Por qué las propuestas de solución a la crisis de la UAZ son reiterativas e inútiles? Si analizamos la propuesta que hizo la Delegación de la Unidad de Economía, aparecida en la página 5 del diario La Jornada el día 8 de diciembre de 2015, no encontraremos nada nuevo. Se reitera que la UAZ debe exigir subsidio suficiente para sus funciones, que se aplique la cláusula 48, que se forme un fideicomiso para hacer frente a las obligaciones hacia los jubilados y pensionados, que se reduzca el salario de funcionarios y otras tantas en la misma línea, que la mayoría de los que conocen la problemática han hecho en un momento u otro. Lo que acontece con estas propuestas, y otras que llaman al desmantelamiento de los grupos políticos, es que descontextualizan la situación de la UAZ y dejan de lado una de las causas principales que impiden la reconfiguración institucional. De hecho no se dan cuenta que son dos los problemas serios de la universidad y que uno de ellos ya está resuelto en el largo plazo –aunque en ese largo plazo todos estaremos muertos-. La causa principal de los problemas universitarios es la debilidad institucional de la UAZ. Si entendemos una institución como un conjunto de normas formales -i. e. sancionadas por una autoridad- e informales -i. e. de uso consuetudinario- de tipo procedimental que se encuentran empotradas en la estructura organizativa y que definen un conjunto de conductas humanas posibles, entonces la debilidad institucional consiste en la incapacidad de esas normas de definir la conducta humana deseable en la organización, en nuestro caso, en la UAZ.
La debilidad institucional indica que hay grupos de “rentistas” que disponen del presupuesto para sus fines particulares y que con su influencia en los miembros de la UAZ logran imponer sus agendas e impedir que se apliquen las normas formalmente expresadas en la Ley Orgánica. Entre esos grupos está el grupo de los jubilados y pensionados, que carece de respaldo financiero por parte de los gobiernos federal o estatal para el ejercicio de sus pensiones y jubilaciones, pero que disponen del contrato colectivo como medio de amparar ese ejercicio. Sin embargo, el problema con ellos está resuelto en el largo plazo porque el contrato establece que únicamente podrán tener ese tipo de jubilación, o pensión, los que ingresaron a la UAZ hasta el año de 1991. Entretanto no hay, y no habrá, presupuesto ordinario para ellos. Podemos ver que el problema de las jubilaciones aparece como resultado de un arreglo institucional que se manejó mal desde el principio porque no se tuvo el cuidado de darle viabilidad financiera. Con el ingreso al ISSSTE en 1991 ese problema se resuelve de manera tersa para los agremiados al Spauaz, pero no se le dota a la UAZ de los fondos para sostener los pagos que de todos modos debe hacer. El otro problema es el resultado de dos causas concurrentes plenamente claras. Por un lado, la descapitalización debido a la ausencia de fondos para pensiones y jubilaciones, y por el otro, el manejo claramente clientelar de la UAZ por parte de los grupos políticos. El asunto aquí es delicado, porque un manejo de ese estilo afecta todos los niveles de decisión e involucra a toda la universidad porque se requiere de manipular los procesos de contratación, becas, años sabáticos, reducir enormemente el gasto en infraestructura y prestaciones, tener disponibilidad de efectivo para movilizar a la gente, y esto a su vez involucra una toma de decisiones centralizada en pocas personas, lo que implica la desactivación de los órganos colegiados.
En fin, es de ahí de donde surge el problema grave de debilidad institucional, porque la universidad se quiere manejar como un partido político y eso es descabellado. Pero, dado que así se ha manejado, no es extraño que nada funcione como establecen las normas y que la vida institucional de la UAZ se vea reducida al clima que generan sus grupos políticos. Es ingenuo, por tanto, querer omitir del escenario a los grupos políticos, porque son ellos los que configuran el escenario. Vemos entonces que la UAZ requiere de una profunda transformación, pero que los actores que podrían llevarla a cabo son los menos interesados en realizarla porque se afectarían sus intereses. Por poner un ejemplo: ¿importa a los directores que se sugiera que deben ser reducidos los salarios de los funcionarios, ellos incluidos, cuando son ellos los que deben tomar la decisión desde el Consejo Universitario?. Es obvio que no tomaran esa decisión, y que por tanto esas propuestas son fútiles en el arreglo institucional que se ha dado la UAZ. Por ende el panorama es más complejo de lo que las coyunturales campañas electorales quieren sacar a relucir, o de lo que los candidatos pueden prometer. Lo que se necesita es un cambio mayor que altere no tanto la composición de los grupos como su motivación para actuar y definir la forma de la universidad. Pero los grupos políticos son conservadores a ultranza, en particular los que resultan más beneficiados con el estado de cosas imperante. De ellos podrá venir más de lo mismo, pero no el cambio. ■
