■ El objetivo, prohibir las técnicas de control que impliquen asfixia o aplastamiento, así como cualquier otra acción que violente la integridad física de quien esté reducido o en custodia
En sesión ordinaria de la 64 Legislatura, el diputado por Morena, Ernesto González Romo, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto en el cual se adiciona el Artículo 195 TER, al Código Penal del Estado de Zacatecas, para castigar al servidor público que detenga a una persona utilizando la asfixia como método de sometimiento y a raíz de esto le cause la muerte, con una pena de 5 a 20 años de prisión y una multa de 200 a 600 UMAS.
Este planteamiento, a decir del legislador, obedece a que en los últimos años se han suscitado una serie de acontecimientos que han tenido impacto en la sociedad, como es el caso de George Floyd, a nivel internacional, y el de Victoria Salazar Arriaza (migrante originaria de El Salvador) a nivel nacional, cuando en marzo pasado fue sometida por la policía en las calles de Tulum provocándole la muerte por asfixia y aplastamiento.
Pero en Zacatecas, recordó el diputado, también se han presentado este tipo de casos, siendo el más representativo el del joven Marcos García, que fue asesinado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas al ser sometido mediante asfixia. “Este caso es emblemático porque además de ser asesinado, fue difamado por el entonces gobernador Alejandro Tello y las autoridades que se organizaron para garantizar que su muerte quedará impune”, dijo desde tribuna González Romo.
“Los anteriores casos evidencian un abuso de autoridad flagrante, llevados a cabo por elementos que tienen el deber de ofrecer seguridad a la ciudadanía y que, con dichos actos, no sólo impactan en la violación de derechos humanos y el correcto ejercicio de su profesión; su dudosa actuación también recae en la imagen de las corporaciones de seguridad y de la impartición de justicia”, señaló el Morenista.
Por tal motivo, presentó la iniciativa que tiene como objeto prohibir las técnicas de control que impliquen asfixia o aplastamiento, así como cualquier otra acción que tenga por objeto violentar la integridad física de quien se encuentre reducido o en custodia, porque se ha identificado que éste es el momento en que se dan dichos abusos y violaciones a los derechos humanos.
