Nadie como Marko Cortés aportó al presidente evidencia tan útil de que lo autónomo de muchos órganos que se definen como tal, es ficción.
Para sorpresa de todos, el presidente del Partido Acción Nacional a través de su cuenta de X (Twitter) documentó los dichos del presidente López Obrador y dio credibilidad a las acusaciones de Samuel García, cuando dijo que los prianistas le hicieron peticiones como si fuera Santa Claus para permitir su licencia en la gubernatura de Nuevo León.
Cuando García dijo que daría a conocer la lista de peticiones, generó escepticismo no porque no fueran capaces, sino porque nadie creyó que algo así se atrevieran a pedirlo por escrito. Parece ser que nos equivocamos.
El convenio entre PRI y PAN, firmado con respecto a la elección de Coahuila, ve la luz cuando muchas instituciones son materia de discusión justo por si tienen o no autonomía, pertinencia, y por su actuar como legitimadoras de decisiones benéficas mayoritariamente para unos cuantos.
Cada nombramiento y cada reforma que repercute en ellas, han redundado en la misma discusión: desde el lado oficial, la postura de que es ética y políticamente válido modificar esos organismos en nombre de la legitimidad que dieron las urnas en 2018, reiterada además en el plebiscito de la revocación de mandato, y en los procesos electorales posteriores, e incluso en las encuestas que dan cuenta de la opinión pública en cada tema.
En contraparte, la oposición ha reafirmado siempre que muchas de estas instancias tendrían que ser autónomas, puras, técnicas y neutras, y ha rechazado que lleguen a ellas personajes con cercanía a la cuarta transformación. Ese ha sido el punto de encuentro de ideologías tan diferentes como se supondría tienen PRI, PAN y PRD, con historias e ideas políticas tan distintas.
Sin más proyecto de nación que los articule, hasta ahora la defensa de las instituciones bajo el mantra de que “no se tocan” había sido su consenso más importante, o cuando menos el más exitoso.
Frente a ello, mucho se había debatido pero nada había desarmado más el argumento de la oposición como lo hizo Marko Cortés en apenas un tuit.
El convenio firmado por dirigentes de PRI y PAN para las elecciones de Coahuila, deja claro el reparto de botín, no tanto por las candidaturas en diputaciones y alcaldías, lo cual es normal; ni siquiera por la distribución de espacios en los poderes ejecutivos, aunque resalta que la lucha sea por las que implican dinero, haciendo honor a aquello de que “a mí no me den, pero pónganme donde hay”.
Lo que resulta “inaceptable” y cito con ello a su candidata presidencial, es que en la repartición incluyen notarías, direcciones escolares, el instituto de transparencia y hasta una magistratura en el poder judicial.
La negociación de estos cargos en un pacto electoral desacredita la supuesta defensa a las instituciones, y su autonomía, y debilita de antemano casi cualquier argumento que elabore su candidata presidencial en muchísimos temas en la campaña por venir.
Tienen razón los propios panistas como Damián Zepeda y Javier Lozano cuando cuestionan el nivel de extravío de su dirigente nacional, quien todavía no alcanza a entender por qué tanto escándalo, qué es lo que hizo mal.
Si acaso supone que fue indiscreto, porque algunos le reprochan la difusión y no entender aquella vieja frase de la política que decía: si lo piensas no lo digas, si lo dices no lo escribas, y si lo escribes no lo firmes… a la que habría que agregar si lo firmas, no lo tuitees.
En las dos hojas de ese convenio es notorio que no hay siquiera un renglón dedicado a algo que pueda parecer un proyecto de gobierno. No hay una sola propuesta de ley, una obra pública, directriz, o algo que permita hacer creer que hay un proyecto que une a las partes. Ni siquiera una propuesta de la coalición contraria a la que hagan frente común. Si lo había en otro documento, es intrascendente porque es claro que los unió el botín y eso mismo los divide.
El tuit de Marko Cortés trasciende la coyuntura del conflicto político en Coahuila, al contrario, corona las acusaciones que durante cinco años ha hecho el presidente López Obrador y lo deja sin nada que agregar, porque, a confesión de parte, relevo de pruebas.
