad”, lamentaron colectivas feministas en su manifestación ayer frente a Rectoría.
Señalaron que Ibarra Reyes es ahora un “violador confeso que debería de estar preso”, por lo que exigieron que el Consejo Universitario proceda inmediatamente con la destitución y rescisión contractual del rector, así como su inhabilitación.
El llamado también fue dirigido a las autoridades recientemente electas, incluyendo a Perla Trejo, quien habría testificado a favor del rector en su audiencia y fue designada como próxima secretaria general de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) en el marco de medidas de acción afirmativa y paridad de género que fueron ampliamente publicitadas.
Advirtieron que, en la mayoría de los casos, cuando surge una acusación o una víctima de un delito sexual, existen otras agresiones encubiertas y víctimas detrás.
Convocaron entonces a superar estereotipos, prejuicios y formas de alienación que facilitan la protección de agresores y profundizan la revictimización de niñas y mujeres, ejemplificando esto con los comentarios en redes sociales que intentan criminalizar a los padres de la víctima y trivializan −o se mofan− de su búsqueda de justicia.
A las víctimas y víctimas indirectas les reiteraron que “No están solas”.
La abogada y activista Cristela Trejo denunció que todos los casos de acoso y hostigamiento sexual que han acompañado dentro de la BUAZ han terminado en procedimientos abreviados, dado el profundo desgaste institucional y emocional que se inflige sobre las víctimas.
Explicó que la revictimización comienza en las propias unidades académicas, donde se les desacredita, se les empuja a conciliar o se les ignora, mientras docentes, directores y autoridades invocan derechos laborales para no actuar contra agresores identificados con nombre y apellido.
“Sepan, señores agresores, en Psicología, Preparatorias, Letras, Filosofía, Historia, Químicas, en Medicina, en todas las áreas de la Salud (…) que no vamos a permitir que las compañeras universitarias vivan las violencias en su proceso de enseñanza-aprendizaje, todos los días, durante toda su formación. Estamos hartas”, advirtió la abogada.
En un comunicado dirigido a las autoridades de la BUAZ, al rector electo Ángel Román Gutiérrez y a la sociedad zacatecana, un grupo de 37 docentes-investigadores de la universidad pidió que se revise el cargo que ocupa la docente Perla María Trejo Ortiz en la administración central y el cargo para el que fue electa recientemente.
“De ninguna manera puede representar a las y los universitarios una persona que atestiguó a favor de un agresor sexual que a las pocas horas se declara culpable del delito que se le imputó. La actuación de la citada Dra. Trejo Ortiz para la víctima menor de edad, fue de una carencia total de empatía, respeto y ayuda, de hecho, pues a las niñas y niños se les cree, o se les criminaliza.
“Con toda nuestra indignación, impotencia, tristeza, desaliento, desesperación y coraje firmamos, porque el tener autoridades que violan o personas que encubren delitos no es ‘arte, ciencia o desarrollo cultural’”, enfatizaron.
Además, los universitarios firmantes acusaron a la Fiscalía de actuar con “ceguera de género, ética y legalidad”. Subrayaron que el delito de abuso sexual es “una violación grave a los derechos de la niñez” y un problema lacerante en el país.
Por parte del Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria se rechazó el intento de reducir el caso del rector Rubén Ibarra a un asunto de vida privada.
Mantener a una persona que ha aceptado responsabilidad penal por abuso sexual en funciones dentro de la Universidad −advirtieron− rompe con los principios que garantizan espacios seguros y el respeto a los derechos humanos en la vida universitaria, además de evidenciar una red de complicidades y pactos que bloquea los mecanismos de justicia interna.
En ese contexto, exigieron al Consejo Universitario la destitución inmediata del rector, la apertura de procesos administrativos para la rescisión contractual por causa grave, y el cumplimiento efectivo de la Declaratoria de Cero Tolerancia a la Violencia, lo que incluye expulsar de la institución a todo funcionario o docente vinculado a proceso por delitos sexuales.
A este llamado se sumaron grupos de la sociedad civil, organizaciones feministas y colectivos universitarios como el alumnado de la Maestría en Ciencias Sociales de la UACS-UAZ, quienes condenaron “el mecanismo político de impunidad con que fue beneficiado Rubén Ibarra Reyes”.
La Red Feminismos y Desarrollo de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo (UAED-UAZ), se solicitó al H. Consejo Universitario que aplique los artículos 17, fracción IV y 20 de la Ley Orgánica de la BUAZ, para proceder con la destitución inmediata del rector.
Con base en el artículo 35, fracciones IV a VII del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), instaron al Consejo General del SNII a aplicar las sanciones correspondientes contra Rubén Ibarra por incurrir en conductas contrarias a la ética profesional y académica.
A la 65 Legislatura, le exigieron la creación y puesta en marcha del Registro Estatal de Agresores Sexuales, y a la Fiscalía General del Estado (FGJEZ), que Ibarra Reyes sea inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Sexual.
La diputada Isadora Santiváñez Ríos urgió a proteger a las infancias y cerrar las puertas a la impunidad, exhortando al Poder Legislativo a aprobar la iniciativa que presentó para aumentar las penas por abuso sexual infantil con hasta 13 años de prisión y eliminar los beneficios preliberacionales, entre ellos el procedimiento abreviado, como el que permitió que Rubén Ibarra enfrente su proceso en libertad.
