En un hecho inédito, la iniciativa de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial está suscrita por los tres poderes del estado, y luego de presentarla oficialmente y con la presencia del gobernador, el magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Arturo Nahle García, la remitió al Poder Legislativo donde tanto el presidente de la Comisión de Justicia, así como el de la Comisión Jurisdiccional, firmaron el documento.
Encabezados por el presidente de la Mesa Directiva, Enrique Laviada Cirerol, quien preside además la comisión Jurisdiccional; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Xerardo Ramírez Muñoz; la presidenta del Órgano de Administración y Finanzas, Priscila Benítez Sánchez y el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Mendoza Maldonado, integrantes de la llamada “Nueva Mayoría” luego de la conformación de las nuevas comisiones, la 64 Legislatura recibió la iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial.
En el acto, Arturo Nahle García explicó que la actual Ley Orgánica del Poder Judicial es obsoleta y son incontables las lagunas jurídicas de esta herramienta que simplemente ya no funciona. Por ello, añadió, urge transformarla a fin de lograr adecuarla a los profundos cambios que ha vivido el sistema de justicia en los últimos 20 años.
En ese sentido, consideró además como extraordinario que la iniciativa sea suscrita por los tres poderes, ya que ello da un mensaje positivo a la ciudadanía, pues la división de poderes, aseguró, no es divorcio ni confrontación, sino colaboración, coordinación y respeto.
Por su parte, el perredista Juan Mendoza Maldonado aseguró que la propuesta que se hace va a fortalecer a los órganos internos del Poder Judicial y dará certeza laboral a su base trabajadora mediante el sistema de carrera judicial, sin dejar de lado que los cambios estructurales que traerá consigo se enmarcan en la aplicación de un nuevo sistema de administración de justicia.
Tras haber revisado en un primer momento el proyecto de ley, dijo, se encuentran bondades como el poner candados para evitar actos de corrupción y nepotismo. De la misma manera, la diputada Gabriela Basurto Ávila reconoció los beneficios que pretende aportar esta norma, la cual calificó de imperante, por lo que además aseguró que será una prioridad para el Legislativo el someterla a su análisis y discusión.
