Ante la sentencia que se le dictó a Rubén Ibarra Reyes, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), por declararse culpable de abuso sexual agravado, académicos y estudiantes exigieron su destitución en ese cargo y su rescisión laboral de la institución.
Este viernes, alumnos de la Unidad Académica de Letras (UAL) tomaron las instalaciones de este centro con esta exigencia, mientras que estudiantes de otras unidades académicas emitieron pronunciamientos dirigidos al Consejo Universitario.
Gema Mercado Sánchez, investigadora de la Unidad Académica de Matemáticas, afirmó que “la UAZ no se puede exentar de lo que sus integrantes realizan. Más si son representantes institucionales. No hay vida personal que se pueda separar de la Institución”.
Señaló que en la BUAZ ha habido y hay víctimas del abuso de poder y en muchos casos hay impunidad total para los agresores “en esta cultura política, donde muchos parecen pasarse de listos procurando intereses personalísimos, acomodando familiares, plazas, ascensos, negocios y más, donde sí caben todos los privilegios, resguardados baja la maña cínica del acuerdo político, apostando al perdón y al olvido de las víctimas, de todas las edades. Y de todas las épocas”.
“Hay complicidades e intereses
simulados; vistas indiferentes
a las víctimas. Justo por la
mediación horrorosa de algunos
de sus actores más poderosos”.
Desde su perspectiva, “no hay casos aislados y pulcritud en el resto. Hay complicidades e intereses simulados; vistas indiferentes a las víctimas. Justo por la mediación horrorosa de algunos de sus actores más poderosos”.
Contrario al discurso de autoridades de la universidad, Mercado Sánchez aseguró que un representante institucional no puede tener asuntos personales desligados de la universidad porque su poder, y el correspondiente abuso, deviene de su representatividad institucional, “menos si su impunidad y la mirada indiferente y criminal a las víctimas ha sido negociada con puestos, plazas, y reacomodos en posiciones de poder inminentes”.
Por tanto, señaló que es urgente la destitución y la renuncia de cualquier universitario que haya obtenido privilegios a cambio de abandonar a las víctimas y exigió a las autoridades que se “sacudan de toda complicidad criminal”.
Por su parte, Sonia Viramontes Cabrera, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato de Personal Académico (SPAUAZ), coincidió en que el hecho de que el rector abusara sexualmente de una pequeña no es un tema personal como se ha expresado
“Guardar silencio ante un acontecimiento tan lamentable no tiene lugar en un espíritu ético, como docente universitaria quiero manifestar mi rabia contra las formas tan enfermas de proceder, y contra el sistema judicial que encuentra recovecos y estrategias para esquivar los castigos más graves ante acciones tan aterradoras”, expresó.
Asu vez, Francisco Valerio Quintero, académico jubilado, señaló que el delito existió y su autor es un delincuente, por lo cual “un delincuente no debe continuar al frente de la Máxima Casa de Estudios del Estado, pues carece de autoridad moral para ello”.
También indicó que el sentido de la sentencia es un tema importante porque el gobernador se queja de que los jueces liberan a los delincuentes y hasta ahora no ha expresado su opinión sobre este caso.
Por último, cuestionó que la sentencia en contra del rector haya ignorado de manera perversa “el derecho superior del menor, e hizo prevalecer la impunidad superior de los amigos del poder”.
Asimismo, el Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria, se pronunció en contra del discurso promovido de que fue un hecho restringido a la vida y ámbito privado del rector y que no tenía relación con la vida institucional, ya que se trata de un delito de índole sexual con agravantes, de los considerados de alto impacto de acuerdo a la Política de Persecución Penal por la gravedad, la alta incidencia y recaer en la esfera social con una percepción de inseguridad y vulneración por la desprotección del Estado.
Por tanto, exigieron que se convoque inmediatamente al Consejo Universitario y aplique la Ley Orgánica; aperture el proceso correspondiente para destituir del cargo de rector a Rubén de Jesús Ibarra Reyes, así como el proceso administrativo bilateral correspondiente para la rescisión contractual por causas particularmente graves.
También exigió que se inicien los procesos administrativos correspondientes, se rescindan contractualmente a los generadores de violencia que fueron vinculados a proceso y beneficiados con suspensión condicional de la pena por delitos de atentados a la intimidad, abuso y hostigamiento sexual, entre ellos, Hugo N, José N y René N; o cualquier otro que se encuentre en conocimiento de la Defensoría Universitaria, Coordinación de Igualdad, Oficina del Abogado General o Tribunal Universitario.
En el sector estudiantil, los alumnos de la Unidad Académica de Letras tomaron este centro para exigir la rescisión laboral del rector, al igual que un grupo de estudiantes del doctorado en Estudios Contemporáneos.
Estos últimos manifestaron su exigencia de “solicitar la inmediata destitución de su puesto de dirección al prenombrado personaje, así como rescindir la relación laboral que mantiene con nuestra máxima casa de estudios”.
“Nuestra Universidad debe
enviar a la sociedad un claro
mensaje de cero tolerancia
ante cualquier abuso en
contra de nuestras niñas y niños”
Agregan que “esta exigencia es en el entendido de que nuestra Universidad debe enviar a la sociedad un claro mensaje de cero tolerancia ante cualquier abuso en contra de nuestras niñas y niños. El que haya sido encontrado culpable deja en claro que es indigno para esta noble institución el mantener relación alguna con dicho personaje”.
Por último, alumnos de la Maestría en Ciencias Sociales se sumaron a la demanda de que el rector sea destituido de su cargo y que no se le reinstale como docente de la universidad, además de que expresaron su repudio a cualquier forma de violencia estructural, especialmente aquella que vulnera los derechos de las infancias.
