En la primera página de “La Jornada Zacatecas” del 11 de marzo de 2015 aparece la fotografía de un aspecto de la marcha a la que convocó el Spauaz el martes 10. Caminaron por las calles docentes, estudiantes, otros sindicatos y, quizás, simples ciudadanos interesados. Al pie de página se menciona que el objetivo de la marcha era lograr una redistribución del presupuesto estatal para que la UAZ se allegara de recursos frescos que le permitieran pagar la seguridad social de sus miembros durante 2015. Esto es cierto, pero la marcha, y el movimiento de huelga del Spauaz deben ser leídos desde una óptica más ambiciosa, porque esa marcha prefigura una historia de la UAZ que tome en cuenta a las víctimas de su proceso de desarrollo y complejice a los victimarios. Según establece el actual Rector de la UAZ, en correspondencia con el Spauaz, desde 2005 no se han pagado ni ISSSTE ni Fovissste de los universitarios. ¿La razón? El financiamiento de un crecimiento de la Universidad que no siguió los criterios que impone el Gobierno Federal, sino que respondió a las ideas de ciertos grupos de universitarios que ni siquiera se tomaron la molestia de simular que consultaron al Consejo Universitario. Con esas ideas se puede estar de acuerdo o no, el hecho es que fueron impuestas el conjunto de la universidad y se llevaron a cabo. En ese proceso se sometió a las voces disidentes, se acalló la crítica y se urdió una desgracia que involucró el saber, ver y aprender de todos los universitarios, lo que implicó introducir nuevas maneras de vivir, imaginar y experimentar la Universidad. Maneras que perpetuaban, en cada acto, la violencia implícita en un crecimiento que se realizó mediante el despojo, pero ante las que nadie decía nada porque o no las veía o no quería verlas. Nuestra desgracia surge del fallo en nuestra capacidad de autocrítica promovido y sancionado por los que han ocupado los cargos más altos de la Universidad. Sin embargo, crecer fuera de los parámetros del Gobierno Federal es un proceso muy precario que en cualquier momento se puede derrumbar; como ya se aprecia cada vez que se propone cerrar escuelas y recortar trabajadores para resolver los problemas de déficit. Por tanto, así como los universitarios de a pie fueron víctimas de las conspiraciones de grupos antidemocráticos, los líderes de esos grupos cayeron víctimas de sus limitaciones cognitivas y estructurales: hicieron más grande la universidad robando, pero eso que hicieron en cualquier momento puede caer. Robaron por nada. Toda la parafernalia que mantiene los cabos atados y a la gente en silencio se debilita durante la huelga, y aparece como esa necesidad de obtenerlo todo de un golpe, porque las promesas de los líderes ya no son creíbles, y se sospecha que pasada la huelga de nuevo nos cubrirá a todos los universitarios un velo de silencio y el Spauaz desaparecerá de la escena para discretamente administrar a conveniencias grupales los logros de todos los universitarios. La huelga es el momento para articular el profundo descontento que sienten los universitarios hacia la administración central, la administración de las unidades académicas, la política rastrera y retrograda de grupos que carecen de interés por el saber y vuelven a la Universidad el medio de enriquecerse. De todo eso y de la violencia con la que nos quieren cerrar los ojos es que estamos hartos.
La fotografía de la marcha muestra a los contingentes caminando junto a uno de los poderes del Estado: el Congreso. Signo inequívoco de la aspiración a otro tipo de relación con el Estado, una que no sea de desdén. En los últimos años, con el régimen del PRI, los apoyos hacia la Universidad se han mantenido dentro de los límites legales: el magro presupuesto se otorga a tiempo y que con ello se haga lo que se pueda. La marcha vindica que más apoyos son posibles, y rememora los tiempos cuando el gobierno de Amalia García era generoso hacia la Universidad. Si la relación de los académicos con la Rectoría es de despojo, y si la relación de la Universidad con el Estado es de desdén, la marcha y la huelga aspiran a lograr articular relaciones de otra índole, en las que no haya una violencia constitutiva que las enmarque. El presupuesto estatal raquítico es una de esas leyes que mantienen el desdén hacia la Universidad; la burocracia universitaria empedernida en sus altos salarios y en el hurto de la seguridad social de los docentes es otra. Por un momento la huelga permite discutir esas leyes y hace que surjan las propuestas obvias: incremento al subsidio estatal, reducción de los sueldos de los funcionarios, reducción de los funcionarios, combate a la corrupción, transparencia en todos los ámbitos y un mayor compromiso con la docencia, la investigación y la extensión. Pero tales propuestas apuntan hacia un ámbito mayor que el sindical, porque involucran una profunda discusión de la organización universitaria y sus relaciones con el Estado. Algo que puede tener lugar en un Congreso General Universitario. O, como hasta hoy, en el limbo. ■
