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lunes, 21 abril, 2025
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Democracia constitucional: avanzar en la legitimidad

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Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz •

Aceptemos que, según se ha venido desprendiendo de las campañas electorales, el próximo 2 de junio, nos encontremos ante la definición del modelo democrático que México habrá de implementar en el futuro inmediato. Así lo apuntan los debates que se refieren a reformas respecto al Poder Judicial, los órganos autónomos, e inclusive, la conformación del propio Legislativo. No cabe duda que la revisión del sistema político es necesaria; ni hablar de la oportunidad que ofrece el momento histórico que vivimos frente a fenómenos como la desconfianza en las instituciones o el populismo. No es, sin embargo, retrocediendo o en la inmovilidad como se debiera atender el desafío. Ni el pasado ni la causa del descontento actual, son respuestas a la complejidad.

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Sirva lo anterior para referirme particularmente al debate que se ha generado, tanto con las propuestas conocidas como Plan C como con las recientes reformas a la Ley de Amparo en materia de suspensión. Me enfocaré, específicamente, a la legitimidad, hoy cuestionada, del Poder Judicial y sus integrantes, para invalidar o suspender actos emanados de los otros dos poderes. 

Empecemos por la falacia del argumento, respecto a que el Poder Judicial, en el ejercicio del control de constitucionalidad o convencionalidad, vulneran o van contra la decisión de la mayoría. Es cierto que dichos ejercicios son contramayoritarios a la interpretación de la representación mayoritaria del momento, sin embargo, al pretender hacer que se respete la Constitución, realmente lo que se está haciendo es un ejercicio de atención a una mayoría superior a la mayoría del momento: nos referimos claro, a la mayoría que se requirió para conformar el Constituyente Permanente, que es superior, en número y atribuciones, a la mayoría circunstancial que aprobó y promulgó una Ley, o a la acción o política que se implementó desde el ejercicio de una representación ejecutiva.

En México, y en general, en los regímenes constitucionales conocidos como “rígidos” en los que la reforma constitucional requiere mayorías calificadas, es la voluntad de estas súper mayorías las que defienden los Tribunales Constitucionales, y no mayorías temporales y circunstanciales. Y, aunque no comparto la idea y concepción del “pueblo” como ente homogéneo, susceptible de expresar voluntad inequívoca y de interpretarse a cabalidad, sí a un pueblo nos hemos de referir, será a éste, que, con una mayoría indiscutible, dictó y reformó, en su caso, la Constitución, documento a través del cual pactó su integración, reglas de convivencia y límites a los poderes, en los que, según la propia Constitución, depositó su soberanía originaria.

Todo lo anterior, no objeta, sin embargo, la necesidad de reformar a las instituciones que dan sustancia a lo que ya hemos aquí definido como el modelo de la democracia constitucional, idónea para sociedades modernas, plurales y diversas como la de México, y con especial atención a la rama judicial. Es decir, ni desconocer la capacidad de los tribunales para interpretar, aplicar y garantizar el contenido de la Constitución que delimita el poder (incluido el de las mayorías), ni dejarlo tal y como está. Se requiere que éste, como los órganos constitucionales autónomos, asuman y reconozcan la necesaria legitimidad para el ejercicio de sus funciones en una democracia, y en ello, se reformen, se abran, transparenten y dialoguen con la sociedad a través de herramientas de apertura e incidencia ciudadana.

Instrumentos y figuras las hay muchas. Enunciaré solo dos de ellas: las de la democracia deliberativa (hoy con cierta fama y controvertida) y la justicia abierta, para el caso de los tribunales, o el gobierno abierto, para los órganos autónomos.  Insertar ambas figuras como prácticas en dichas instituciones, bien podría superar la intención de someterlas a las urnas. Propuesta esta última cuyos efectos más que positivos, podrían replicar los que ya conocemos en la representación que los poderes hoy electos nos han traído, según todas las mediciones conocidas, es decir, desconfianza e impopularidad de la democracia representativa.

@CarlosETorres_

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