La revelación por parte del presidente López Obrador de los presuntos contratos de las empresas de Xóchitl Gálvez con entes públicos y privados por más de mil 400 millones de pesos detonó en un debate sobre la legalidad de la filtración por parte de AMLO y también del conflicto de intereses que significa que la hoy aspirante a la candidatura presidencial del PRI-PAN-PRD se asigne obras a su propia empresa cuya razón social es Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes S.A. de C.V., entre otras.
Para el académico y director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, Marco Antonio Torres Inguanzo, la competencia electoral debe tener principios y a través de las redes sociales expresó que “Muchos obradoristas son como monárquicos de closet. Les repele la república: los límites al poder de los gobernantes”.
Además mencionó que “Resta que de los 1400 millones de facturación de la señora Xóchitl, son sólo 76 con el sector público. En 9 años. Esas empresas facturaron 155 millones por año entre privados y 8 millones por año con gobiernos. Esas cifras son normales en esas empresas. Entonces ahí no se ve ningún problema. Pero donde sí hay problema es en el uso del Estado para destruir a un rival político y, además, mintiendo. Andrés mintió en su mañanera: dijo que los 1400 eran con gobiernos. Es un problema legal y un problema moral. Se ha convertido en aquello que criticó”, y concluyó, “Así no se hacen las cosas”.
Por otro lado, Simón Levy, académico de la UNAM y autor del libro Crecer sin Deuda, opinó en sentido contrario y agregó al debate sobre los contratos de la senadora Xóchitl Gálvez que “No hay ningún problema con hacer negocios. No hay razón alguna para no desear ganar dinero. No hay absoluto problema con vender tecnología. El enorme problema es que todo eso lo hagas traficando influencias, permisos y desde un puesto público”, y añadió, “Seas chana o seas juana.” Para Levy, el problema no es ser empresario o emprendedor, sino querer ser empresario DESDE el gobierno.
