Al conceder una suspensión que impide al Congreso de Nuevo León continuar con el proceso de juicio político contra el gobernador Samuel García, la ministra Estela Ríos González permite que las supuestas irregularidades cometidas por el emecista queden en la impunidad, advirtió el vicecoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar.
La decisión de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que evita la separación del cargo a García Sepúlveda o su inhabilitación, “merece una crítica firme. Es totalmente desafortunada, porque en los hechos le concede un blindaje (a dicho gobernador) frente a las consecuencias más importantes del juicio político”, dijo.
En conferencia, el legislador resaltó que la decisión de Ríos fue tomada aun cuando el máximo tribunal del país no ha estudiado el fondo del caso, no ha determinado que el Congreso de Nuevo León haya actuado ilegalmente, no ha declarado como inconstitucionales las acusaciones contra García, ni tampoco lo ha exonerado de las mismas.
Ramírez Cuéllar recordó que uno de los argumentos de la ministra para conceder la suspensión en favor del mandatario era que de esta forma no se vería afectada la “gobernabilidad” de ese estado, lo cual es “una postura falaz, pues existen los medios institucionales” para que ese elemento no fuera perjudicado.
Al respecto, el morenista lamentó que la jueza local Tania Virginia Neri, de Nuevo León, le haya otorgado un amparo a García para impedir que el Congreso vote si aprueba un juicio político en su contra, mientras se decide el fondo del asunto.
Por todo ello, el vicecoordinador guinda consideró que la actuación tanto de Ríos como Neri debe ser analizada de oficio por el Tribunal de Disciplina Judicial.
“La ministra Ríos manda un mensaje muy delicado: desconoce la institucionalidad que existe en Nuevo León y protege a un gobernador que ha sido sometido a una investigación de la Comisión Anticorrupción” de ese estado.
Tras la polémica, la ministra Ríos aclaró que la medida no detiene el procedimiento en su contra por presunta corrupción, pero sí impide que concluya mientras la SCJN resuelve la controversia constitucional. En redes sociales explicó ayer que el Congreso local puede continuar el proceso, aunque por ahora no podrá emitir una resolución para separarlo del cargo o inhabilitarlo.
La togada sostuvo que la suspensión busca preservar la materia del litigio y evitar un daño irreparable, pues el tiempo que un funcionario de elección popular deje de ejercer el cargo no puede restituirse si después obtiene sentencia favorable.
