Se llevó a cabo el conversatorio «El proceso psicosocial frente al derecho a decidir», moderado por la psicóloga Eunice Méndez, en el marco de los preparativos para el 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. La discusión proporcionó una visión profunda sobre cómo los factores psicosociales y estructurales afectan la experiencia de las personas gestantes que consideran interrumpir un embarazo.
Méndez comenzó el conversatorio evocando su propio viaje y trayectoria profesional en la psicología aplicada al derecho a decidir. Expuso que el proceso de decisión sobre un embarazo involucra múltiples etapas y desafíos, y que cada una de estas fases está influenciada por factores interseccionales como la etnia, la edad, el nivel educativo y las condiciones socioeconómicas.
Uno de los puntos destacados en la charla fue el análisis del proceso psicosocial desde tres momentos clave: el descubrimiento del embarazo, la decisión de interrumpirlo y las experiencias post-decisión. Méndez recordó un caso personal en el cual una joven estudiante enfrentó un embarazo no planeado sin el apoyo necesario. Este ejemplo sirvió para ilustrar cómo el acceso limitado a redes de apoyo y a información puede agravar la situación para personas jóvenes y en circunstancias vulnerables.
La psicóloga presentó un esquema visual denominado «Círculo de Privilegios», diseñado para ayudar a entender cómo diferentes factores sociales y personales afectan el acceso a los derechos y servicios relacionados con la interrupción del embarazo. El esquema muestra que quienes están más cerca del centro del círculo disfrutan de mayores privilegios y recursos, mientras que aquellos en los márgenes enfrentan barreras significativas. En este contexto, Méndez destacó cómo las personas indígenas, desplazadas por violencia y con múltiples responsabilidades familiares enfrentan una situación especialmente complicada cuando se trata de ejercer el derecho a decidir.
Un aspecto crucial del conversatorio fue la discusión sobre la violencia estructural y cultural que afecta la toma de decisiones. Méndez explicó que, muchas veces, la violencia visible —como la física o sexual – es el resultado de formas más insidiosas de violencia cultural y estructural. Entre estas, mencionó el racismo, el clasismo y las presiones relacionadas con la edad y el género. Además, la psicóloga subrayó cómo estas formas de violencia están arraigadas en instituciones como la familia, la escuela y la iglesia, las cuales perpetúan normas y expectativas que limitan la autonomía y el acceso a derechos de las personas gestantes.
La charla también incluyó una reflexión sobre el impacto de la educación y las expectativas culturales en la vida de las mujeres. Méndez discutió cómo las instituciones educativas pueden influir en la percepción de los cuerpos y las decisiones personales, y cómo el currículo oculto en las escuelas, que incluye desde las lecciones sobre moral hasta los prejuicios implícitos, afecta la salud mental y la capacidad de tomar decisiones informadas.
En cuanto a la salud mental, Méndez planteó que esta se ve afectada por un entorno psicosocial que a menudo impone presiones y estigmas. Las personas con salud mental vulnerable enfrentan desafíos adicionales al momento de decidir sobre la interrupción del embarazo, dado que su capacidad para acceder a recursos y apoyo puede estar severamente comprometida.
El conversatorio concluyó con una discusión sobre cómo la clase social y el acceso a recursos económicos influyen en la experiencia del derecho a decidir. Méndez hizo hincapié en que las personas de clases sociales más bajas suelen enfrentarse a mayores dificultades debido a la falta de recursos y apoyo, lo que a menudo las coloca en una posición desventajosa al intentar ejercer sus derechos.
