Mientras el oficialismo representado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se envuelve en la bandera de la soberanía, el país es territorio de disputas criminales, y esto, agudiza el problema de la inseguridad en México, evidenciando el fracaso de la 4T.
Comentaremos por ahora lo que ocurre solo en tres Estados.,
SINALOA
El 29 del pasado abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través del Fiscal en el Distrito Sur de Nueva York, envío al gobierno mexicano una solicitud para que, con carácter urgente, procediera a la detención con fines de extradición de 10 funcionarios y ex funcionarios sinaloenses, todos morenistas a quienes acusa de delitos sumamente grave: de estar involucrado con el narcotráfico, con el cártel de Sinaloa y delincuencia organizada. Entre los funcionarios se encuentra el Gobernador (ahora con licencia), Rubén Rocha Moya; el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el actual Senador y ex Secretario General Enrique Inzunza Cázarez; el ex Secretario de Finanzas Enrique Díaz Vega; el vice Fiscal, Dámaso Castro Zaavedra; los ex jefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el ex Secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; el ex Subdirector Policial, José Antonio Dionisio Hipólito y el Comandante Municipal, Juan Valenzuela Millán.
Desde aquella fecha, Sheinbaum de manera reiterada ha dicho que faltan pruebas: “no estamos de acuerdo, no nos parece que haya una orden de detención vigente contra el gobernador (con licencia) Rubén Rocha Moya y los 9 funcionarios y ex, si no hay pruebas. Por tanto, en estos momentos, la relación con Estados Unidos es muy buena no hay tensión bilateral. Sólo una solicitud de detención con fines de extradición”. Asimismo, el gobierno de México pidió formalmente pruebas que sostengan la necesidad de una detención con carácter urgente con fines de extradición.
La presidenta haciendo caso omiso de la solicitud, ha “desperdiciado” 15 días en un discurso hasta el hartazgo: “NO HAY PRUEBAS.
En este contexto, Estados Unidos ha dicho, aludiendo a la negligencia de Sheinbaum, que si México, no hace su trabajo, ellos lo harán.
A Rocha Moya se le permite lo que el desee. Existen señalamientos recientes, principalmente de organizaciones civiles y medios sobre una iniciativa de ley, presentada por el gobernador con licencia, que buscaría “blindar” la información de su administración, interpretado como un intento de protección ante el escrutinio público.
LA PRESIDENTA SE ENCUENTRA PREOCUPADA, PERO NOI HA LOGRADO PACIFICAR AL ESTADO DE SINALOA.
GUERRERO
Otro Estado gobernado por la morenista Evelyn Salgado, en el que la inseguridad afecta a grandes sectores de la población.
Hace tiempo se ha destacado por la presencia del grupo criminal “los ardillos”. Comunidades de esta entidad, no conocen otra ley que la de quienes están fuera de ella, hasta el punto que Claudia Sheinbaum, ha tenido que optar por abrir diálogo, ante el riesgo de que, al imponer la fuerza del estado, cobre víctimas civiles.
El lunes 11 de del mes actual, la región de Chilapa de Álvarez, Guerrero, vivió una intensificación de violencia, provocada por el asedio de “los ardillos”, contra comunidades indígenas nahuas Ataques con armas largas; drones y explosivos. Su resultado fue un desplazamiento forzado masivo; hallazgos de cuerpos; las casas de cerca de 800 familias, fueron incendiadas, y los habitantes debieron refugiarse en otras comunidades, presos del terror, sin que las autoridades municipales, estatales o federales atiendan ese grave problema.
La Organización Indígena, señaló que sus comunidades fueron ocupadas y quemadas, exigiendo intervención urgente, ante el exterminio de sus pueblos.
Se aprecia en un video, que circuló el martes pasado, a un grupo de mujeres indígenas desplazadas de Chilapa. Una de ellas, hincada dice: “Donald Trump, ayúdanos, manda helicópteros para que nos salven, ya estamos rodeados, queremos apoyo del gobierno de Estados Unidos”. Esa demanda fue con gritos de desesperación, de la mujer de Chilapa en el sexto día de haber abandonado la comunidad junto con cientos de personas, asediadas por los grupos criminales. La petición a Trump fue “porque la presidenta no nos hace caso, ni nos quiere mandar el apoyo, estamos refugiados los pueblos indígenas, los niños están sufriendo, no comemos”.
TABASCO.
También el Estado de Tabasco, tiene un alto índice de inseguridad e impunidad. Siendo gobernador Adán Augusto López Hernández del 1 de enero de 2019, al 26 de agosto de 2021 antes de ser secretario de Gobernación con López Obrador y actual senador morenista, nombró, el 11 de diciembre de 2019 como su jefe de Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana a Hernán Requena Bermúdez, quien encubrió el huachicol de “2 Bocas”, y protegió al grupo criminal “La Barredora”. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido llamado a declarar. Y, continúa con sus funciones como senador.
A Requena Bermúdez, hoy vinculado a proceso, se le señala como líder del grupo criminal “La Barredora”.
La ola de violencia se debe precisamente a la actuación de ese grupo.
Como siempre, la presidenta defiende también esos “personajes” que más que ayudar, evidencian el fracaso de la 4T.
