De todas las Reformas Estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto, la educativa es, de lejos, la mejor evaluada por la sociedad mexicana; ello es así en virtud de la campaña intensiva que el sector privado y los grandes medios de comunicación organizaron con ese propósito, insistiendo hasta el cansancio que el propósito central era elevar significativamente la calidad educativa. Sin embargo, cada día que pasa hace más evidente que lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa disfrazadas. Una norma que no se atreve a plantear con claridad su objetivo: que los maestros pierdan la estabilidad en el empleo como un derecho adquirido y que la amenaza de las evaluaciones con base a exámenes estandarizados domestique a los profesores disidentes.
No obstante que la reforma sostiene que los resultados educativos son producto de múltiples factores y no dependen exclusivamente de los docentes, en el fondo la idea clave es que el avance educativo de los alumnos es responsabilidad única de los maestros. Por eso, pone el acento en los mecanismos de control sobre el magisterio, no en los de su participación en la definición del proyecto educativo ni en su capacitación.
La nueva norma cambió el régimen laboral al que el magisterio ha estado adscrito. En los hechos, los traslada a un régimen especial del artículo tercero constitucional en el que el gobierno asume el control unilateral de las relaciones laborales. Eso implica que deja de lado al sindicato y las condiciones generales de trabajo, anula el principio de bilateralidad y cancela el derecho de inamovilidad de los trabajadores de la educación. En la exposición de motivos de la iniciativa se señala que la modificación busca “establecer a nivel nacional las bases para la creación de un servicio profesional docente que esté integrado por concursos de ingreso para los docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media que imparta el Estado”. A confesión de parte, relevo de prueba: la reforma regula el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, todos ellos asuntos a tratar bilateralmente, hasta antes de la reforma.
Lo que sucederá en México con la reforma es similar a lo que se vive en Estados Unidos. Según el lingüista Noam Chomsky la educación no consiste en pasar exámenes. Se trata de generar o facilitar la capacidad de pensar, de crear, de explorar, de ser creativo. Pero eso no sucede con ese modelo. Por el contrario, se entrena a los niños para que pasen un examen. Y cuando a uno lo entrenan para eso puede pasar la prueba y olvidarlo todo al tercer día. Eso -dice Chomsky- no es educación. Es disciplina. Es ser entrenado para la disciplina, el control y la obediencia. La educación es todo lo contrario a ello. Consiste en ofrecer oportunidades para crear, para preguntar, para explorar, para hacer lo que a uno le parece interesante.
Defender y recuperar los derechos arrebatados es, obvio es decirlo, una prioridad del magisterio nacional, y la mejor manera de hacerlo será explicar a los mexicanos que la calidad educativa y las bondades de las evaluaciones fueron sólo una máscara para esconder la verdadera naturaleza de la reforma impuesta. Y si a ello se agrega la presentación de una verdadera reforma educativa que propicie la participación masiva en la construcción de nuestra sociedad del conocimiento, los maestros recuperarán el prestigio y la estimación que siempre han merecido.
