Existe un relativo consenso respecto a los impactos negativos que tiene la corrupción en el desarrollo sostenible. La propia Organización de las Naciones Unidas los ha identificado y las naciones tienen un compromiso, cada vez más vinculado con acciones coordinadas a nivel global, respecto a esta materia. A su vez, la aparición del concepto de Gobierno Abierto ha permitido un nuevo enfoque, que puede contribuir desde la participación de agentes ajenos al Estado y ampliar con ello, los resultados, efectos e impactos en una batalla tan compleja.
Con el objetivo de ampliar el debate en este sentido, me parece oportuno aportar las siguientes ideas.
El concepto de gobierno abierto parte de la lógica de transparentar las acciones, decisiones, argumentos y políticas de las instituciones públicas, cada vez más en sentido amplio, no limitándolo al Poder Ejecutivo, sino a todo el Estado, es decir, a todas las instituciones que conforman el sector público. Sin transparencia se carece de los insumos informativos necesarios para participar de forma seria, responsable y asertiva, sobre el quehacer institucional, el uso de los recursos públicos y la toma de decisiones desde el poder. Para que hablemos de apertura gubernamental, es indispensable la participación de la sociedad, es decir, de agentes ajenos al Estado, en una lógica de libertad, que permitan aportaciones imparciales, perspectivas con sentido social y demandas legítimas, fuera de la órbita de lo que controlan las instituciones. La participación, con información, permite un proceso de comunicación, deliberación, legitimación y confianza, entre instituciones y personas.
Además, la idea moderna de gobierno abierto tiene como uno de sus elementos fundamentales, el uso de las tecnologías de la información para la innovación y la comunicación de ida y vuelta, entre los actores sociales y los actores gubernamentales. Su uso potencializa las dinámicas de interacción y, con la experiencia de la pandemia en la que aún nos encontramos, ha venido a demostrar su importancia como motor de la actividad pública, sin la necesidad de esfuerzos presenciales.
Sin embargo, cada vez es más importante atender la realidad demográfica de nuestro país y nuestro contexto. Siendo tan extenso, y con las limitantes en cuanto a alcance de tecnología e incluso, vías y medios de comunicación, así como de los instrumentos para el adecuado uso de las tecnologías de la información, en México, debe explorarse siempre, que a la par de ellas, exista un desdoblamiento territorial de las instituciones y asociaciones promotoras de la participación ciudadana, en comunidades y municipios, principalmente de orden rural, pero también en colonias y otras localidades, cuyo enfoque debe estar en incentivar el proceso de acceso a la información y la participación de forma presencial y directa.
Si bien, la lógica de la corrupción cada vez más es un asunto global, involucrar a la ciudadanía en una estrategia de combate a la misma en clave gobierno abierto, debe partir de lo local, y las condiciones que condicionan, no sólo la participación, sino otros conceptos inherentes en esta causa, como lo es, la transparencia, el uso de las tecnologías de la información y los vínculos de confianza necesarios para que, desde esta lógica de la apertura institucional, logremos avanzar en el combate a la corrupción de manera integral y eficaz.
@CarlosETorres_
